La ex Presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto que pretende reformar el Servicio Nacional de Menores (Sename), una iniciativa que ingresó a la Cámara de Diputados para su trabajo legislativo. La propuesta de la ex Mandataria busca realizar una división administrativa, técnica y financiera, con la creación de dos organismos independientes: el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que estará bajo la tutela del Ministerio de Justicia.
Propuesta original de Bachelet para la división del Sename
El proyecto, aprobado por unanimidad en el Senado en enero, se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Familia de la Cámara. El Servicio Nacional de Protección Especializada plantea una serie de prestaciones de protección a los niños, niñas y jóvenes, basadas en coordinaciones intersectoriales con los ministerios de Educación y de Salud. En la misma línea, operaría el Servicio de Reinserción Social Juvenil.
Los cambios legislativos que sustentan esta propuesta del ejecutivo, plantean seguir con un modelo de protección focalizada y judicial, que aborda aspectos mínimos de una real garantía de protección a los niños, niñas y jóvenes. Los cambios que pretende realizar el Gobierno de Bachelet, pretenden seguir manteniendo el mismo modelo de protección socio-judicial de ingreso de casos de niños, niñas y jóvenes que presenten judicializaciones en Tribunales de Familia, vía vulneración de derechos, sea por violencia intrafamiliar, maltrato, abuso y otras vulneraciones.
Con respecto al servicio nacional de protección especializada, continuarían las áreas de residencia (hogares), ambulatoria (programas de acompañamiento familiar), cuidados alternativos (familias de acogida y adopciones), programas específicos que en su mayoría no responden a administraciones directas de organismos del estado.
Críticas al modelo de tercerización
Sin embargo, se mantiene una lógica de tercerización de las políticas públicas de la niñez y la juventud, en relación a mantener políticas de licitaciones con instituciones colaboradoras, subcontratando a los equipos especializados de profesionales y técnicos que son parte de los programas. En la propuesta legislativa se evidencian nuevos parámetros por medio de fiscalizaciones de comisiones de estándares y acreditación para las instituciones externas que ofrezcan residencias y programas de intervención.
Esta reforma, según algunas críticas, sigue sin asumir la responsabilidad estatal en su carácter de un Estado tutor y protector de la niñez y la juventud, y más bien continúa externalizando su responsabilidad en el cuidado de los niños, niñas y jóvenes, a instituciones que mantienen una especie de subcontratación de los especialistas.
Las 210 muertes de niños y niñas en el Sename, sigue marcando a nivel de sociedad una necesidad real de cambiar las políticas públicas hacia la infancia y adolescencia, donde no se comprenda la protección como una política judicial, sino como una política social, de la educación y de la salud, que busque la protección universal de los hijos del pueblo trabajador.
En la propuesta del ejecutivo, no se observa un cambio de paradigma en torno al rol del Estado de brindar su carácter de tutor en el cuidado de los niños, niñas y jóvenes de este país, donde no solo se termine el funcionamiento externalizado de las políticas públicas de protección, sino que se implementen programas e infraestructura estatal que, por un lado, esté basado en hogares y residencias estatales y públicas, guarderías y centros abiertos de extensión de programas que fortalezcan y amplíen las Salas Cunas y Jardines Infantiles, Escuelas, Liceos, y Servicios de Salud.
El Sename, como institución, no ha logrado mejorar la calidad de vida de los hijos de la clase trabajadora de este país. Además, en el marco de la “responsabilidad penal adolescente”, el Sename es percibido como un instrumento represivo, carcelario y violento con los niños y jóvenes más pobres de Chile.
Así será Mejor Niñez, el servicio que reemplazará al polémico Sename
El rol de la Presidenta Bachelet y el llamado a la agilización
La Presidenta Michelle Bachelet, durante su visita al Campamento de Invierno - "English Winter y Coding Camps 2017" - en el marco del programa Inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación, hizo un llamado a los parlamentarios a acelerar la tramitación de los proyectos de ley que apuntan a terminar con la crisis que vive el Sename y que se encuentran en tramitación en el Congreso.
"Quiero hacer un llamado a nuestros parlamentarios a agilizar la tramitación de los proyectos de ley que van a poner fin al Sename y que van a crear en su reemplazo dos nuevos servicios especializados y modernos para la atención de menores que han sido vulnerados en sus derechos y que son infractores de ley", señaló la Mandataria. Añadió que "ese paso tiene que darse, mientras tanto vamos a seguir fiscalizando los centros del Sename, desarrollando dispositivos de intervención especializados, mejorando la infraestructura y fortaleciendo las capacidades de quienes tienen a su cuidado a los niños del Sename".
En esta línea, la jefa de Estado enfatizó que "requerimos esos proyectos de ley porque además son proyectos que traen más recursos y con los cuales vamos a poder entregar una atención como corresponde". "Es un imperativo de justicia, de equidad, de un país que no está dispuesto a tolerar que lo que es más querido, sus hijos, niños y niñas, sigan siendo vulnerados en sus derechos".
De esta manera, la Presidenta aseveró que "este es un compromiso que no depende de factores electorales, o si hay cámaras o no hay cámaras". Esta es una de las modificaciones establecidas en el proyecto que divide el servicio y que fue firmado el pasado 24 de marzo por la Presidenta Michelle Bachelet. El servicio especializado funcionaría a través de una serie de prestaciones a los niños de los distintos centros del país y contaría con un procedimiento administrativo para mejorar la coordinación entre Sename y el resto de las prestaciones que entregan los otros ministerios competentes, como Salud y y Educación.
La postura del gobierno de Piñera y las nuevas indicaciones
Una indicación sustitutiva al proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia ingresará en los próximos días el gobierno a la Cámara de Diputados. Así lo confirmó el martes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, durante una presentación ante la Comisión de Constitución.
El secretario de Estado detalló las prioridades legislativas de su cartera y explicó ante los parlamentarios que la apuesta del Ejecutivo para avanzar en materia de infancia -uno de los cinco grandes acuerdos nacionales que comprometió el Presidente Piñera al asumir la presidencia-, será precisamente reformular, en parte, la iniciativa que fue enviada al Congreso por la ex Presidenta Bachelet.
Desde el gobierno confirmaron que esa es la mejor alternativa para abordar el trámite legislativo del primer proyecto, que a diferencia de la iniciativa que se encuentra en el Senado, cuya urgencia fue modificada por el Ejecutivo de simple a suma, no genera el mismo consenso. De hecho, en la oposición varios legisladores admiten que la iniciativa impulsada por el ex gobierno "no es un buen proyecto".
En ese sentido, se esperaba que el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno -quien ha asumido la tramitación de la iniciativa- abordara los pasos que daría el gobierno en torno al proyecto y aterrizara los detalles de la propuesta de su cartera, cuando expusiera ante la Comisión de Familia de la Cámara Baja.
Precisiones y fiscalización
Desde el Ejecutivo, explican que el ministro ya está trabajando en las indicaciones, junto a la que será la futura subsecretaria de la niñez, Carol Bown. Desde Desarrollo Social se buscaría -mediante indicaciones- precisar las funciones y el rol fiscalizador de la Subsecretaría de la Niñez, en torno al funcionamiento de este nuevo Servicio de Protección.
En la cartera, además explican que se está evaluando la posibilidad de que haya también una protección administrativa en el caso de jóvenes, la que hasta ahora es solo judicial.
Necesidad de un cambio de paradigma en la protección infantil
Sin embargo, las reformas al Sename siguen reflejando la desprotección de muchos menores de 18 años que el Estado no se preocupa de su bienestar, generando a nivel nacional una ausencia mayor de protección universal y de responsabilidad parental en las políticas públicas.
Frente a estos cambios cosméticos en torno a la protección social de los niños, niñas y jóvenes, se torna necesario identificar que la solución para avanzar en proteger realmente a los hijos e hijas de la clase trabajadora y el pueblo, es a través de centros de acogida, con red de hogares, y programas estatales, administrados y controlados por equipos interdisciplinarios de profesionales de la educación, de la salud, junto a las organizaciones sociales, familiares e instituciones afines.