El legado de la "Lista de los 119" y la "Operación Colombo"
El 24 de julio se cumplen 33 años de la publicación de la llamada Lista de los 119, una maniobra de guerra psicológica que la DINA bautizó como "Operación Colombo". Esta operación buscaba encubrir la desaparición de 100 hombres y 19 mujeres chilenas, presentando un montaje mediático que atribuía sus muertes a enfrentamientos en el extranjero o a querellas internas.
A pesar de las décadas transcurridas, la justicia solo ha dictado sentencias definitivas en seis de los 119 casos de desapariciones. En estos procesos, los criminales cumplen una pena ya confirmada por la Corte Suprema.
Casos con sentencias definitivas y el rol de Manuel Contreras
Hasta la fecha, las sentencias definitivas incluyen los casos de secuestro y desaparición de la asistente social María Teresa Bustillos Cereceda; los ex miembros del GAP Manuel Cortez Joo y Miguel Ángel Sandoval Rodríguez; los hermanos chillanejos Hernán y María Elena González Inostroza; el estudiante de filosofía Jorge Espinosa Méndez (todos ellos militantes del MIR), y el secundario Mario Carrasco Díaz, socialista.
En el caso de Espinosa, el único sentenciado fue el agente Osvaldo Romo, quien falleció en prisión. En los demás casos citados, los fallos implican al ex director de la DINA, general (r) Manuel Contreras, y a su plana mayor.
Existen otros tres casos de la Operación Colombo en que las condenas han sido confirmadas por la Corte de Apelaciones, y en cinco de los restantes secuestros se ha emitido un fallo de primera instancia. La Corte Suprema debe pronunciarse próximamente sobre el caso del estudiante de ingeniería Luis Guajardo Zamorano. Más de 68 de los procesamientos dictados desde 2005 son para Manuel Contreras.
El propio dictador, Augusto Pinochet Ugarte, desaforado en 2006, estuvo encausado por la Operación Colombo, por resoluciones adoptadas por los Ministros de fuero Alejandro Solís y por Víctor Montiglio, el mismo juez que recientemente procesó a 98 agentes. Sin embargo, la muerte llegó antes para el ex dictador, frustrando las expectativas de justicia de los chilenos.
Estrategias de impunidad y la denegación de justicia
La estrategia judicial de los criminales, que utilizan todos los recursos disponibles en el antiguo sistema penal, combinada con la nula voluntad de la Corte Suprema para volver a dar exclusividad a los jueces que tramitan causas de derechos humanos, ha funcionado en varios casos como una garantía de impunidad. El sistema criminal antiguo sigue vigente para los delitos cometidos antes de la promulgación de la Reforma Procesal Penal.
Durante el año 2007, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) denunció en su balance anual que los seis tribunales del crimen operativos en Santiago se negaron a recibir nuevas causas, no aceptaron reaperturas de sumarios, ni concedieron desarchivo de causas. Esto se debió a que tenían fecha de vencimiento como tribunales (por la reforma) y no podían asumir nuevas tareas, constituyendo una denegación de justicia.
Es oportuno destacar que 17 de los secuestros de la llamada "Operación Colombo" no cuentan en estos momentos con procesos vigentes, lo que asegura absoluta impunidad a los responsables. Entre estos casos se encuentran:
- Estudiante María Inés Alvarado
- Albañil Eduardo Alarcón
- Vendedor de frutos Víctor Arévalo
- Mecánico Vladimir Arias
- Funcionaria de investigaciones Sonia Bustos
- Estudiante de biología Luis Fuentes
- Contador Néstor Gallardo
- Estudiante Jorge Herrera
- Activista campesino Ramón Labrador
- Estudiante Sergio Lagos H.
- Secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales Violeta López
- Comerciante Juan Maturana
- Dirigente sindical Agustín Morales
- Funcionario de la salud Germán Moreno
- Estudiante de la Universidad Técnica Ramón Núñez
- Comerciante de la población La Bandera Gary Olmos
- Estudiante Carlos Salcedo
Otro mecanismo que dilata la tramitación de las causas ha sido la aplicación por una minoría de jueces de la amnistía, la "cosa juzgada", la obediencia debida y/o la prescripción. Incluso los primeros procesamientos vinculados a la Operación Colombo debieron ser confirmados por la Corte Suprema. En Chile, no todos los ministros de Corte respetan y conocen el derecho internacional en derechos humanos, y ha habido contradictorias resoluciones del más alto tribunal que así lo comprueban.
Solo después de la detención de Pinochet en Londres comenzaron los tribunales chilenos a investigar los casos de detenidos desaparecidos. La deuda de la justicia con la sociedad chilena aún está lejos de saldarse y la impunidad continúa siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos, pese a la constante movilización de las organizaciones de derechos humanos.
Informe Especial: Prófugos, escandalosa impunidad | 24 Horas TVN Chile
Conmemoración y exigencia de verdad
El Colectivo 119, que agrupa a familiares de los caídos, conmemora este año el aniversario de la publicación de la lista con "Video Encuentros" que se realizarán en la ex casa de tortura de calle Londres 38. Los eventos se llevarán a cabo los días miércoles 23 de julio ("Evidencias: medios y periodistas al servicio de la represión"), jueves 24 ("Resistiendo con la verdad y el coraje de los que no callan") y viernes 25 ("La justicia se abre camino: condena ética y social a los cómplices y encubridores").
El domingo 27, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Línea Fundadora, realizará una romería en la localidad costera de Quintero, donde se cree que algunos de los desaparecidos fueron lanzados al mar desde helicópteros. Allí se levantará un memorial.
Ética, perdón y montajes mediáticos
El Colegio de Periodistas de Chile pidió disculpas este año a los familiares de los caídos en dos montajes publicitarios de la dictadura: la Operación Colombo y Rinconada de Maipú. Por Colombo, se había sancionado con censura pública y suspensión temporal de la colegiatura a los ex directores de medios Fernando Díaz Palma (Las Últimas Noticias), Alberto Guerrero Espinoza (La Tercera), y a la periodista Beatriz Undurraga Gómez (El Mercurio), por las graves faltas a la ética y a la verdad cometidas en 1975.
El Tribunal de Ética, que realizó la investigación de estos hechos en 2006, consideró no imputables por fallecimiento a los directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y del vespertino La Segunda, Mario Carneyro. Todos ellos colaboraron con los montajes ideados por la DINA para "informar" en grandes titulares que 100 chilenos y 19 chilenas habían muerto en el exterior, encubriendo así su desaparición y sembrando un terror que aún deja huellas.
Uno de los titulares más escalofriantes fue el del diario La Segunda del 24 de julio de 1975: "Exterminados como ratas". Según declararon los periodistas, el montaje fue obra de Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA. Puga firmaba en La Segunda con el seudónimo "Alexis", pero no era periodista, por lo que no fue incluido en las sanciones. Su nombre no ha figurado hasta ahora en ningún procesamiento de la causa.
Las dos listas de muertos reproducidas en la prensa chilena fueron tomadas de los periódicos de edición única "O Dia", de Curitiba, Brasil, y "Lea", de Argentina, que atribuían los decesos a choques con las fuerzas de seguridad argentina o a querellas internas. Era la marcha blanca de la Operación Cóndor, el pacto de ayuda mutua entre las policías de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.
En septiembre de 1974, el ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert, habían sido asesinados en Buenos Aires por agentes de la DINA en complicidad con la policía argentina. El ministro Alejandro Solís -el magistrado que dictó la primera sentencia contra el ex director de la DINA Manuel Contreras por el secuestro calificado de Miguel Ángel Sandoval- pronunció recientemente el fallo que condena a cadena perpetua a Contreras por el alevoso crimen del militar constitucionalista.
En el acto en que el Colegio de Periodistas pidió perdón a los familiares, estos valoraron el hecho, criticando que los medios implicados no hayan ofrecido disculpas públicas. También deploraron que en democracia se haya retomado la práctica de presentar montajes policiales uniformes a través de la prensa y la televisión, para desacreditar las luchas de estudiantes, trabajadores y el pueblo mapuche, y condenar a quienes no tienen voz para presentar sus demandas y denunciar las violaciones actuales a los derechos humanos.
Posteriormente, durante una ceremonia por el aniversario de la orden profesional el pasado viernes 18 de julio, el vocero de gobierno, ministro Francisco Vidal, fue increpado por jóvenes manifestantes que exigieron la libertad de la documentalista Elena Varela, quien ha sido objeto de un montaje de este tipo y permanece encarcelada en la cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, enjuiciada con normas de la legislación antiterrorista de tiempos de dictadura. Vestidos con poleras alusivas, clamaron a viva voz: "¡Hasta cuándo arman montajes para castigar a los que luchan!".
Sentencias del ministro Solís por los casos de los 119
Dos penas impuestas por el juez Alejandro Solís en procesos de la Operación Colombo fueron confirmadas este año por la Corte de Apelaciones, aunque aún resta el paso por la Suprema. Se trata del caso del estudiante de ingeniería en minas Julio Flores Pérez, donde el fallo fue de 15 años para Manuel Contreras, y 10 años y un día para Pedro Espinoza (ex jefe de Villa Grimaldi), Maximiliano Ferrer Lima (Brigada Caupolicán de la DINA), Miguel Krassnoff (ex jefe del grupo Halcón) y Marcelo Moren Brito (ex subjefe de Villa Grimaldi).
La otra sentencia confirmada para los criminales de la DINA fue por el secuestro de la asistente social Jacqueline Binfa Contreras. Según informó el poder judicial, se trata de la séptima condena a nivel de Cortes de Apelaciones por casos de violaciones a los derechos humanos, de un total de 58 sentencias a nivel de ese tribunal, desde junio de 2003 a la fecha.
También este año, el ministro Solís dictó dos nuevos fallos:
- Uno es por el egresado de ingeniería Osvaldo Radrigán, condenando a Contreras a 15 años de cárcel. Sus secuaces, los brigadieres (r) Espinoza y Krassnoff, así como los coroneles (r) Moren Brito y Rolf Wenderoth (del personal directivo de Villa Grimaldi y DINA), junto al suboficial mayor (r) Basclay Zapata (del grupo Halcón), recibieron una pena de diez años y un día cada uno.
- El otro fallo elaborado por Solís se refiere al caso del secuestro del técnico electrónico y miembro de la estructura de informaciones del MIR, Marcelo Salinas Eytel, sentenciando a otros 15 años y un día a Manuel Contreras, y al resto de los directivos DINA a diez años y un día.
De igual manera, Solís procesó este año por el secuestro del estudiante de sociología Jaime Robotham a toda la plana mayor de la DINA, a Wenderoth, al coronel (r) Eduardo Lauriani Maturana, a Krassnoff y, por primera vez, al detective Valentín Cancino Varas como autores del crimen. También hay fallos de primera instancia por Jorge D'Orival y Julio Flores Pérez.
Por el secuestro del estudiante Claudio Silva, este juez, que es quien más sentencias ha expedido contra los violadores de derechos humanos, procesó a Pedro Espinoza, Basclay Zapata y a la agente Palmira Almuna Guzmán. Al contrario de algunos de sus pares, este ministro respalda sus resoluciones no solo en la legislación nacional sino en la doctrina de derechos humanos y los tratados internacionales vigentes. Nunca ha aplicado la prescripción ni la amnistía.
El Ministro Fuentes ha dictado sentencias de primera instancia en los casos de Félix de la Jara, Ofelia Lazo y Sergio Montecinos, en las que ha hecho valer la media prescripción.
Ampliando el panorama de procesamientos
También este año, el ministro en visita Víctor Montiglio, que heredó casos investigados inicialmente por el ex juez Juan Guzmán, encausó a Manuel Contreras junto a la plana mayor de la DINA y procesó a un total de 98 represores, la mayoría suboficiales en retiro, que participaban en los grupos operativos o en los centros clandestinos de detención y tortura.
Entre los oficiales de ejército (r) procesados están:
- Raúl Iturriaga Neumann (general, jefe del Departamento Exterior de la DINA, que en 2007 huyó durante 55 días al ser confirmada su condena por el secuestro de Dagoberto San Martín. El ministro Solís lo condenó recientemente a 15 años por el homicidio del General Prats y su esposa).
- Miguel Krassnoff Martchenko (jefe de la Brigada Halcón).
- Fernando Lauriani Maturana.
- Marcelo Moren Brito (coronel, jefe de Villa Grimaldi).
- Pedro Espinoza Bravo (coronel, ex jefe DINA).
- César Manríquez Bravo (General, jefe de la Brigada Metropolitana de la DINA y segundo hombre de Contreras).
- Manuel Carevic Cubillos (brigadier, subjefe de la Brigada Purén, implicado en otro proceso por muerte del cabo Rodolfo González).
- Maximiliano Ferrer Lima (coronel, Brigada Caupolicán).
- Gerardo Urrich González (mayor, jefe Brigada Purén, cumple condena por secuestro de Dagoberto San Martín).
- El oficial Sergio Castillo González.
Se revocó el procesamiento de Jorge Andrade Gómez (coronel, Grupo Águila de Grimaldi y Brigada Azul de la CNI, condenado ya a cinco años y un día por el homicidio de Paulina Aguirre) porque su destinación a la DINA habría sido posterior a 1976. El grupo de encausados incluye a Eduardo Guerra Guajardo y Raúl Toro Montes (conscriptos y empleados civiles DINA), y los suboficiales Carlos Bermúdez Méndez, José Fuentes Torres, Jaime Paris Ramos, Víctor San Martín Jiménez.
Además, están encausados siete suboficiales integrantes de la Brigada Lautaro:
- Hiro Álvarez Vega
- Víctor Manuel Álvarez Droguett
- Alfonso "Elefante" Piña Garrido
- Eduardo Reyes Lagos
- Carlos Rinaldi Suazo
- Orlando Torrejón Gatica
- Jorge Venegas Silva
Fueron encausados asimismo Gustavo Apablaza Meneses (Inteligencia Exterior de la DINA/CNI), Máximo Aliaga Soto, Pedro Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Concha Orellana, Rodolfo Concha Rodríguez, Hugo Clavería Leiva y Juan...
