La situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido objeto de un intenso escrutinio y preocupación debido a la sistemática violación de los derechos de los niños bajo su tutela y la alarmante correlación entre la permanencia en sus centros y la reincidencia delictual. Informes lapidarios de diversas instituciones, incluyendo la Policía de Investigaciones (PDI), la ONU y la Fundación San Carlos de Maipo, han puesto de manifiesto la profundidad de esta crisis.
Informes y Hallazgos Alarmantes
El Informe de la PDI de 2017: Una Violación Sistemática de Derechos
En 2017, un lapidario informe de la PDI, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
CIPER accedió a este informe de 257 páginas, el cual es un resumen de una extensa investigación de 28 tomos, realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. Emilfork investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette Villa en abril de 2016, un caso que conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia.
Reacciones y Denuncias
El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, expresó a CIPER que es muy difícil que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, no estuviera entre las autoridades informadas por la PDI, y le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado.
Lo grave del informe es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año anterior. Sin embargo, el reporte de la PDI es mucho más completo, ya que el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240 de un total de 241 a nivel nacional. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
La Cadena Siniestra de Reportes
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dio pie a media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas, pero la problemática persiste.
Senado Noticias - "Irregularidades en Informes del Sename"
Detalles de las Vulneraciones Constatadas
Tipos de Maltrato y Abuso
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (el equipo de la PDI) confeccionar un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
Subregistro y Falta de Información
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo. Por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
Ubicación de los Maltratos y Abusos Sexuales
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, totalizando 310 casos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Deficiencias Estructurales y de Protocolos
Deserciones del Sistema
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Incumplimiento de Protocolos Mínimos
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, que son nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. Sin embargo, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”.
Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es particularmente grave, considerando que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Problemas en la Fiscalización
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. El informe de la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Salud Mental y Discapacidad en el Sename
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, y el 13,9% sufre una enfermedad crónica. Un 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
Deficiencias en la Atención Sanitaria
El desglose de esta afirmación es sorprendente: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado.
Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
La Relación entre Sename y la Delincuencia: "Corrompe Más que Sana"
La Fundación San Carlos de Maipo, dedicada a combatir la pobreza y delincuencia desde la infancia, reveló mediante un estudio que el Servicio Nacional de Menores (Sename) es una institución que "corrompe más que sana", y sondeó que la mitad de los reos pasó su infancia o adolescencia en dicha entidad. Marcelo Sánchez, director de la Fundación, señaló que el Sename "cataliza las conductas disruptivas, o sea, corrompe más que sana. En el mejor de los casos, no hace nada". Para él, esto demuestra el "fracaso de las políticas públicas".
Por otra parte, el informe concluyó que de los jóvenes egresados de algún centro por responsabilidad penal juvenil, el 50% reincidirá antes de los 24 meses. En esa misma línea, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, Alicia del Basto, apunta a que en el modelo "los niños abusados y vulnerados están en los mismos centros de los infractores de ley. "Un niño al que sus padres lo han abandonado convive con nombres como el 'Cisarro' y todos esos chicos que han sido de conmoción pública", expresó.
Senado Noticias - "Irregularidades en Informes del Sename"
Estudios de Reincidencia y Trayectorias de Vida
Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta, si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
El último estudio elaborado por el Sename en 2012 para determinar el número de niños que egresaron de protección para ser reingresados al sistema bajo alguna medida de justicia juvenil, indicó que de los 20.111 que ingresaron por estar vulnerados en sus derechos y que egresaron ese año, 1.600 reingresaron al sistema, pero ahora por ser infractores de ley. De ellos, el mayor porcentaje había ingresado a protección inicialmente no por haber delinquido, sino por encontrarse en situación de calle o de trabajo infantil. El 77% de ellos comenzó a desarrollar dentro del sistema conductas que antes no desplegaba.
Según un estudio elaborado por la Universidad de Chile para el Sename, un 39,4 por ciento de los jóvenes infractores reincidió en el delito dentro a un plazo de un año, desde el momento de su detención (medición que registró el seguimiento de los casos ocurridos durante el año 2008). De ellos, la mitad se encuentra en calidad de indigente, y un 48,9 por ciento son considerados "pobres". La falta de escolaridad se refleja en este segmento de la población, ya que sólo el 24 por ciento asiste a algún establecimiento educacional. Los planes de reinserción del Sename han dado tibios resultados, con un nivel de reincidencia que supera el 50 por ciento.
El Caso de Luis Valencia: Un Testimonio de Fracaso Institucional
La historia de Luis Valencia, quien hoy tiene 21 años, ilustra dramáticamente el fracaso del sistema. Pasó dos tercios de su vida bajo los cuidados del Sename, ingresó por protección antes de los cinco años y salió justo antes de los 18, no como un niño vulnerado, sino como un infractor de ley tras ser liberado de un régimen de Internación Provisoria.
Tras la separación de sus padres, Luis fue enviado a un hogar del Sename y derivado a diversas familias guardadoras, pero ninguna pudo contenerlo. Así fue como a los 9 años comenzó su precoz vida delictual robando en supermercados. A los 12, ya recorría las calles de Santiago con pistola en mano. A los 14 lo detuvieron tras robar un millón de pesos en una sucursal de "Sencillito" y fue derivado a un sistema de supervisión de régimen semicerrado. A los 16 años asaltó, junto a su hermano, una joyería y fue enviado a un Centro de Internación Provisoria.
Falta de Tratamiento Especializado y el Problema de la Inimputabilidad
El director Marcelo Sánchez es crítico de la situación: "El sistema está al debe con los niños menores de 14 años. Al año, cerca de 5.000 menores son devueltos por los tribunales a sus familias por ser inimputables. Muchos ni siquiera son pasados por tribunales. Esto principalmente porque para ellos no hay una oferta técnica especializada, como sí la hay para los mayores de 14 con la terapia multisistémica".
Lo anterior se da porque la Ley 20.084 no define sanciones ni procedimientos para los niños entre 8 y 14 años que hayan cometido ilícitos penales. Es decir, son inimputables, pero igual son enviados a centros del Sename que están inicialmente previstos para los niños con vulneración en sus derechos.
Hace poco más de un año, Luis cometió su último delito, pero nunca llegó la denuncia de la víctima, y sin esta faltaron pruebas para imputarlo. Días antes de ese hecho, la Fundación "Proyecto B" -que busca reinsertar laboralmente a jóvenes infractores de ley- se había propuesto encontrarle trabajo y se lo consiguieron.
La Invisibilización de las Trayectorias de Vida
Natalia Hernández, directora del Doctorado en Trabajo Social UAH, participó en Sentido Común de El Ciudadano para abordar las trayectorias de infancia y juventud en Chile. En la conversación, advirtió sobre un problema de fondo: la invisibilización de las trayectorias de vida de niños, niñas y adolescentes. Desde su investigación, enfatizó que el debate público suele simplificar un fenómeno complejo, dejando fuera factores clave como el contexto, la vulnerabilidad y las condiciones territoriales. Además, fue clara sobre una de las principales deudas del sistema: la reinserción. “En Chile no tenemos seguimiento real después del cumplimiento de la pena”.