Cuando una familia atraviesa la disolución matrimonial o el quiebre de una convivencia, la legislación contempla diversas herramientas para proteger a sus miembros más vulnerables. Entre estas, destacan la declaración de bien familiar y la pensión alimenticia, dos instituciones que, aunque con finalidades distintas, convergen en el objetivo de salvaguardar el bienestar familiar.
La Institución del Bien Familiar: Objeto y Alcance
El objetivo de la declaración de bien familiar es otorgar protección a la vivienda familiar a quienes pueden ser privados de su uso. Por ende, el fundamento de afectar bienes con el carácter de bien familiar no es el matrimonio per se, sino evitar el surgimiento de conflictos que ocasionen su ruptura. En otras palabras, la institución busca amparar la estabilidad de la vivienda de la familia en crisis, actuando como una herramienta preventiva. Esta declaración se puede hacer bajo cualquier régimen patrimonial, ya sea sociedad conyugal, separación de bienes o régimen de participación en los gananciales.
La finalidad de esto es resguardar un lugar físico estable para que la familia pueda desarrollarse con normalidad, sin que el cónyuge dueño del bien pueda disponer de él por sí solo.
Aspectos Jurisprudenciales y Desafíos
La jurisprudencia ha abordado diversas controversias en torno a la declaración y desafectación de bienes familiares. Un punto recurrente de debate es si se puede considerar una copropiedad como un bien familiar. Al respecto, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con un voto disidente, confirmó la resolución del Juzgado de Familia de Casablanca que rechazó declarar un inmueble como bien familiar por encontrarse en régimen de copropiedad. Sin embargo, la Corte establece que la línea jurisprudencial adoptada se sustenta en el entendido que la justificación de la institución corresponde a un compromiso protector de la familia.
Otro ámbito de discusión surge cuando se invoca la autonomía de la voluntad de las partes para modificar o desafectar un bien familiar. En un caso, el motivo de la petición de desafectación no era que el inmueble ya no sirviera a los fines indicados o el término del matrimonio, sino el Acuerdo Completo y Suficiente celebrado por los ex cónyuges, donde se pactaba un plazo para vender el inmueble. La parte recurrente denunció la infracción del artículo 1545 del Código Civil, argumentando la autonomía de la voluntad. Sin embargo, la Corte afirma que las normas de derecho de familia son normas de orden público y, por ende, no pueden ser alteradas por la autonomía de la voluntad de las partes. Esto subraya la primacía del interés familiar sobre los acuerdos privados cuando estos contravienen el espíritu protector de la ley.
Debates sobre la Extensión y Concepto de Familia
La institución del bien familiar también ha sido objeto de debate en cuanto a su alcance. Algunos especialistas reclaman que, hasta el momento, está contemplada solo en el caso de una ruptura matrimonial y no ante el quiebre de una convivencia, a pesar de que la ley prevé fórmulas para proteger a los menores, como la declaración de bien familiar de un inmueble por parte de un juez de familia. Otros creen que la discusión es errada, porque esa declaración únicamente garantiza que no se podrá enajenar el bien, pero no que se pueda vivir en él.
La profesora de la U. Católica, Carmen Domínguez, opina que la protección de los hijos no matrimoniales ya existe a través del derecho a alimentos, y extender la institución de los bienes familiares no sería una señal positiva, considerándolo inapropiado. Cristián Lepin, profesor de la U. de Chile, también se opone a un cambio, señalando que la pretendida reforma, en los términos transcritos, resulta carente de sentido e innecesaria.
Por otro lado, Fabiola Lathrop, también profesora de la U. de Chile, es crítica de la legislación actual. Las falencias, opina, son múltiples, y entre ellas estaría el que no se señale un concepto de familia que determine los beneficiarios de los bienes familiares, lo que originaría jurisprudencia contradictoria. Gloria Negroni, juez de Familia de Santiago, cambia el eje de la discusión al considerar que lo que se requiere es normar las uniones civiles. Ella cree que estos problemas surgen como consecuencia de la falta de regulación para otros tipos de familia, afectando a los hijos no solo por una decisión de los padres, sino por la decisión del Estado de no reconocer como válida esa unión de hecho. Cristián Lepin también está a favor de sincerar la discusión: "Si lo que se pretende es legislar sobre las relaciones de convivencia, entonces los fundamentos deben ser otros, y no utilizar el interés superior de los niños con ese objetivo".
La Pensión Alimenticia: Un Derecho Fundamental para los Hijos
La pensión alimenticia es un derecho que tienen los hijos y es para su beneficio, constituyendo una de las obligaciones que surgen luego de un divorcio. Debe ser pagada por el progenitor que no vive con los hijos, o el cónyuge al que se le ha solicitado por medio de una demanda, en beneficio del otro que se vio afectado por consecuencia del matrimonio. La diferencia entre la compensación económica del divorcio y la pensión alimenticia radica en la finalidad de cada uno de estos derechos, aunque ambos buscan proteger a los miembros más vulnerables de una familia desintegrada, abarcando aspectos diferentes.
PRUEBAS ÚTILES PARA UN JUICIO DE PENSIÓN ALIMENTICIA
Determinación de la Capacidad Económica y Sanciones
Para determinar la capacidad económica del demandado en un juicio de alimentos, el juez, al proveer la demanda, ordenará que el demandado acompañe en la audiencia preparatoria las liquidaciones de sueldo, copia de la declaración de impuesto a la renta del año precedente, boletas de honorarios emitidas durante el año en curso y demás antecedentes que sirvan para determinar su patrimonio y capacidad económica. En caso de no disponer de tales documentos, el demandado acompañará o extenderá en la propia audiencia una declaración jurada, en la cual dejará constancia de su patrimonio y capacidad económica.
La declaración de patrimonio deberá señalar el monto aproximado de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, individualizando lo más completamente posible, si los tuviere, sus activos, tales como bienes inmuebles, vehículos, valores, derechos en comunidades o sociedades.
Con la sola resolución que provea la demanda, el tribunal, de oficio o a solicitud del demandante, podrá ordenar dentro de quinto día a diversas instituciones públicas y privadas (Servicio de Impuestos Internos, PREVIRED, entidades bancarias, Conservador de Bienes Raíces, Tesorería General de la República, Superintendencia de Pensiones, Comisión para el Mercado Financiero, instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de pensiones) que aporten antecedentes útiles que permitan determinar los ingresos y la capacidad económica del demandado. El tribunal citará al demandado a la audiencia preparatoria personalmente o representado, bajo apercibimiento de apremio.
Sanciones por Ocultamiento o Falsedad
El ocultamiento de cualquiera de las fuentes de ingreso del demandado, efectuado en juicio en que se exija el cumplimiento de la obligación alimenticia, será sancionado con la pena de prisión en cualquiera de sus grados. El demandado que no acompañe todos o algunos de los documentos requeridos o no formule la declaración jurada, así como el que presente a sabiendas documentos falsos, y el tercero que le proporcione maliciosamente documentos falsos o inexactos o en que se omitan datos relevantes, con la finalidad de facilitarle el ocultamiento de sus ingresos, patrimonio o capacidad económica, serán sancionados con las penas del artículo 207 del Código Penal. La inclusión de datos inexactos y la omisión de información relevante en la declaración jurada que el demandado extienda conforme a este artículo, será sancionada con las penas del artículo 212 del Código Penal.
Los actos celebrados por el alimentante con terceros de mala fe, con la finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio del alimentario, así como los actos simulados o aparentes ejecutados con el propósito de perjudicar al alimentario, podrán revocarse conforme al artículo 2.468 del Código Civil. Para estos efectos, se entenderá que el tercero está de mala fe cuando conozca o deba conocer la intención fraudulenta del alimentante. Todo lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.
Esta acción se tramitará como incidente, ante el juez con competencia en asuntos de familia, pudiendo ser deducida tanto en la etapa de cumplimiento de la pensión alimenticia, como en la etapa declarativa respecto de los alimentos provisorios impagos. La resolución que se pronuncie sobre esta materia será apelable en el solo efecto devolutivo.
Bien Familiar y Pensión Alimenticia: Herramientas Complementarias de Protección
Aunque el bien familiar y la pensión alimenticia abordan aspectos distintos de la protección familiar, su rol es complementario en un escenario de disolución o crisis. El bien familiar asegura la estabilidad de la vivienda, un pilar fundamental para el desarrollo de la familia, especialmente los hijos. Por su parte, la pensión alimenticia garantiza el sustento económico diario, cubriendo necesidades básicas y esenciales. Ambas instituciones, por tanto, actúan como derechos establecidos en la legislación para proteger a los miembros más vulnerables de una familia desintegrada, consolidando un marco legal que busca mitigar las consecuencias negativas de una separación y asegurar un ambiente de desarrollo adecuado para los menores.