El Programa de Reparación Histórica (RH) para jubilados y pensionados, aprobado en 2016, ha generado un debate considerable y ha sido objeto de numerosas críticas y análisis desde su implementación. Este programa buscaba dar solución a los haberes mal liquidados y a los juicios iniciados por muchos jubilados a lo largo de los años, con el objetivo de reducir la litigiosidad previsional.
Originalmente, el programa fue aprobado por un término de tres años como parte de la “emergencia previsional”. Sin embargo, ante el vencimiento del plazo para aceptar las ofertas, la ANSeS emitió la resolución 176/2019, publicada en el Boletín Oficial, que establecía que aquellos beneficiarios que no hubiesen rechazado la propuesta podrían continuar con el procedimiento. Para quienes aún no se habían adherido, se habilitó un "canal de interacción personalizada" y se instruyó a la Secretaría Legal y Técnica a elaborar "fórmulas transaccionales sobre supuestos no contemplados" para reducir la litigiosidad. Esto significaba que los jubilados con trámites en curso seguían dentro del programa, y se abría una vía especial para quienes no lo habían aceptado ni rechazado, permitiendo su incorporación posterior.
Aspectos Clave del Programa de Reparación Histórica
El proyecto de ley original, denominado "ley ómnibus" por incluir varias aristas como blanqueo de capitales y devolución de fondos a las provincias, contemplaba puntos clave para la recomposición de los haberes jubilatorios:
- La creación de una pensión universal para quienes no cumplían los requisitos mínimos jubilatorios.
- La actualización de los haberes para quienes tenían juicios contra el Estado.
- La firma de un decreto para corregir los coeficientes utilizados por la ANSeS para actualizar las remuneraciones.
El fin primordial del proyecto era, en teoría, terminar con los juicios por jubilaciones. Según datos gubernamentales presentados en el Congreso, el programa alcanzaría a 2.400.000 jubilados y pensionados, divididos en:
- 60.000 personas con sentencias firmes.
- 380.000 personas en juicio.
- 1.900.000 personas que no habían iniciado juicio.
Es importante destacar que el proyecto no contemplaba modificaciones para todos los jubilados. Quedaban excluidos, por ejemplo, los jubilados provinciales de Cajas no transferidas y los casos de renta vitalicia (jubilados de las ex AFJP) que cobraban menos que la jubilación mínima.
Críticas y Controversias del Programa
A pesar de sus objetivos declarados, el Programa de Reparación Histórica ha sido objeto de fuertes críticas por parte de jubilados, abogados y especialistas en temas previsionales. Una de las principales controversias reside en los índices de actualización utilizados y los recortes aplicados a los montos ofrecidos.
Para quienes tenían sentencia firme, las retroactividades se calculaban con el índice RIPTE (salarios formales), que es inferior al índice ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) determinado por la Corte Suprema en casos como Elliff y Bianco. Esta diferencia en los índices resulta en montos significativamente menores para los jubilados. Entre 1995 y febrero de 2009, el ISBIC tuvo un incremento del 435%, mientras que el RIPTE solo aumentó un 178%. Esta disparidad afecta considerablemente los cálculos de retroactivos y reajustes de haberes, especialmente para quienes se jubilaron a partir de mediados de 2003.
Además, se denunciaron recortes en los montos ofrecidos a los jubilados que aceptaban el acuerdo. Estos recortes podían variar entre el 40% y el 70% en comparación con lo que hubieran cobrado si continuaban con sus juicios o esperaban el pago de sentencias firmes.
- Jubilados con sentencia firme anteriores al 30 de mayo: Se calculaba que el recorte podía ser del 40% respecto al monto judicial, ya que se pagaba el 50% del retroactivo en base al RIPTE y el resto en cuotas trimestrales sin intereses.
- Beneficiarios sin sentencia firme: El recorte podía alcanzar el 70% debido al límite de 4 años de retroactividad y la aplicación de topes.
- Beneficiarios sin reclamos iniciados: Si bien el haber actual podía mejorar entre el 30% y 50% según el RIPTE, seguía siendo un porcentaje menor al que hubieran recibido con el índice anterior.
Otro punto de crítica fue la complejidad de los trámites y la falta de asistencia adecuada. Se señaló que la página web de la ANSeS requería conocimientos técnicos avanzados, haciendo que muchos jubilados dependieran de familiares o se vieran imposibilitados de acceder a sus derechos. La colocación de afiches en la vía pública instando a la asistencia por Internet fue calificada como una "injuria gratuita" y una "fatua soberbia" por parte de quienes consideraban que no todos los jubilados poseían las habilidades digitales necesarias.
La ANSeS también fue acusada de apelar fallos judiciales favorables a los jubilados ante la Corte Suprema, argumentando que el Alto Tribunal no había resuelto definitivamente cuál índice aplicar. Esto generaba demoras adicionales y prolongaba la incertidumbre para miles de jubilados con juicios de larga data.
Financiamiento del Programa y Sostenibilidad del Sistema Previsional
La sostenibilidad financiera del Programa de Reparación Histórica ha sido otro foco de preocupación. Inicialmente, se preveía que los fondos recaudados por el impuesto al blanqueo de capitales se destinarían a la ANSeS a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para atender el programa. Sin embargo, se estimó que estos fondos no serían suficientes para cubrir la totalidad de las obligaciones.
Ante esta situación, surgieron diversas propuestas y debates sobre cómo financiar el programa y, en general, el sistema previsional:
- Venta de activos del FGS: Se planteó la posibilidad de vender acciones y bonos del FGS, lo que podría deprimir sus cotizaciones y generar pérdidas.
- No renovación de préstamos a Provincias: Se consideró la opción de que el FGS no renovara los vencimientos de los préstamos otorgados a las Provincias, medida que generó críticas por parte de los gobernadores.
- Aumento de contribuciones patronales: Una propuesta recurrente, especialmente desde sectores de la oposición y la izquierda, fue la restitución de las contribuciones patronales a los niveles de los años 90 (del 33% al 23.7% actual). Se argumentó que un aumento de estas contribuciones podría generar recursos suficientes para financiar el sistema y otorgar jubilaciones acordes a la canasta básica.
- Impuestos progresivos a grandes empresas: Se sugirió la implementación de impuestos progresivos a las grandes empresas como otra fuente de financiamiento.
Un aspecto crucial del debate fue si la reforma previsional se encaminaba hacia una futura privatización del sistema. Se señaló que el Gobierno pretendía vender las disponibilidades del FGS, generando dudas sobre el futuro de los fondos de los jubilados.
La creación de una comisión para trabajar en el funcionamiento del sistema jubilatorio y elaborar un nuevo proyecto fue también parte de la discusión. Sin embargo, se temía que esta comisión pudiera proponer medidas que restringieran el número de jubilados, elevaran la edad jubilatoria o implicaran recortes adicionales.
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La Realidad de los Juicios y la Litigiosidad Previsional
A pesar de la implementación del Programa de Reparación Histórica, la litigiosidad previsional no disminuyó significativamente. Según datos de la Cámara de la Seguridad Social, el número de juicios iniciados por jubilados y pensionados se mantuvo elevado, con un stock estimado de alrededor de 300.000 juicios pendientes.
Se estima que la gran mayoría de los jubilados que iniciaron juicios no aceptaron el ofrecimiento de la Reparación Histórica. Esto se debió, en gran medida, a que los ofrecimientos eran considerablemente inferiores a los montos que surgían de las demandas o las sentencias judiciales. Se calculaba que, de cada 100 pesos que la ANSeS debía pagar a los jubilados por sus juicios, terminaba abonando solo 25, debido al uso del índice RIPTE y otros recortes.
La situación de los jubilados con sentencias firmes era particularmente delicada. Miles de ellos, con juicios que superaban los 7 años, se encontraban en una encrucijada: aceptar una oferta reducida o continuar esperando el pago de sus sentencias, con la incertidumbre de qué índice se aplicaría finalmente.
El envío de un proyecto de ley para que el Tesoro Nacional se hiciera cargo de los gastos de la Reparación Histórica, en lugar de financiarse con el FGS, fue una medida destinada a aliviar la presión sobre los fondos de la ANSeS. Sin embargo, esto planteaba la pregunta sobre la disponibilidad de recursos en el Tesoro y la sostenibilidad a largo plazo del sistema.
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