A las 04:19 de la mañana, un oficial de policía trajo a Guillermina, de 16 años, quien venía "medio vestir" y con dinero, al Centro de Protección Alborada del Servicio Nacional de Menores (Sename). Este organismo del Estado de Chile es el encargado de velar por niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social.
Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur del país, Guillermina se resistió violentamente al reingreso, forcejeando y arrojando objetos al personal. Una vez calmada, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, Guillermina fue encontrada ahorcada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue trasladada a un hospital para determinar qué sustancia la mantenía en ese estado y estabilizarla, ni para un chequeo completo tras llegar con vestimenta incompleta. La única lesión documentada por la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla.
La querella no prosperó, y la muerte de Guillermina en agosto de 2012 quedó registrada como un "egreso" más en la larga lista de lo que el Sename denomina así, equiparando el fin de una vida a una fuga o a la reinserción familiar. Este caso, sin embargo, parece no ser una excepción en un sistema que, según María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, se encuentra "en estado terminal".
El Caos Estadístico de las Muertes en el Sename
Falta de Claridad en las Cifras
Lo único claro respecto al número de menores vulnerables fallecidos anualmente bajo la tutela del Estado es que las cifras son inciertas. Un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, reveló que 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de UNICEF indicó que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces superior al reportado por el informe oficial.
Ante estas discrepancias, el gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección". El sistema chileno, como la mayoría de las instituciones estatales encargadas de niños vulnerables, se divide en dos grandes áreas: "protección", que vela por los derechos de menores cuyas familias no pueden hacerse cargo según lo determina un juez de familia; y otra parte que recibe a niños infractores de la ley.
BBC Mundo, tras analizar los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, encontró 318 fallecimientos. Sumados a los 77 de ese período de la lista de Justicia, el total ascendería a 395. A pesar de esto, el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. "Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica Ortiz. El diputado Saffirio afirma que "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Saffirio, quien fue presidente de la primera comisión investigadora del Congreso chileno sobre las irregularidades del Sename y presentó un informe con 200 medidas urgentes que "ninguna se han cumplido", requirió formalmente información sobre las causas de las muertes a los distintos organismos.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que no tiene "ninguna confianza en las cifras", señalando que es posible que la información se replique si un niño ingresó a distintos programas y su muerte se contabiliza como egreso en todos ellos. Más allá de los números exactos, las investigaciones han puesto en evidencia un sistema donde los niños vulnerables son cuidados por personal sin capacitación alguna, ni siquiera en primeros auxilios, y donde se han recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia.
"Este no es un tema solo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen", dice Ortiz.
Por primera vez este año, a partir de una serie de muertes cuestionadas, estos niños comenzaron a tener rostro.
El Factor "Lissette": Un Punto de Quiebre
Historia de Lissette y el Abandono del Sistema
Actualmente, más de 8.000 niños han sido separados de sus familias e internados en centros del Sename, siendo estos los casos más "críticos" según Ortiz, sin considerar otros programas dependientes del Servicio. El Servicio Médico Legal, a solicitud del diputado Saffirio, reveló que las causas de muerte de algunos menores incluyen ahogamientos con fluidos, golpes en la cabeza, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
Una causa de muerte "indeterminada" fue la que detonó la crisis de los fallecimientos: la de Lissette. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros del Sename. Desde los 5 años, la Justicia determinó que sus padres no estaban capacitados para cuidarla, y la evaluación del Sename incluía maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de esto, Lissette escribía cartas a su madre pidiéndole volver a casa: "Ya luego quiero salir de este Sename, porfa, porque tengo mucha pena. Aquí me falta un pedacito de mi corazón y eres tú, mamá".
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia y "pataletas". El lunes 11 de abril, pasadas las 20:00 horas, las cuidadoras pensaron que la crisis que vivía era una más de sus "pataletas". Sin embargo, no fue así. Según el testimonio de una cuidadora, Lissette se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar. Al intentar levantarla del suelo, se dio cuenta de que se había desvanecido. "Ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar", explicó la cuidadora. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores o técnicos. Cuando se dieron cuenta de la gravedad, intentaron reanimarla, buscaron a los bomberos y llamaron a los servicios de emergencia, pero Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
Fallas en los Protocolos y Capacitación del Personal
"La institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual", afirma Ortiz.
Consecuencias para la Directiva del Sename
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, comunicó a la prensa el fallecimiento de Lissette, atribuyéndolo a una "crisis emocional" porque un "familiar muy cercano" no la visitó. Esta explicación fue considerada insatisfactoria y poco ética, costándole el puesto.
La Problemática de la Sobremedicación
Diagnóstico de Sobredosis
"Mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada", dice el psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette. Asegura que le suministraban benzodiazepina, un fármaco que en dosis bajas es estabilizador del ánimo, pero en la cantidad dada a Lissette actuaba como antipsicótico. Además, la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que, salvo la fluoxetina, no está demostrado su efecto en niños. Otro fármaco que tomaba, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables", explica el psiquiatra.
Manejo Irregular de Fármacos
Estrada asegura que la "poca prolijidad" en la manipulación de estos medicamentos en los centros es "generalizada". "El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula. Y hay problemas graves con la dosificación. Los adolescentes ya saben simular, dejar la pastilla debajo de la lengua y si no hay personal especializado que se los suministre, no sabemos si se están tomando efectivamente las dosis". El problema es grave, ya que la mayoría de los menores requieren medicación. El senador Alejandro Navarro afirmó que "El 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado. Hay que llevarlos a un centro asistencial infantoadolescente de manera urgente. Ya no basta con los oficios".
Entender los opioides y cómo afectan al cerebro
Déficit de Atención Psiquiátrica Infantil
Francisco Estrada subraya que "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil". Guillermina, por ejemplo, tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente cuyo bebé fue dado en adopción por su incapacidad para ser madre. Aunque Guillermina pasó mucho tiempo en situación de calle, nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave. Ortiz explica que "Hay pocos psiquiatras infantojuveniles y, de esos pocos, la gran mayoría prefiere trabajar en el sector privado; entonces tenemos regiones donde simplemente no hay".
Un Sistema en Crisis: Diagnóstico y Propuestas de Solución
Pilares para una Solución Definitiva
Según el análisis de Estrada, un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado es uno de los tres pilares para una solución. "Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle", explica el abogado.
El segundo pilar es que el objetivo final sea el retorno de los niños a sus familias de origen. "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos". Sin embargo, Estrada señala que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño". Estela Ortiz coincide: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
La Estigmatización de la Pobreza y la Defensa Jurídica Inadecuada
Finalmente, Estrada plantea la necesidad de que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada "que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo". Existe una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que tienen "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados. A estos últimos "los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
Transición Hacia un Nuevo Servicio
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019. Sin embargo, "los niños no pueden esperar".
El Informe Lapidario de la PDI: Violaciones Sistemáticas de Derechos
Hallazgos Clave de la Investigación
El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela, según la conclusión de un lapidario informe de la PDI de 2017. Esta investigación abarcó 240 hogares de menores y constató 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares. Este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 y al gobierno, pero no se hizo público.
La muerte de Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos en los hogares del Sename, pero esto no ocurrió. El documento de la PDI indica que en el 100% de los centros dependientes directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
CIPER accedió a este informe de 257 páginas, resumen de una extensa investigación (28 tomos) realizada por la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016. El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, solicitó la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, criticando que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer el documento. El informe de la PDI, que consideró 240 de los 241 centros del país, es mucho más completo que el reporte de la ONU que visitó solo cuatro residencias, y da cuenta de los cerca de 6.500 niños en el sistema residencial del Sename.
La PDI constató que la violación sistemática de derechos se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. Instituciones como el Sename y el Poder Judicial, especialmente los jueces de familia que deben visitar los centros dos veces al año, deben responder públicamente por este desastre, cuestionándose si alguna vez detectaron estas vulneraciones sistemáticas.
El informe de la PDI es el último eslabón de una cadena de reportes elaborados por diversas instituciones en los últimos siete años, destacando el Informe Jeldres (Poder Judicial y UNICEF), que provocó múltiples investigaciones y anuncios de reformas que no se han concretado.
Desglose de Maltratos y Abusos Sexuales
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó a la PDI visitar 240 de las 241 residencias dependientes del Sename. Solo una se negó a recibirlos. Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por familiares dentro de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales entre menores. En junio de 2018, la Fiscalía ordenó un informe resumido, que incluyó una lista urgente de 40 menores con “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”, informada en mayo de 2018 a los Ministerios de Justicia, Sename y Salud para salvaguardar su integridad. Además, en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los ocurridos, y la mayoría de los directores no contaba con información anterior a 2017.
Gran parte de los maltratos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos, y en hogares de organismos colaboradores, otros 137. Se constataron 310 abusos con connotación sexual en el 50% de los hogares, 123 cometidos por adultos y 187 por otros menores. El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban “deserciones del sistema”, cifra que sube al 76,2% si se excluyen residencias de lactantes y discapacitados.
Incumplimiento de Protocolos Mínimos
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. El 72,9% de los centros carece de protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no tiene protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es alarmante, considerando que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis. La mayoría de los hogares tampoco cuenta con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Falta de Fiscalización y Recursos
A pesar de que el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los tribunales de familia también deben fiscalizar los centros cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales. La cifra de menores con enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes, además de 14,2% con patología médica, 13,9% con enfermedad crónica, 0,4% en estado terminal y 19,8% con alguna discapacidad. Sorprendentemente, 42 centros no tienen encargado de salud, y en los 198 que sí, la función es ejercida por personal sin el perfil necesario. En 159 centros (66,3%), “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”, un funcionario al que solo se le exige cuarto medio. Esta situación se agrava al considerar que el 93,8% de los centros “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Dudas sobre la Responsabilidad Gubernamental
Tras la denuncia del diputado Saffirio sobre el informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación”.
Marco Legal Internacional y la Obligación del Estado
Responsabilidad Penal y el Interés Superior del Niño
La Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 37 y 40, establece que el abordaje de conductas ilícitas de niños y adolescentes debe ser "diferenciado y específico", bajo un régimen especial distinto al de adultos. Las sanciones privativas de libertad deben ser excepcionales y limitadas, buscando la reforma y readaptación social, y teniendo en cuenta la edad y el fomento de su dignidad. El Estado tiene una posición especial de garante, con un deber de "mayor cuidado y responsabilidad" y de tomar "medidas especiales orientadas en el principio [de su] interés superior".
Derecho a la Vida e Integridad Personal
La Corte ha establecido que el Estado, en su función de garante, debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que puedan poner en peligro los derechos fundamentales de los internos. Esto incluye mecanismos materiales para reducir riesgos (incendios, emergencias) y protocolos de acción. La Corte ha señalado que diversos factores en incidentes como incendios que resultan en muertes denotan el incumplimiento de la debida diligencia por parte del Estado, afectando la integridad personal y la vida de los adolescentes.
Condiciones de Detención: Hacinamiento e Higiene
Las lesiones, sufrimientos o daños a la salud de una persona privada de libertad pueden constituir una pena cruel si hay un deterioro de la integridad física, psíquica y moral. La Corte evalúa factores como la densidad poblacional, la separación de reclusos por categorías, infraestructura, y acceso a servicios básicos (salud, higiene, alimentación, agua, educación, trabajo, recreación). Los adolescentes privados de libertad tienen derecho a locales y servicios que satisfagan "todas las exigencias de la higiene y de la dignidad humana", con instalaciones sanitarias adecuadas y dormitorios individuales o en pequeños grupos, bien amueblados y con buena ventilación e iluminación. Se debe prestar especial atención a que las adolescentes tengan acceso directo a instalaciones sanitarias y artículos de higiene apropiados, como productos de higiene menstrual.
El hacinamiento afecta especialmente a niños y adolescentes, generando efectos como la vulneración de la privacidad, la imposibilidad de satisfacer necesidades básicas, impacto grave en la salud mental, aumento de la violencia, autolesiones y suicidios. La Convención Americana establece la separación entre adultos y menores en centros de detención, aunque permite que personas que cumplen 18 años permanezcan en centros de menores si ello redunda en su interés superior y no atenta contra el interés superior de los demás niños.
Derechos Sociales, Económicos y Culturales: Educación y Salud
El derecho a la educación, fundamental para una vida digna, está reconocido en el artículo 19 de la Convención Americana y el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los niños y adolescentes privados de libertad en edad escolar obligatoria tienen derecho a una enseñanza adaptada a sus necesidades, impartida por docentes competentes y en programas integrados al sistema público, siempre que sea posible fuera del centro de detención. Se debe facilitar el acceso a fuentes de información, bibliografía e internet.
Durante la privación de libertad, los niños tienen derecho a recibir atención médica adecuada, preventiva y correctiva, incluyendo vacunas y medicamentos gratuitos, y medidas para prevenir la mortalidad infantil. Los centros deben contar con instalaciones y equipo médico adecuados, así como personal capacitado. La atención psicológica y psiquiátrica es obligatoria, ya que el maltrato y abandono durante la privación de libertad suelen "producir o agravar problemas de salud mental y cognitiva", aumentando la gravedad de trastornos psiquiátricos. Los adolescentes privados de libertad tienen derecho a instalaciones sanitarias adecuadas, que implican estándares de calidad del agua y de higiene, así como accesibilidad física.