La situación de los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido objeto de profundas críticas e investigaciones, revelando una serie de vulneraciones sistemáticas de derechos. Aunque las estadísticas específicas sobre el número de niños en la Región Metropolitana no se detallan en los informes disponibles, la magnitud de los problemas se extiende a nivel nacional, impactando a miles de menores en el sistema.
Graves Hallazgos y la Investigación de la PDI
El Estado de Chile ha sido señalado por violar sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela, una conclusión derivada de un lapidario informe de la PDI. Esta investigación, realizada en 2017, abarcó 240 hogares de menores en todo el país. En el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual.
El informe policial, de 257 páginas, fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes. Sin embargo, el documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Contexto de la Investigación
El documento de la PDI es un resumen de una extensa investigación, contenida en 28 tomos, realizada a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. Este fiscal investiga las 1.313 muertes reportadas en centros del Sename entre 2005 y 2016 tras el deceso de Lissette Villa. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de fallecimientos motivó el inicio de esta investigación penal.
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI que concurriera a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 de las 241 residencias existentes (tanto de administración directa del Sename como gestionadas por instituciones privadas), siendo solo una la que se negó a recibirlos.
Tipos de Vulneraciones Graves Documentadas
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan de la siguiente manera:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual, de los cuales 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). Se constataron también 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial fue categórico al señalar que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Deficiencias Sistemáticas y Falta de Protocolos
La investigación de la PDI también reveló fallas estructurales y operacionales significativas dentro del sistema Sename. El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename” para asegurar la integridad de los niños.
Problemas con Protocolos Cruciales
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esta carencia es especialmente grave, considerando que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene la responsabilidad de fiscalizar la existencia y cumplimiento de estos protocolos. A pesar de que el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, la PDI determinó que “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Además, los tribunales de familia, que deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, en dos hogares solo realizaron visitas anuales.
Salud Mental y Atención Médica
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es alarmante: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% presenta alguna patología médica, y el 13,9% sufre una enfermedad crónica. Un 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital, mientras que un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
La atención de salud es precaria: 42 centros no tienen un encargado de salud. De los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios sin el perfil necesario; en 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Respecto a la administración de medicamentos, en 159 centros (el 66,3% del total), “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”, un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado.
Esta dramática situación se agrava al considerar que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Reformas y la Nueva Etapa del Sename: Enfoque en Justicia Juvenil
Tras la denuncia del diputado Rene Saffirio, que reveló la existencia del informe de la PDI, el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento. Sin embargo, la gravedad de los hechos impulsó el proceso de reforma del sistema de protección y reinserción de menores en Chile.
Desde 2021, el Sename está a cargo solo del área de justicia juvenil. Durante 2023, atendió a 9.119 adolescentes y jóvenes que han infringido la ley en los distintos programas y centros a lo largo del país, ejecutando 140 centros y proyectos.
Resultados y Desafíos Recientes
La directora del Servicio Nacional de Menores, María Eugenia Fernández, destacó en su cuenta pública que las tasas de reincidencia entre 2009 y 2020 disminuyeron en 14,2 puntos porcentuales para los 12 meses y en 16,5 puntos porcentuales a los 24 meses de seguimiento. Además, indicó que el 56% de los jóvenes de los centros privativos de libertad participó en al menos un taller socioeducativo impartido durante 2023.
La modalidad del Programa de Libertad Asistida Especial (intervención ambulatoria especializada e intensiva a través del control y acompañamiento de un delegado, orientada a su reintegración social) presenta la más baja tasa de reincidencia a los 12 y 24 meses en todos los grupos estudiados. Este resultado podría estar relacionado con que esta modalidad de sanción presenta la más alta proporción de egresos satisfactorios: en 2009, cinco de cada 10 jóvenes reincidió 24 meses después de haber cometido algún delito, y en 2020, solo tres de cada 10 jóvenes reincidió en algún delito.
Cursos y Talleres para la Reinserción
Fernández también relevó la realización de 674 talleres socioeducativos en los centros privativos de libertad, como una forma de intervenir directamente en la reinserción de los jóvenes y aportar a su conocimiento. En este ítem, el 56% de los jóvenes de los centros participó de dichos talleres (arte, gastronomía, creación literaria, cultura científica, cultura cívica, entre otros), y el 51% de ellos participó de uno o más cursos durante su estadía en el centro, ampliando así las alternativas de intervención socioeducativa.
Respecto a la ocupación y la empleabilidad de los jóvenes, durante 2023 se llevaron a cabo 17 cursos en 9 regiones del país, beneficiando a 147 jóvenes en total.
Transición al Servicio de Reinserción Social Juvenil
El nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil comenzó a funcionar en enero de 2024, haciéndose cargo de las regiones del norte del país. Desde esa fecha, Sename como tal se hace cargo de los jóvenes desde Valparaíso a Magallanes y la Antártica Chilena.
La transición continuará en fases:
- En enero de 2025 se realizará el traspaso de las regiones desde el Maule al sur.
- En 2026, las regiones Metropolitana, O´Higgins y Valparaíso serán traspasadas.
Este proceso dará paso al fin del Servicio Nacional de Menores tal como se conoce, con el objetivo de mejorar significativamente la atención y reinserción de los jóvenes. El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, destacó que los índices de Sename han mejorado y que podrán seguir haciéndolo con la ampliación del nuevo Servicio, que contará con "más y mejores herramientas para enfrentar los casos".
Aunque no se dispongan de estadísticas específicas para la cantidad de niños en Sename solo en la Región Metropolitana, los informes revelan un panorama nacional complejo y una significativa transformación en curso para abordar las deficiencias históricas del sistema.