El Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile, el organismo del Estado encargado de la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables y en riesgo social, ha sido el foco de una profunda crisis debido a graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Esta situación ha generado un debate nacional y ha impulsado diversas investigaciones, revelando una compleja problemática que afecta a miles de menores bajo la tutela estatal.
La Magnitud de la Crisis: Muertes y Falta de Transparencia
La Defensoría de la Niñez, en un análisis solicitado por el Ministerio Público, determinó que de las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas en la red Sename entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y apenas 200 de ellos fueron investigados.
En 2018, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU afirmó que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado estatal. Este organismo recomendó establecer mecanismos de reparación para las víctimas, tanto actuales como pasadas, priorizando su derecho a ser oídas y a expresar su dolor, además de desarrollar un plan de acción de reparación. La Defensoría de la Niñez también recomendó en 2020 la creación de una "Comisión de Verdad, Justicia y Reparación" liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, petición que no recibió respuesta del Poder Ejecutivo de la época.
El Caos Estadístico
Una de las mayores problemáticas ha sido la falta de claridad en las cifras. Lo único evidente respecto al número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe con certeza. Según un informe del Ministerio de Justicia solicitado por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces mayor al reportado oficialmente. Esta discrepancia llevó al gobierno chileno a aclarar que la cifra solo incluía a los menores del área de "protección", excluyendo a los infractores de ley. Un análisis de BBC Mundo sobre los anuarios oficiales del Sename entre 2010 y 2014 arrojó 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 del informe de Justicia, darían un total de 395.
"Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explicó María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. El diputado Saffirio fue más enfático, señalando que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, añadió que "es posible que esté replicada la información", lo que contribuye a la falta de confianza en los datos oficiales.
Casos Emblemáticos de Negligencia y Vulneración
El Trágico Caso de Guillermina
Guillermina, una joven de 16 años, llegó al Centro de Protección Alborada del Servicio Nacional de Menores "a medio vestir" y con dinero, traída por un policía a las 04:19 de la mañana. Según la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después de ser acostada, fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para determinar su estado ni para un chequeo completo. La única lesión constatada por la policía fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó, y su muerte en agosto de 2012 fue registrada como un "egreso" más del sistema, un término que equipara el fallecimiento con el escape o la reinserción familiar, evidenciando la deshumanización de los procesos. Este caso no fue una excepción en un sistema que María Estela Ortiz describió como "en estado terminal".
Lissette Villa: El Detonante de la Crisis
El factor "Lissette" se convirtió en el detonante de la crisis de fallecimientos en el Sename. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo, y las evaluaciones del Sename incluían maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de esto, la menor seguía escribiendo cartas a su madre pidiéndole volver a casa, expresando su pena y la falta de "un pedacito de su corazón".
Lissette era conocida por sus episodios de rabia y "pataletas". El lunes 11 de abril de 2016, pasadas las 20 horas, en medio de una crisis, la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. Las cuidadoras, sin conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores, no le dieron la importancia adecuada inicialmente. Cuando se dieron cuenta de la gravedad, ya era tarde. Lissette había fallecido. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó la muerte a una "crisis emocional" por la ausencia de un familiar. Esta explicación, considerada insatisfactoria y poco ética, le costó el puesto.
Fallos Sistemáticos en la Atención y Cuidado
Sobremedicación y Ausencia de Especialistas
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que su "impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada". Se le suministraba benzodiazepina en una cantidad que actuaba como antipsicótico, y estuvo expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que no está demostrado su efecto en niños o pueden tener efectos adversos como el aumento de la agresividad. Francisco Estrada corroboró la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros, donde el personal no especializado los administra sin control adecuado.
El senador Alejandro Navarro reveló que el 63% de los niños bajo tutela estatal están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 carecen de atención médica especializada. Esta situación es aún más grave si se considera que Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. Casos como el de Guillermina, con historial de consumo de alcohol, drogas, depresión y un embarazo adolescente, nunca recibió un diagnóstico psiquiátrico grave debido a la escasez de psiquiatras infantojuveniles, que prefieren el sector privado.
Falta de Capacitación y Protocolos Inexistentes
Las investigaciones han demostrado que el personal que cuida a los niños vulnerables carece de capacitación, incluso en primeros auxilios. Un informe policial reveló que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. De manera alarmante, el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% carece de protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis. La gran mayoría de los hogares tampoco disponía de un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Supervisión Deficiente y Condiciones Estructurales Inadecuadas
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, es el responsable de fiscalizar la existencia y cumplimiento de estos protocolos. Sin embargo, un informe de la PDI determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica, estas supervisiones son "coordinadas de manera previa". Los tribunales de familia también deben fiscalizar los centros cada seis meses, pero la PDI confirmó que algunos hogares solo recibieron visitas anuales.
Además, el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos". El desglose de los problemas de salud en los residentes es impactante: el 37,3% padece alguna enfermedad psiquiátrica, el 14,2% alguna patología médica, el 13,9% una enfermedad crónica, y el 0,4% está en estado terminal o en riesgo vital. El 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. En este contexto, 42 centros no tienen encargado de salud, y en muchos de los que sí, la función la ejercen técnicos de áreas distintas a la salud o educadores de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud para la administración de fármacos.
Abusos Generalizados y Violencia Institucional
Informe de la PDI (2017) y Violación Sistemática de Derechos
Una investigación lapidaria de la PDI en 2017, que analizó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual.
El informe policial, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018, pero no hecho público hasta su revelación por el diputado Saffirio, indica que en el 100% de los centros directamente dependientes del Sename se han cometido "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes". Este documento, resumen de 28 tomos de investigación, es mucho más completo que el informe de la ONU, que visitó solo cuatro residencias.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe también evidenció que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que realmente ocurrieron, y que en el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. Es "categórico: 'Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros'".
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA)
Más de un centenar de menores bajo tutela estatal, tanto en centros del ex Sename como en residencias de la actual Mejor Niñez, han sido víctimas de explotación sexual comercial. El Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial ha presentado 98 querellas por ESCNNA, involucrando a 115 víctimas. La Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI contabiliza 77 víctimas de ESCNNA entre 2012 y 2021, cifra que se eleva a 545 si se incluyen delitos de adquisición, producción y comercialización de material pornográfico infantil.
Si bien los abandonos de las residencias son una causa común de ESCNNA, también existen casos intra-residenciales. En 2020, en una residencia del Sename en Antofagasta, ocho adolescentes abandonaban frecuentemente el hogar y eran forzadas a actos sexuales a cambio de dinero y drogas. La coordinadora nacional del Programa Mi Abogado, Verónica Pincheira, y la directora de Mejor Niñez, María José Castro, destacan la importancia de la capacitación de los funcionarios para prevenir estos abandonos y vulneraciones.
La persecución penal de estos delitos es deficiente. A juicio de Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, esta falla se debe al trabajo de la Fiscalía y las policías. Además, el relato de la víctima suele ser insuficiente, ya que muchos niños no quieren cooperar o no se sienten víctimas, asumiendo la culpa o pensando que fue su decisión debido a la manipulación de los abusadores. Otra dificultad es que el delito de ESCNNA no está tipificado como tal en el Código Penal, sino como "promoción o facilitación de prostitución infantil", con una pena más baja y más difícil de probar.
Análisis del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) visitó 171 centros en todo el país para evaluar las condiciones de cumplimiento de derechos humanos, las condiciones laborales de los funcionarios e indagar sobre eventuales vulneraciones a los NNA residentes. La muestra incluyó entrevistas a directores, encuestas a trabajadores y cuestionarios a 401 niños, niñas y adolescentes.
Resultados y Conclusiones del INDH
El estudio arrojó diez temáticas relevantes:
- Perfil de niños, niñas y adolescentes (NNA): La población es fundamentalmente femenina (63,5%), con un 60% entre 8 y 13 años.
- Perfil de los trabajadores: La mayoría son mujeres (87,9%), lo que refleja una feminización del personal.
- Condiciones de vida y cuidado: Las necesidades básicas están satisfechas, pero la calidad de las instalaciones no es óptima (calefacción, recreación, privacidad). Es preocupante que en un mismo dormitorio convivan adolescentes con niños de menor edad o no se les separe por sexo (20% de los casos). El 21% de los centros tiene sobrecupo. En un 1,6% de los establecimientos, los NNA reciben solo entre 1 y 2 comidas diarias, y el 16% declara pasar hambre. El 22% de los NNA no siempre recibe un trato respetuoso y cariñoso, y el 34% reporta trato discriminatorio.
- Vinculación con el medio: En un 4% de los centros, los NNA no están autorizados a hablar directamente con el juez. Solo el 32% de los NNA tuvo la posibilidad de hablar con el juez durante las visitas.
- Educación: El 93% de los NNA asiste a la escuela, pero solo el 88% de los adolescentes entre 14 y 17 años lo hace, con un 20% de retraso escolar. Solo el 78% recibe apoyo en sus tareas. El 77% de los centros "autoriza" a los padres a participar en reuniones de apoderados.
- Familia e identidad: El 40% de los centros restringe los horarios de visita familiar, y el 30% no admite más de dos visitas a la semana. El 57% de los centros está fuera de la comuna de origen familiar. El 16% utiliza el retraso al ingreso de visitas como sanción, y el 13% suspende las visitas por mal comportamiento del niño, prácticas que el INDH considera "discrecionales e imprecisas".
- Salud mental: El 69% de los NNA de 14 años o más presenta sintomatología depresiva. El 45% de ellos no ha podido acceder a un psicólogo o psiquiatra, y el 70% no está en tratamiento.
- Violencia institucionalizada: 8 de cada 10 NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo del personal. El 15% fue privado de contacto familiar, el 7% quedó sin comida, el 7% fue encerrado, y el 12% fue "contenido físicamente". El 46% reportó maltrato psicológico y el 12% agresión física leve, mientras que el 6% sufrió agresión grave.
- Violencia entre pares: El 48% de los NNA ha sido objeto de maltrato físico y/o psicológico reiterado entre compañeros. El 19% de los centros no cuenta con protocolos para estas situaciones.
- Abuso sexual: El 6,4% de los NNA entrevistados reportó haber sufrido abuso sexual en los últimos 12 meses. El 80% de las víctimas son niñas. En el 78% de los casos, el abuso fue cometido por otro menor, y en el 7% por un adulto del centro. El 69% de las víctimas sigue en contacto con el agresor.
El INDH emitió numerosas conclusiones, destacando la necesidad de que toda prohibición de relación familiar sea fundada judicialmente, de establecer criterios uniformes para las visitas y de prohibir las restricciones como sanción. También subrayó la importancia de preservar la identidad de los niños (ej. "libro de vida"), de atender la estabilidad emocional de los cuidadores, y de promover el conocimiento de protocolos y leyes contra el maltrato. Es crucial generar condiciones para que los NNA puedan denunciar abusos sexuales y que el personal esté capacitado para una escucha efectiva.
Perspectiva Histórica de la Crisis
La académica Ximena Illanes y el doctorante Miguel Morales publicaron una columna en El Mercurio sobre la necesidad de una perspectiva histórica para la crisis del Sename. Psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y economistas han abordado la situación, refiriéndose a la calidad de los programas, la falta de atención psiquiátrica especializada, la mala infraestructura y la ineficiencia administrativa.
Illanes y Morales señalan que la crisis ha vuelto a plantear la pregunta sobre el estado de las políticas de protección a la infancia vulnerada, especialmente las condiciones de vida en instituciones públicas y privadas. Los casos de menores fallecidos, que llegaron a 1.313 desde 2005, "parece tratarse de hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo". Los autores recuerdan que estos menores son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia", no solo en Chile sino globalmente. Ejemplos históricos, como las instituciones de asistencia para niños abandonados en la Barcelona del siglo XV, muestran procesos dolorosos de separación y la mención de maltratos y abusos en los registros.
Los académicos recalcan que el uso del concepto de abandono puede "invisibilizar la precariedad y desigualdad social" de las familias usuarias del sistema. Sugieren que las estrategias futuras deben relacionarse con la conservación de los vínculos existentes, involucrando a las familias cuando sea posible o al personal que convive con los niños. Al preguntarse sobre las estrategias del siglo XXI y cómo ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia, proponen que las instituciones como el Sename deben ir más allá de la protección o restitución de derechos, ofreciendo una mirada de la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
El Reemplazo de SENAME: Mejor Niñez y Nuevos Desafíos
El Servicio Nacional de Menores fue reemplazado por la entidad Mejor Niñez, con la promesa de una mayor protección. Sin embargo, apenas cinco meses después de su creación, una denuncia del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sobre un nuevo caso de explotación sexual comercial en una residencia administrada por Mejor Niñez, volvió a poner en jaque la efectividad del cambio.
Entre los principales cambios implementados por Mejor Niñez se encuentra la reconversión de centros masivos en residencias familiares más pequeñas, con un límite de 10 a 15 niños para una atención más personalizada. La jueza del Tercer Juzgado de Familia, María Pilar Villarroel, enfatiza que el Estado debe contratar personal especializado, no solo capacitar al antiguo. La directora de Mejor Niñez, María José Castro, afirma que el nuevo servicio pondrá énfasis en la capacitación y especialización de los profesionales.
A pesar de los cambios, subsisten problemas. La magistrada Jeldres, crítica de los avances, señala la "oferta inexistente" en salud mental y el incumplimiento de la creación de Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva (UCRI). Denisse Araya, directora de ONG Raíces, destaca que el trabajo en salud mental es crucial para víctimas de ESCNNA, quienes a menudo han normalizado el abuso desde la infancia. Patricia Muñoz es "tajante al afirmar que el Estado no ha sido capaz de priorizar y atenderles en el ámbito de la salud". Además, se reporta que las nuevas residencias familiares, aunque más pequeñas, enfrentan las mismas problemáticas de funcionarios sobrepasados, maltrato y denuncias de abuso sexual y violación.
El Salto al Vacío: La Experiencia de Catalina y los Egresados
Catalina, una joven que pasó gran parte de su niñez y adolescencia bajo la protección estatal en el Sename, relata su experiencia al egresar a los 18 años. Tras celebrar su cumpleaños, se encontró sin ninguna ayuda estatal. "Nadie me dijo con claridad cuáles son mis derechos, como que si están estudiando, el Estado debe continuar protegiéndolos hasta los 24 años", afirma. Fue "dejada a la deriva" en una casa de acogida sin acompañamiento post-egreso ni apoyo para pagar sus estudios o mantenerse.
Catalina aclara que su situación familiar no era de pobreza extrema, sino de irresponsabilidad y falta de habilidades parentales. Observa que las niñas y jóvenes en residencias de protección arrastran mucho más daño que los hombres, enfrentando una sociedad machista y problemas de "hipersexualización" y abuso sexual reiterado que a menudo se normalizan. Critica la lentitud de la justicia en perseguir estos delitos, dejando a los abusadores libres.
Gracias a la ayuda de personas ajenas al Sename que creyeron en ella, Catalina pudo estudiar. Hoy, como activista y miembro de Red Egresa, una fundación creada por ex residentes, apoya a otros jóvenes. Su crítica central es la falta de priorización de la infancia y la ausencia de un acompañamiento profesional serio y dedicado, que brinde continuidad y la certeza de que alguien cree en ellos. Aunque Mejor Niñez se enfoca en "casas bonitas", Catalina sostiene que no están abordando el problema del egreso, que es un "salto al vacío, sin paracaídas".
A los 18 años, la mayoría de los jóvenes no están preparados para sostenerse por sí mismos, especialmente aquellos con problemas de aprendizaje o psiquiátricos severos. Catalina, que trabaja y estudia para ser controladora de tráfico aéreo, dedica su tiempo libre a Red Egresa y a Fundación Pléyades, acompañando a niños vulnerados. Su aspiración es hacer algo en política para impulsar cambios significativos en relación con la infancia vulnerada, convencida de que es responsabilidad del Estado hacerse cargo.