La vulneración de los derechos del niño en Chile ha sido una problemática recurrente, con el Servicio Nacional de Menores (SENAME) ocupando un papel central en la atención de esta situación. La trágica muerte de la niña Lissette Villa en abril de 2016 conmocionó al país y desencadenó una investigación exhaustiva por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) en 2017.
Investigación de la PDI: Un Panorama Alarmante
La PDI examinó 240 hogares de menores, revelando hallazgos devastadores. En el 100% de los centros administrados directamente por el SENAME y en el 88% de aquellos gestionados por particulares, se constataron un total de 2.071 casos de abusos, de los cuales 310 presentaban connotación sexual. El informe de la PDI calificó esta situación como una "violación sistemática", subrayando que la protección de los derechos de los niños es una responsabilidad compartida por toda la sociedad.
Como respuesta a esta crisis, se estableció el Organismo de Capacitación y Evaluación del Personal del SENAME (OCEP-SENAME), encargado de desarrollar programas de formación y perfeccionamiento para los trabajadores de la institución. Este organismo sería financiado con recursos del propio SENAME.
Casos Emblemáticos: Testimonios de Vulneración
La realidad de los jóvenes recluidos en instalaciones del SENAME se agrava con casos como el de cuatro jóvenes en Antofagasta, investigados por delitos cometidos durante las protestas del estallido social. Tres de ellos contaban con un historial previo en programas del SENAME, donde, supuestamente, debían haber recibido protección y reinserción, lo cual no ocurrió. Actualmente, enfrentan cargos por robo con violencia, saqueo, incendio y lanzamiento de molotov. Durante su internación provisoria, sufrieron golpizas, vejámenes sexuales, lesiones cortopunzantes, sobremedicación psiquiátrica, ideación suicida y autolesiones.
La Historia de "J": Un Ciclo de Abandono y Violencia
La vida de "J" es un reflejo del abandono estatal. Desde los 11 años, vivió en las calles, con breves retornos a su hogar. A pesar de sus problemas, ningún organismo público o privado logró ofrecerle una salida a su violento entorno. Expedientes judiciales revelan que, a los 11 años, vivía en una carpa con adultos que lo incitaban al robo, y desde los 12 consumía drogas. Su detención a los 17 años por saqueo y, posteriormente, por lanzar una molotov a Carabineros, activó los protocolos de justicia. Durante sus 286 días en el Centro de Internación Provisoria (CIP) de Antofagasta, "J" consumió alcohol gel para embriagarse, robó medicamentos psiquiátricos, fue víctima de agresiones físicas y sexuales, sufrió vejaciones, intentó suicidarse y se autolesionó en múltiples ocasiones. A pesar de advertencias internas sobre sus ideas suicidas, estas no fueron tomadas en serio.
Especialistas señalan que la sociedad tiende a centrarse en el castigo individual de los adolescentes infractores, sin abordar las causas estructurales. La falta de una política integral de infancia en Chile, que divida la atención de víctimas y victimarios entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Justicia, agrava la situación.
El primer registro judicial de "J" data de noviembre de 2018, a los 15 años, cuando se fugó de una residencia del SENAME. A pesar de la denuncia por presunta desgracia, la causa se cerró nueve meses después sin hallarlo.
Adolescentes Imputados por Protestas: Un Conteo Inexistente
No existe una cifra exacta de adolescentes imputados por las protestas que pasaron por centros del SENAME en los últimos dos años, ya que ninguna autoridad se ha dedicado a contabilizarlos. Las Fiscalías, la Defensoría de la Niñez y otras entidades no manejan esta información. Solo en Antofagasta, al menos seis adolescentes imputados por delitos cometidos en las protestas estuvieron varios meses en internación provisoria en el CIP del SENAME. Los funcionarios de dicho centro recibieron órdenes expresas de no responder a las preguntas de CIPER.
El SENAME respondió que las denuncias sobre agresiones entre internos se investigan, pero que, en casos de agresiones entre pares, no existen antecedentes para sumarios contra funcionarios, a menos que se trate de un caso excepcional como el de un funcionario que pateó a un adolescente.
Relación entre el Estallido Social y el SENAME
El fin del SENAME fue una de las demandas sociales plasmadas en las protestas. Según la Defensoría de la Niñez, entre octubre de 2019 y enero de 2020, hubo 602 denuncias de menores de edad que sufrieron vulneraciones por parte de agentes del Estado en el contexto de las protestas.
Los registros internos del CIP de Antofagasta detallan los constantes intentos de suicidio y autolesiones de "J", así como las golpizas y hostigamientos que sufrió por parte de sus compañeros. A pesar de las denuncias y la evidencia, las medidas tomadas fueron insuficientes.
La violencia dentro del CIP de Antofagasta era sistemática. "J" fue golpeado en repetidas ocasiones, amenazado, orinado en su cama y en su persona, y víctima de agresiones sexuales. Los antecedentes de estas situaciones se enviaban a la Fiscalía, pero el ciclo de violencia continuaba.
Los informes internos del SENAME advertían de ideas suicidas en "J" desde su llegada al CIP, pero estas no se tomaron en serio. La especialista señala que el sistema pide castigos para los adolescentes infractores sin comprender la complejidad del problema, centrándose en responsabilidades individuales y obviando la falta de una política integral de infancia.
Otros Casos y la Medicación Psiquiátrica
El caso de "R", otro adolescente imputado por delitos durante las protestas, revela que recibió disparos de Carabineros, resultando con perdigones en su cuerpo, incluyendo el ojo derecho. A pesar de las denuncias, el caso sigue pendiente en la justicia.
Otro joven, "A", desarrolló una depresión profunda durante su internación provisoria en el CIP, a pesar de no tener antecedentes penales, consumo de drogas o problemas de estudios. Su estado de salud mental se deterioró debido a la "prisionización".
"C", un joven de 16 años, consumía diariamente múltiples psicofármacos. Los registros internos dan cuenta de peleas y maltratos, incluyendo haber sido encontrado esposado y encadenado a su cama. A pesar de su solicitud, se le negó pasar las fiestas de fin de año con su familia, hasta que la Corte de Apelaciones modificó su medida cautelar.
Abogados defensores y funcionarios del SENAME confirman que los intentos de suicidio son habituales en el CIP de Antofagasta. Se critica el criterio de los jueces que establecen prisión preventiva de inmediato, sin considerar la recalificación de delitos y el tiempo de internación preventiva cumplido.
En el CIP de Antofagasta, los adolescentes reciben atención psiquiátrica, pero las recetas de psicofármacos son suministradas por médicos cirujanos, no especialistas, lo cual el SENAME considera una práctica sin irregularidades.
El Egreso del Sistema: Un Salto al Vacío
Catalina, quien pasó gran parte de su niñez y adolescencia bajo la protección del Estado, relata su experiencia al cumplir 18 años y ser egresada del sistema sin apoyo. A pesar de tener derecho a protección hasta los 24 años si estaba estudiando, no fue informada de esto. Fue dejada en una casa de acogida sin acompañamiento post egreso, sin ayuda para sus estudios o manutención.
Catalina, ahora activista, critica la falta de priorización de la infancia y la carencia de acompañamiento profesional serio y dedicado. Considera que el enfoque del nuevo servicio "Mejor Niñez" en residencias familiares y el fin de los CREAD no es suficiente, sino que se necesita atención dedicada a cada niño.
El egreso de los jóvenes de las residencias es un "salto al vacío", sin preparación para la vida independiente. A pesar de que muchos jóvenes tienen problemas de aprendizaje, psiquiátricos graves o traumas, el Estado los deja a la deriva a los 18 años.
Catalina, a punto de convertirse en controladora de tráfico aéreo, dedica su tiempo a estudiar, participar en actividades de Red Egresa y visitar a niños vulnerados. Aspira a impulsar cambios políticos en favor de la infancia.
Red Egresa es una fundación creada por jóvenes ex-SENAME para apoyar a otros en su egreso, brindando información sobre estudios, ahorro y postulación a universidades, basándose en sus propias experiencias.
Explotación Sexual Comercial: Una Realidad Persistente
El 5º Informe de Política Pública del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez analiza denuncias de delitos contra niños, niñas y adolescentes bajo protección estatal. En la línea de cuidado alternativo residencial, se evidencia una alta tasa de victimización, especialmente en centros residenciales.
El informe revela que los centros residenciales tienen una mayor tasa de victimización, evidenciando la complejidad de este tipo de atención y la revictimización que ocurre en estos contextos. Se subraya la necesidad de que todos los actores del sistema colaboren para impedir nuevas vulneraciones, incluyendo policías, gobiernos locales y actores judiciales.
En 2023, se identificaron 619 víctimas de explotación sexual infantil. La región de Magallanes presenta una tasa significativamente alta.
El caso de Guillermina, de 16 años, ingresada al Centro de Protección Alborada del SENAME, ilustra la gravedad de la situación. Tras resistirse al reingreso, fue encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después. A pesar de no ser una excepción, su muerte quedó registrada como un "egreso" más del sistema.
El sistema de protección de menores en Chile es descrito como "en estado terminal". Existe un caos estadístico respecto al número de menores vulnerables fallecidos bajo tutela del Estado, con cifras dispares entre informes del Ministerio de Justicia, UNICEF y análisis de anuarios oficiales del SENAME.
La falta de claridad en las cifras y la complejidad del servicio son reconocidas. El Estado chileno no cumple sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos.
Investigaciones han puesto en evidencia un sistema donde los niños vulnerables son cuidados por personal sin capacitación, con quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia. La problemática abarca a toda la sociedad, no solo al SENAME.
Sobremedicación y Falta de Atención Psiquiátrica
La impresión clínica sobre el caso de Lissette Villa sugiere que estaba sobremedicada. El suministro de benzodiazepinas en dosis elevadas, que actúan como antipsicóticos, y la exposición a antidepresivos sin evidencia de efectividad en niños, son preocupantes. La sertralina, por ejemplo, puede aumentar la agresividad en menores.
La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es generalizada, con problemas graves de dosificación y falta de personal especializado que supervise la ingesta.
Chile presenta la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, pero carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. Pocos psiquiatras infantojuveniles trabajan en el sector público, y su disponibilidad es escasa en muchas regiones.
Propuestas de Solución y Avances
Las propuestas de solución incluyen un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado, unidades polivalentes con personal dedicado que trabaje con las familias, y la reinserción familiar como objetivo principal. Se critica la decisión de internar niños por pobreza sin abordar las causas subyacentes.
La falta de un catastro consolidado de casos de explotación sexual comercial y la dificultad para probar este delito en el Código Penal son obstáculos significativos.
El SENAME implementó circulares para el registro de denuncias por presuntos maltratos, contabilizando miles de casos a nivel nacional. La mayoría de las denuncias se concentran en la Región Metropolitana.
El informe de la PDI de 2017 constató violencia sistemática en el 100% de los hogares administrados directamente por el SENAME, con miles de casos de abusos y abusos sexuales. A pesar de la entrega del informe a la Fiscalía y al gobierno en diciembre de 2018, este no se hizo público.
La investigación de la PDI, que incluyó 240 residencias, reveló la presencia de maltratos por parte de adultos y entre pares, así como abusos sexuales. Estos hechos se han instalado en la dinámica de funcionamiento de los centros.
Un alto porcentaje de hogares no cumple con los protocolos mínimos de seguridad y atención, incluyendo la ausencia de protocolos ante conductas suicidas, sujeción física y fallecimiento de menores.
La PDI constató que el 98.3% de los centros recibe fiscalización periódica del SENAME, pero estas supervisiones son a menudo coordinadas previamente y no siempre cumplen con los estándares requeridos.
El informe detalla que un 37.3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica, y un porcentaje significativo presenta patologías médicas, enfermedades crónicas o discapacidades. La falta de personal de salud calificado para la administración de medicamentos es alarmante.
La precariedad de la atención residencial y las deficiencias de funcionamiento de los centros no son características excepcionales, sino un problema transversal. La sociedad y las instituciones públicas han enfrentado serias dificultades para proteger a los niños.
La cultura de maltrato y violencia contra niños en condiciones que deberían garantizar su cuidado es preocupante. Las mejoras en infraestructura y recursos económicos no garantizan una transformación que impacte la cultura de malos tratos.
Se requiere una política pública de protección enfocada en brindar herramientas y apoyo a quienes trabajan y cuidan de los niños, para que puedan realizar esta compleja tarea de manera acompañada y permanente.