El precio de la corrupción institucional que rodea globalmente al Servicio Nacional de Menores (Sename) es la desolación a nivel transgeneracional de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Una sociedad cruel con las niñas, niños y adolescentes, ciertamente no logrará pasar impunemente en los tiempos que corren. El Estado no ha tenido la altura para protegerlos ni para investigar los delitos que se han cometido respecto de ellos, ni para hacer verdad y reparación. Luego el silencio. El holocausto verificado en el Sename no tiene amigos, porque las niñas, niños y adolescentes no votan, y esta situación no se va a solucionar motu proprio, ni por arte de magia.
Demandas Ciudadanas y Constitucionales frente a la Crisis del Sename
La Responsabilidad de la Convención Constitucional
Los candidatos a la Convención Constitucional tienen un deber natural y básico con los sobrevivientes del Sename. Es fundamental reconocer, en la nueva Carta Magna, el carácter “supraconstitucional” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, se debe reconocer la Nulidad de Orden Público Internacional (insaneable, imprescriptible, inexcusable e indivisible) de las normas y fallos nacionales que hayan desahuciado de facto las sentencias de la Corte IDH. Además, es imperativo establecer el derecho social a la verdad como una garantía expresamente protegida por el recurso de protección.
Naciones Unidas ya había requerido al actual Gobierno de Sebastián Piñera para la creación de una Comisión de Verdad sobre el Sename. Claramente, en las urgencias y prioridades en Chile, los niños no están presentes. La buena noticia es que, si la Convención Constitucional no lo hace, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OEA (vía Activación de la Carta Democrática respecto de Chile) sí lo harán. La prueba de la moral de una sociedad es lo que se hace por los niños.
Propuestas de la Sociedad Civil: La Corporación Sofini
La Corporación de Ciudadanos y Profesionales de la Salud Mental Infanto-Juvenil (Corporación Sofini, “Nuestros Hijos”) ha hecho llegar una propuesta al Presidente de la República. Esta iniciativa busca asegurar el cuidado y protección de 15 mil niños y niñas que, de acuerdo a la investigación realizada por la Comisión presidida por la Magistrado Mónica Jeldres, se encuentran en grave riesgo para su integridad física y psicológica en los hogares y residencias que dependen del Sename. Dicho informe identificó gravísimas falencias en el cuidado y protección que deberían estar recibiendo estos niños y niñas.
Principales Falencias Identificadas:
- Internaciones prolongadas: por tiempos que van más allá de los plazos que la mínima consideración a su situación de vulnerabilidad y las propias Leyes de la República prescriben.
- Ausencia de planes integrales: falta de planes de rehabilitación y reinserción familiar que incorporen un diagnóstico integral de las vulnerabilidades psicológicas, sociales y médicas que los llevaron a ser internados, así como de intervenciones especializadas que permitan revertir estas condicionantes.
- Desvinculación forzada: la mayoría de los niños y niñas ingresados por orden de los juzgados de familia a Sename permanecen en promedio cinco o más años abandonados a su suerte, lejos de sus familias nucleares o extensas, sin que en muchos casos haya una clara justificación para la desvinculación forzada de sus familias de origen por tiempos que exceden los plazos que nuestra legislación y la más mínima consideración a su condición de niños vulnerados y vulnerables aconseja.
Propuesta de Intervención Urgente:
- Intervención inmediata del Sename: por parte de una Comisión Interministerial del más alto nivel técnico y profesional que incluya a representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
- Equipos profesionales especializados: para implementar estas acciones se requerirá de equipos profesionales con experiencia y adecuada supervisión técnica, lo que significa reclutar a alrededor de 750 asistentes sociales, 750 psicólogos, 325 psiquiatras/neurólogos, más un número a precisar de abogados y educadores.
Con este contingente de profesionales y técnicos se podrá atender un promedio de 20 niños y niñas y sus familias por cada dupla de psicólogo y asistente social, y a un promedio de 40 niños/niñas y sus familias por cada neurólogo/psiquiatra. Esto implicaría una inversión aproximada de 200 millones de dólares por año, en un plan de evaluación diagnóstica, diseño de un plan de rescate y seguimiento de los casos que debiera extenderse por al menos tres años. Corina, una sobreviviente, exigió al Presidente Sebastián Piñera -conforme a la Garantía Interamericana del Derecho Social a la Verdad- la creación de esta Comisión de Verdad sobre el Sename.
Esta inversión de alrededor de 600 millones de dólares para un plan de rescate de 15 mil niños, que hasta el día de hoy permanecen "secuestrados por el Estado de Chile" en condiciones precarias, podría sonar inabordable para muchos asesores. Sin embargo, como referencia, alrededor de 600 millones de dólares es lo que se iba a invertir en la construcción del puente sobre el Canal de Chacao. Hace unas pocas semanas atrás dos niños perdieron la vida en Hogares del Sename; un niño de 13 años que en Concepción murió arrollado por una camioneta a la una de la mañana, y otro niño con parálisis cerebral que llevaba pocas semanas internado en un hogar de la Región Metropolitana falleció en confusas circunstancias.
El Marco Legislativo y los Desafíos para la Protección Infantil
La Nueva Legislación y la Ley de Garantías
El pasado 26 de mayo, en la Comisión Mixta del Senado, tras una larga y tortuosa discusión, se completó la tramitación de los últimos artículos del proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada, el cual reemplazará al actual SENAME. Paralelamente, otro proyecto de ley se encuentra finalizando su segundo trámite. Para quienes llevan tiempo trabajando en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, el problema no son los nombres de las instituciones, sino sus atribuciones y los derechos que protegen; la institución nueva, igual que la antigua, es sólo el hardware.
El orden en que se aprobarán los proyectos revela un problema de técnica legislativa importante, ya que, por su naturaleza funcional, el nuevo servicio debería votarse después del proyecto que establece los derechos y garantías por un lado, y la protección administrativa por el otro. Desde su inicio se acordó su tramitación conjunta, mérito que corresponde a la senadora Ximena Rincón, quien preside la Comisión Especial de Infancia. Con esa decisión se hizo cargo de la demanda de años de grupos de la sociedad civil, el mundo académico, el gremio de jueces y organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos, como el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
La Relevancia de una Ley de Garantías
El Premio Nobel de la Paz (2014), el activista indio Kailash Satyarthi, en una alocución ante la Comisión de Infancia del Senado el 7 de octubre de 2018, llamó a “hacer una buena ley, comprensiva, holística y preventiva”. Satyarthi hizo ver a los senadores que, dado el momento tardío en que Chile ha asumido la labor de adecuar su legislación interna a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a 30 años de su suscripción, era “la oportunidad de hacer una de las mejores leyes del mundo”.
Sin embargo, el acuerdo de tramitación se alcanzó en su oportunidad con la venia de senadores oficialistas, por lo que no se entiende por qué ahora se desconoce la necesidad vital de la prelación que debe tener la ley de garantías. La subsecretaria Bown, en un artículo de mayo de 2020, apoyó la idea de desconocer el acuerdo de tramitación al afirmar que la ley de Garantías “tiene temas ideológicos, y estos son complicados porque cuando se discuten temas relacionados con la homoparentalidad o con la identidad de género, siempre hay mayor división”.
Obstáculos en la Tramitación y Críticas al Sistema Judicial
La tramitación vacilante, que aún no culmina, ha dejado pendiente de resolver un conflicto esencial en el texto del proyecto de la ley de garantías, conocido como la “cláusula del miedo”. Suele afirmarse que los niños, niñas y adolescentes son la fuente más importante de retórica legal, de proclamas suntuosas y de grandes principios de tenor casi poético, pero de escasa efectividad y dudosa aplicación práctica. En una sesión en el Senado, la misma subsecretaria estimaba innecesario llevar los derechos de los niños al texto constitucional porque ya estaban suficientemente considerados en el catálogo de derechos del artículo 19 y que establecer derechos específicos para ellos podría significar su desprotección.
Es así como en el proyecto aparecen fuertemente limitados, al punto que en realidad pierden eficacia, principios como el de autonomía progresiva o el interés superior del niño, para cuya interpretación se debe considerar, elevado a categoría de principio, el derecho de los padres, y una serie de derechos civiles y políticos que no pueden verse restringidos. Exigimos a nuestros políticos un debate real, técnico, alejado de lo ideológico, que nos permita, de una vez por todas, superar la lectura decimonónica que, aún al día de hoy, pervive de la niñez en nuestro sistema legal.
La situación de la Infancia Vulnerable en Chile ha sido calificada como una de las más precarias de toda Latinoamérica por el informe recientemente emitido por la Relatora para Asuntos de la Infancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto se debe, justamente, al actuar negligente y arbitrario de los Juzgados de Familia, los cuales, hasta ahora, han contado con el apoyo y protección de un Magistrado de la Corte Suprema.
Acceso Ciudadano a la Información y Transparencia en el Sename
Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS)
El Decreto Supremo N° 680 (1990) del Ministerio del Interior aprobó instrucciones para el establecimiento de Oficinas de Información para el público usuario en la Administración del Estado. En su artículo 1° dispone la obligación para los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y los demás servicios públicos de establecer oficinas de información para el público usuario, con el fin de asistir al ciudadano en su derecho a presentar peticiones, sugerencias o reclamos ante la Administración del Estado, a través de las OIRS. La gestión de las OIRS es regulada por la Ley Nº 19.880 de Procedimientos Administrativos.
Se informa que, por circunstancias de fuerza mayor referidas al funcionamiento de sistemas internos del Servicio Nacional de Menores, la Plataforma OIRS se encuentra temporalmente deshabilitada desde el día 25 de febrero del presente. Las Consultas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones ingresadas al Sistema Integral de Atención Ciudadana serán respondidos dentro de un plazo de 10 días hábiles.
Ley de Transparencia y Vías de Acceso
El Servicio Nacional de Menores dispone de tres vías formales de acceso a la información basadas en la Ley de Transparencia Nº 20.285, todas estas en formato escrito. Además del formulario para realizar solicitudes por vía electrónica o en formato material, en caso de querer descargarlo para llevarlo o enviarlo a la OIRS, también hay información sobre los canales o vías formales de ingreso y recepción de solicitudes de acceso a la información y tutoriales sobre el derecho de acceso a la información pública.
Al hacer una solicitud anónima, quienes gestionen su requerimiento no tendrán acceso a sus datos personales, aunque haya ingresado con Clave Única. Esta opción se ofrece por la posibilidad de que exponer determinados hechos presente un riesgo para su seguridad o la de su familia, por lo que se pide usarla responsablemente. Las Solicitudes de Acceso a Información Pública, según la Ley N°20.285, serán respondidas dentro de un plazo de 20 días hábiles desde su recepción.
En virtud de potenciar el actuar de los servicios públicos en materias de probidad y transparencia, el Sename tiene por objetivo reforzar todas las materias relacionadas con esta agenda, lo que incluye dar cumplimiento a la Ley de Transparencia N° 20.285, así como también, a la Ley N° 20.730. Las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) se encuentran en todas las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS) del Ministerio.
Entidades Gubernamentales Clave en las Políticas de Infancia
- Subsecretaría de Evaluación Social: Su función específica es el diseño, la coordinación y la evaluación de las políticas sociales del Gobierno, contribuyendo a mejorar la focalización del gasto social. Trabaja en el análisis de la realidad social mediante encuestas y caracterización, fomentando la inclusión social y la participación de la sociedad civil y el sector privado.
- Subsecretaría de Servicios Sociales: Lidera la División de Promoción y Protección Social, coordinando gran parte de las políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, como el Ingreso Ético Familiar. También depende de esta Subsecretaría la División de Focalización, encargada de la implementación y coordinación del Registro Social de Hogares.
- Subsecretaría de la Niñez: Es el órgano de colaboración directa del Ministerio de Desarrollo Social en la elaboración de políticas y planes, la coordinación de acciones y prestaciones, la promoción de derechos, el diseño y administración de instrumentos de prevención, estudios e investigaciones, y la elaboración de informes para organismos internacionales en las materias de su competencia en el ámbito de los derechos de los niños.
tags: #carta #ciudadanos #del #sename