La movilidad es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico. Sin embargo, para muchas familias, el acceso al transporte público representa una carga financiera desproporcionada que limita sus oportunidades. La pobreza en el transporte, una dimensión a menudo subestimada de la exclusión social, afecta la capacidad de las personas para acceder a la educación, el trabajo y los servicios de salud.
La "doble vulnerabilidad energética" y la accesibilidad
Solo con un transporte público accesible se puede evitar lo que se dio en llamar “doble vulnerabilidad energética”, que afecta a muchas familias de todo el mundo. Son las comunidades más marginadas las que sufren más cada aumento en las tarifas de trenes, buses o servicios de transporte. En muchas zonas rurales, las personas carecen de acceso a redes de transporte público en absoluto, lo que convierte la movilidad en un síntoma de un problema estructural más profundo: la desigualdad territorial.
Optimizar el sector permite conectar a las personas con oportunidades que hoy les son negadas. Por ejemplo, modelos de boletos climáticos, como el implementado en Alemania en 2022, demostraron que reducir los costos no solo ahorra energía y dinero, sino que incentiva el uso del transporte colectivo frente al vehículo privado, permitiendo que un 10% de los viajes en coche fueran reemplazados por el tren.
Desigualdades de género y discapacidad
Los registros oficiales a menudo ocultan las realidades de grupos específicos. En promedio, son las mujeres quienes más dependen del transporte público. Además, tanto mujeres como integrantes de la comunidad LGBTQIA+ se ven obligadas a pagar costos extras para viajar con mayor seguridad.
- Enfoque de género: En India, la implementación de autobuses exclusivos permitió aumentar la movilidad femenina en un 23% en apenas dos semanas.
- Accesibilidad universal: Se estima que existen 1.3 mil millones de personas con alguna discapacidad significativa. Ciudades como Londres y Tokio han avanzado en la renovación de flotas y estaciones para eliminar barreras físicas, aunque todavía queda mucho camino por recorrer para atender a personas con discapacidad visual o auditiva.
Propuesta de un marco para medir la pobreza en el transporte
Debido a la creciente preocupación por los efectos sociales de las reformas energéticas, es fundamental identificar a los grupos vulnerables para aplicar políticas de compensación eficaces. Para ello, se propone un marco inicial basado en microdatos de las Encuestas de Presupuestos Familiares (EPF), que permite monitorear la pobreza en el transporte a través de indicadores clave:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Regla del 10% | Hogares que destinan más del 10% de sus ingresos a la movilidad. |
| Doble de la mediana (2M) | Hogares con un gasto en transporte superior al doble de la mediana nacional. |
| Renta baja y coste elevado (LIHC) | Hogares con renta baja y gastos de transporte por encima de la media. |
| Usuario Vulnerable (VTU) | Medida compuesta que incluye falta de alternativas sostenibles y accesibles. |
Hacia una movilidad socialmente justa
El alza del transporte suele abordarse como un problema técnico, pero es, en realidad, una expresión concreta de desigualdad. Diversas instituciones y expertos coinciden en la necesidad de implementar una "tarifa social" destinada a los sectores más pobres y a adultos mayores. Estas medidas, además de aliviar el presupuesto mensual de las familias, favorecen la reducción de la evasión y promueven beneficios ambientales al desincentivar el uso del automóvil particular.
La transición hacia ciudades más sustentables debe garantizar que nadie se quede atrás. Diseñar políticas situadas, que reconozcan las diferencias entre la capital y las regiones, es el paso necesario para transformar la movilidad en un derecho que garantice la participación plena de todos los ciudadanos en la sociedad.