Las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) en la Administración del Estado
El Decreto Supremo N° 680 de 1990 del Ministerio del Interior aprobó instrucciones para el establecimiento de Oficinas de Información para el público usuario en la Administración del Estado. En su artículo 1°, se dispone la obligación para los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y los demás servicios públicos a que se refiere el inciso primero del artículo 18 de la Ley N° 18.575, así como las empresas públicas creadas por ley, de establecer oficinas de información para el público usuario en aquellas unidades que deben atenderlo.
El fin de estas oficinas es asistir al ciudadano en su derecho a presentar peticiones, sugerencias o reclamos ante la Administración del Estado a través de las OIRS. La gestión de las OIRS es regulada por la Ley Nº 19.880 de Procedimientos Administrativos.
Actualmente, se informa que, por circunstancias de fuerza mayor referidas al funcionamiento de sistemas internos del Servicio Nacional de Menores, la Plataforma OIRS de dicha institución se encuentra temporalmente deshabilitada desde el día 25 de febrero del presente. Al hacer una solicitud anónima, quienes gestionen su requerimiento no tendrán acceso a sus datos personales, aunque haya ingresado con Clave Única. Esta opción se ofrece por la posibilidad de que exponer determinados hechos presente un riesgo para su seguridad o la de su familia, por lo que se pide usarla responsablemente.
Compromiso del Sename con la Transparencia y Acceso a la Información
En virtud de potenciar el actuar de los servicios públicos en materias de probidad y transparencia, el Servicio Nacional de Menores (Sename) tiene por objetivo reforzar todas las materias relacionadas con esta agenda. Esto incluye, entre otras cosas, dar cumplimiento a la Ley de Transparencia N° 20.285, así como también a la Ley N° 20.730.
El Sename dispone de tres vías formales de acceso a la información basadas en la Ley de Transparencia Nº 20.285, todas en formato escrito. Además, existe un formulario para realizar solicitudes por vía electrónica o en formato material, en caso de querer descargarlo para llevarlo o enviarlo a la OIRS. También hay información sobre los canales o vías formales de ingreso y recepción de solicitudes de acceso a la información y tutoriales sobre el derecho de acceso a la información pública.
Crisis en la Protección de la Infancia: Informes Críticos sobre el Sename
El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que en 2017 investigó 240 hogares de menores.
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores. El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quedó a cargo de una indagatoria que comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI, al cual se le mandató con dedicación exclusiva para investigar las 1.313 muertes ocurridas en los centros del Sename entre 2005 y 2016.
Informe de la PDI revela diversos abusos en todos los centros del Sename | 24 Horas TVN Chile
El Informe Lapidario de la PDI (2017-2018)
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias de las 241 existentes (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas), negándose solo una a recibirlos.
El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. La gravedad del informe radica en que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, ya que el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo, por lo que los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, del área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Deficiencias en Protocolos y Condiciones Operacionales
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, que son nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. Sin embargo, el equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es especialmente grave considerando que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
Además, el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Fallos en la Fiscalización y Atención de Salud
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. Sin embargo, el informe de la policía determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”.
Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales, lo que pone en entredicho el rol del Poder Judicial.
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de la atención de salud es preocupante:
- 42 centros no tienen un encargado de salud.
- De entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario.
- En 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos.
Cadena de Informes y Reacciones Políticas
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI.
Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal.
Tras la denuncia del diputado Saffirio, que reveló la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento, afirmando: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación”.