El 24 de julio de 2016 marcó un hito en la historia de las protestas sociales en Chile, con la convocatoria de la primera marcha multitudinaria bajo la consigna “No+AFP”. Miles de personas se congregaron en diversas ciudades del país para manifestar su descontento con el sistema de pensiones vigente. La Coordinadora No+AFP estimó la asistencia en aproximadamente 750 mil personas, abarcando desde Arica hasta Punta Arenas. El movimiento exigía la implementación de un sistema de reparto, solidario, tripartito y administrado por el Estado.
Las movilizaciones continuaron en los meses siguientes. La segunda convocatoria dio inicio a lo que se denominó la “segunda fase” del movimiento, orientada a debilitar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En este contexto, el vocero de No+AFP, Luis Mesina, instó a los asistentes a cambiarse masivamente al multifondo E.
La entonces presidenta Michelle Bachelet se vio en la necesidad de desestimar la posibilidad de retornar a un sistema de reparto y anunció un proyecto de reforma previsional para 2017, el cual finalmente no se materializó. Al asumir la presidencia en 2018, Sebastián Piñera se enfrentó a una ciudadanía cuya opinión sobre las AFP no había variado significativamente. En diciembre de ese año, un estudio de Criteria reveló que el 81% de los encuestados se mostraba “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la idea de que el sistema de pensiones debía ser completamente estatal.
El movimiento No+AFP gozaba de una amplia legitimidad ciudadana, con un 80% de aprobación. Un estudio de Criteria, titulado “Sistema previsional y subjetividades: del `No+AFP` a `#Conmiplatano´”, analizó el cambio en la percepción ciudadana respecto a las AFP y las expectativas sobre el sistema previsional. Dicho estudio concluyó que los resultados de aprobación al movimiento eran inversamente proporcionales a la imagen negativa de las administradoras privadas. En los sondeos de la época, las AFP no solo eran mal evaluadas, sino que también se les señalaba como las principales responsables de la precaria situación de las pensiones en Chile, opinión compartida por el 63% de los encuestados. El estudio también destacaba que, ya en 2018, un número considerable de personas consideraba que eliminarlas sería una buena opción para mejorar las pensiones.
Cristián Valdivieso, director y fundador de Criteria, explicó que la consolidación del movimiento No+AFP en 2016 se debió a que comenzaron a jubilar las primeras generaciones de trabajadores que habían cotizado la totalidad de su vida laboral bajo el sistema de AFP, pero cuyos montos de pensión no cumplieron las expectativas mínimas. Según Valdivieso, el movimiento logró atribuir toda la responsabilidad de las malas pensiones a las AFP, simplificando la solución a la idea de que “terminando con las AFP se arregla el problema de las pensiones”. En este escenario, la ciudadanía apoyaba la idea de un sistema estatal o de reparto, sin tener necesariamente una comprensión profunda de sus mecanismos, pero impulsada por la indignación hacia las AFP.
El Viraje en la Percepción Ciudadana
Casi seis años después de la primera marcha masiva contra las AFP, el panorama ha experimentado un cambio significativo. Un sondeo de Criteria realizado en octubre de 2021 sobre la propuesta de cotización adicional para la reforma previsional mostró que el 54% de los encuestados prefería tener la opción de elegir entre un administrador estatal o una AFP. Un 36% se inclinaba por una institución estatal, y solo un 10% deseaba que la administración recayera en las AFP. Para abril de 2022, la preferencia por elegir entre ente estatal y AFP aumentó al 61%, mientras que la opción de una institución estatal disminuyó al 26%, y la administración por parte de las AFP subió al 13%.
Según Valdivieso, varios hitos influyeron en esta modificación de la percepción ciudadana entre 2016 y 2021. El primer punto de inflexión fue el proceso constituyente iniciado por la expresidenta Bachelet, que incluyó cabildos ciudadanos y conversaciones, permitiendo a la ciudadanía comprender la complejidad del debate previsional, que iba más allá de la simple eliminación de las AFP. Se comenzó a priorizar el resultado (buenas pensiones) sobre el método (tipo de sistema). Además, surgió la noción de que el problema de las AFP no era su existencia, sino su monopolio en la administración de los fondos. El estudio de Criteria también identificó atributos valorados por la ciudadanía en el sistema actual, como la libertad de elegir, la propiedad privada y el esfuerzo individual, complejizando la discusión y enfocándola en cómo mejorar las pensiones en general.
El segundo gran punto de inflexión fueron los retiros de fondos previsionales. A pesar de que algunos parlamentarios apoyaban estos retiros con consignas de “No+AFP”, el efecto de estas medidas reforzó la idea de que los fondos previsionales representaban un ahorro personal y que la gente deseaba tener propiedad sobre él. Valdivieso argumenta que esto demostró la existencia y tangibilidad de dicho ahorro, destinado a la pensión. El estudio de Criteria destacó que la propiedad privada es un principio fundamental en la cultura chilena, reflejado en la preferencia por cuentas individuales donde se administren los ahorros, especialmente en lo referente a la heredabilidad de los fondos, con una abrumadora mayoría inclinada a favor de que estos sean privados y heredables.
El tercer hito crucial fue el proceso constituyente, que siguió a los retiros de fondos. La iniciativa popular de norma “Con mi plata no” se convirtió en la más votada ante la Convención Constitucional, superando las 100 mil firmas. Esta propuesta buscaba asegurar una Pensión Básica Universal, garantizar la propiedad y heredabilidad de los fondos, el derecho a elegir al administrador de los fondos y la equidad de género. En contraste, la iniciativa de la coordinadora NO+AFP, que proponía acabar con las AFP y establecer una gestión pública, obtuvo 24.110 apoyos. La preferencia ciudadana se reflejó en las encuestas: en 2021, el 68% prefería la libertad de elección entre el Estado y administradoras privadas, frente a un 27% que deseaba que las pensiones fueran administradas por el Estado y un 5% por administradoras privadas.
La situación dio un giro cuando la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional rechazó la iniciativa “Con mi plata no” y aprobó la propuesta de No+AFP. Este desenlace generó una fuerte reacción en la ciudadanía, que interpretó que sus fondos previsionales y su esfuerzo individual podían perderse o ser absorbidos por el Estado sin control. Las encuestas y estudios de opinión posteriores mostraron un aumento en la distancia de las personas con respecto a un sistema exclusivamente estatal y un fortalecimiento de la relevancia de la libertad de elección, la capitalización individual y el rendimiento de los esfuerzos en cuentas individuales.
Estos tres puntos, según Valdivieso, generaron la inquietud ciudadana por un sistema previsional que no estuviera articulado únicamente en torno al Estado o a los privados. A esto se sumó un cambio de posición y estrategia por parte de las AFP como actor gremial.
El Acuerdo Previsional y la Continuidad de las AFP
A pesar de la demanda ciudadana por un sistema más solidario y público, el gobierno de Gabriel Boric, en coalición con el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático, alcanzó un acuerdo con la derecha tradicional para avanzar en una reforma previsional. Este acuerdo mantiene elementos del sistema de capitalización individual, incrementa la Pensión Garantizada Universal (PGU) de $214.000 a $250.000 pesos, y establece que los empleadores contribuyan con un 8.5% al sistema de pensiones. Además, se introduce un beneficio por tiempo cotizado y se ratifica la existencia y el rol de las AFP como únicas administradoras de los fondos de pensiones, fortaleciendo su posición.
Las AFP han jugado un papel activo en el debate, buscando mantener su participación y presionando para evitar cambios que afecten su modelo de negocio, como la eliminación de comisiones o la creación de entidades públicas de gestión. El sector empresarial, incluyendo bancos y entidades de inversión, ha mostrado un interés directo en las reformas previsionales debido al impacto de los fondos de pensiones en las inversiones y la economía nacional, abogando por reformas que promuevan el ahorro y la inversión privada. Este sector empresarial celebró el acuerdo alcanzado.
La Lucha por un Sistema de Pensiones Diferente Persiste
A pesar de los acuerdos políticos, la influencia del movimiento social iniciado con el estallido social de 2019-2020 sigue vigente. Las demandas por un sistema público y solidario continúan siendo un eje central del debate, enfrentando la resistencia de sectores empresariales y políticos. Quienes abogan por la eliminación de las AFP sostienen que la PGU es solo un paliativo para un sistema fallido y que confiar en una “ley corta” ejecutiva, que ya ha tomado partido por las AFP, es una ilusión. Proponen retomar la movilización para conseguir un sistema tripartito, solidario, que asegure una pensión mínima equivalente a la canasta familiar y que las decisiones estén en manos de los trabajadores y usuarios.
Esta perspectiva, marcada por la lucha iniciada por el movimiento NO+AFP, se vio debilitada por la confianza depositada en el actual gobierno, pero es necesario retomarla. La Coordinadora No+AFP, a ocho años de su primera manifestación nacional, continúa proponiendo un modelo de reparto donde el ahorro previsional no dependa exclusivamente del trabajador, sino que cuente con el aporte del Estado. Desde enero de 2024, la reforma previsional se ha tramitado en la Cámara de Diputados, buscando crear un sistema mixto con aportes de trabajadores y del Estado, y modificando el decreto ley 3.500 para crear Administradores Previsionales e Inversores Privados de Pensiones.
Sin embargo, se advierte que mantener el sistema de AFP, incluso con un aumento en la tasa de cotización o la edad de jubilación, podría tardar entre 30 y 35 años en mostrar mejoras significativas, una promesa similar a la realizada en 1981 con la creación de las AFP. El domingo 26 de marzo, a las 11:00 a.m., se convocó a una nueva manifestación.
La pensión más común en Chile corresponde a las pensiones de vejez bajo la modalidad de retiro programado, donde los jubilados mantienen sus fondos en las AFP. Expertos señalan que la situación de las malas pensiones podría empeorar en los próximos 10 o 15 años, incluso para quienes han cotizado gran parte de su vida laboral. Se argumenta que Chile, a diferencia de la mayoría de los países, no cuenta con un Sistema de Pensiones basado en los principios de la Seguridad Social ni un Sistema Mixto que incorpore el Reparto en su pilar contributivo. Su sistema actual es una combinación de ahorro privado obligatorio (AFP) con asistencia social para los más pobres (Pilar Solidario).
Las pensiones pagadas por el sistema no guardan relación con el tamaño de la economía chilena. Las seis AFP que administran los fondos de pensiones manejan más de 185.000 millones de dólares, equivalentes al 72,8% del PIB chileno. Las compañías de seguro, que pagan pensiones vitalicias, administran e invierten cerca de 50.000 millones de dólares adicionales, sumando un total de 92,8% del PIB transado en el mercado de las pensiones. Se argumenta que el objetivo principal del Sistema de AFP es dinamizar el sistema financiero y capitalizar grandes grupos económicos, no pagar buenas pensiones, reproduciendo un modelo económico extractivista y poco sustentable. A pesar de ser un sistema privado, depende cada vez más de subsidios estatales para mejorar las exiguas pensiones, resultando excesivamente caro e ineficiente. Además, se considera ilegítimo, rechazado por gran parte de la sociedad que no tuvo voz en su creación durante la dictadura, lo que explica el gasto en publicidad de las AFP para generar confianza.
Se enfatiza la urgencia de asegurar pensiones adecuadas para vivir en Chile, sin necesidad de un aumento considerable del gasto público a corto o mediano plazo. La propuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO + AFP busca implementar un Sistema de Seguridad Social de reparto, público, financiado tripartitamente y solidario, donde los aportes de trabajadores activos, empleadores y el Estado paguen las pensiones de los pasivos, modelo que funciona en la mayoría de los países modernos (150 países tienen sistemas de reparto).
Se desmienten las afirmaciones de que los sistemas de reparto están quebrados, señalando que se basan en la especulación con ahorros. Cuando existen excedentes, se destinan a fondos de reserva o a “rentabilidad social”. Se aborda el argumento demográfico, indicando que la relación actual de 5 activos por un pasivo en Chile es favorable para un sistema de reparto, y solo en 35 años se requeriría un ajuste, siempre que las características demográficas se mantengan constantes. Se niega la intención de “expropiar” los ahorros individuales, afirmando que estos se traspasarían al nuevo sistema. Se refuta la idea de que los sistemas de reparto subsidian a quienes nunca han cotizado, señalando que la mayoría de los trabajadores gana menos de $400.000 mensuales y que más del 60% tiene menos de $60 millones en sus cuentas individuales, lo que resultará en pensiones inferiores a $300.000.
Sistemas de Pensiones en el Mundo
Estados Unidos: Sostenibilidad en el Centro del Debate
El sistema previsional estadounidense se basa en un modelo mixto que combina seguridad social pública y planes privados. Actualmente, enfrenta un debate sobre su sostenibilidad, con planteamientos para reformar el Seguro Social, aunque sin cambios significativos recientes. Think tanks como la AARP y organizaciones financieras, junto a multimillonarios, juegan un rol clave en estas discusiones. El sistema se estructura en tres pilares: un seguro social público y de reparto (gestionado por la Social Security Administration - SSA), planes voluntarios de ahorro individual para la jubilación y planes de pensiones ofrecidos por las empresas. El seguro social, administrado por el Gobierno Federal, se financia mediante cotizaciones que cubren prestaciones de jubilación, viudez y discapacidad. Si bien las cotizaciones de trabajadores y empresas financian las prestaciones actuales bajo un sistema de reparto, el derecho a percibir una pensión se basa en créditos de elegibilidad acumulados por años trabajados. Se informa a los trabajadores que este sistema debe complementarse con otras formas de ahorro.
Argentina: Veto Presidencial y Protestas Sociales
El régimen de capitalización, vigente en Argentina entre 1993 y 2008 con las AFJP, consistía en la acumulación de ahorros previsionales en cuentas individuales gestionadas por administradoras privadas que invertían el dinero para generar intereses. Este sistema está actualmente vigente en países como Chile y Colombia. Desde 2008, Argentina opera con un régimen de reparto, donde los aportes de trabajadores en actividad y empresas financian las jubilaciones, complementados por fondos provenientes de impuestos y el Tesoro nacional. El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por la ANSES, cubre a la mayoría de los trabajadores registrados, pero existen también sistemas provinciales, esquemas para personal de fuerzas armadas y de seguridad, y cajas profesionales. En 2024, el presidente Javier Milei vetó una ley que buscaba aumentar las pensiones en un 8%, argumentando riesgos para la sostenibilidad fiscal, lo que provocó protestas masivas de sindicatos y jubilados.
Francia: Movilizaciones contra la Reforma de Macron
El sistema de pensiones francés se compone de un plan básico estatal obligatorio, planes complementarios empresariales y la opción de un plan de pensiones privado de capitalización individual. Existen dos regímenes: el básico, similar a la Seguridad Social, y el complementario de puntos, donde las cotizaciones se traducen en puntos que definen una parte de la pensión. El aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años propuesto por Emmanuel Macron en 2023 desencadenó multitudinarias protestas, reflejando el rechazo a medidas que priorizan la sostenibilidad fiscal sobre los derechos laborales.
Sistema de pensiones en Chile
El movimiento No+AFP organizó marchas nacionales contra el sistema chileno de pensiones, impuesto en 1981 por la dictadura cívico-militar, con la promesa de pensiones del 70% o más de los sueldos en activo, una promesa que no se materializó. Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), explica que es un sistema de ahorro forzoso que debería ser financiado con excedentes y no con salarios. Incluso los defensores del sistema de capitalización individual reconocen la necesidad de correcciones. La Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones chileno presentó en 2015 un “diagnóstico lapidario”. Según la Superintendencia de Pensiones, el monto promedio de las jubilaciones en Chile ronda los $197.726 pesos, inferior al sueldo mínimo. El capital administrado por las AFP supera los 167 mil millones de dólares, equivalentes a dos tercios del PIB chileno.
La llamada “Comisión Bravo” presentó tres propuestas (A, B y C) que fueron debatidas en el seno del Gobierno y la sociedad. Tras la primera protesta popular en julio de 2016, Bachelet anunció proyectos para aumentar la tasa de cotización en cinco puntos porcentuales, asumidos por el empleador. La propuesta B apuntaba a restablecer gradualmente el sistema de reparto, comenzando por los cotizantes con ingresos inferiores a la mediana. Riesco la considera la única propuesta sustentada en un modelo de proyección de ingresos y gastos, permitiendo jubilar a todas las personas con edad legal de retiro y duplicar el monto de las pensiones sin modificar la edad legal ni la tasa de cotización actual, además de generar ahorros fiscales significativos. Luis Mesina, vocero de No+AFP, llamó a abandonar masivamente las AFP Cuprum y Provida, acusadas de evasión fiscal, y convocó a un paro nacional. El objetivo final es un sistema de pensiones de reparto, solidario, tripartito y administrado por el Estado.
Un estudio de Criteria, “Sistema previsional y subjetividades: del ‘No+AFP’ a ‘#ConMiPlatano’”, analiza el cambio de visión ciudadana. En 2018, el 81% de los encuestados estaba de acuerdo con que el sistema debía ser totalmente estatal. El movimiento No+AFP ha logrado instalar el debate sobre las AFP de manera transversal en Chile. La Coordinadora propone un modelo de reparto donde el Estado aporte al ahorro previsional.
Si se mantiene el sistema de AFP, incluso con aumentos en la cotización o la edad de jubilación, las mejoras podrían tardar 30 o 35 años en manifestarse. Chile carece de un sistema de pensiones basado en los principios de la Seguridad Social o un Sistema Mixto que incorpore el Reparto en su pilar contributivo. El sistema actual es una combinación de ahorro privado obligatorio con asistencia social para el 60% más pobre. Las pensiones pagadas no tienen relación con el tamaño de la economía chilena. Las AFP administran un capital equivalente al 72,8% del PIB, y las compañías de seguro otro 20%, sumando el 92,8% del PIB. El objetivo central de las AFP es dinamizar el sistema financiero y capitalizar grandes grupos económicos, no pagar buenas pensiones, reproduciendo un modelo económico poco sustentable. A pesar de ser privado, el sistema dependerá cada vez más de subsidios estatales. Se considera ilegítimo y rechazado por la sociedad, que nunca tuvo voz en su creación durante la dictadura.
La urgencia es asegurar pensiones adecuadas sin un aumento considerable del gasto público. La propuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO + AFP cumple con estos principios. Las marchas de 2016 abrieron el debate sobre las pensiones. Las AFP, tras 35 años, han demostrado ser ineficientes, caras e incapaces de pagar pensiones dignas, con un promedio inferior a $200.000 pesos. Nacieron para desarrollar el “mercado de capitales”. Cualquier modificación dentro del sistema actual no mejora las pensiones de los actuales y futuros pensionados. La estrategia de las AFP se basa en mayor ahorro y altas rentabilidades, pero las rentabilidades futuras se prevén a la baja. Se cuestiona que sean Sociedades Anónimas (S.A.).
Se propone un Sistema de Seguridad Social de reparto, público, financiado tripartitamente y solidario, donde los aportes de trabajadores, empleadores y Estado paguen las pensiones de los pasivos, un modelo común en países modernos. Se desmienten las afirmaciones sobre la quiebra de sistemas de reparto, señalando que no especulan con los ahorros. Los excedentes se destinan a fondos de reserva o “rentabilidad social”. La relación actual de 5 activos por un pasivo en Chile es favorable para un sistema de reparto, y solo en 35 años se requeriría un ajuste demográfico. Se niega la “expropiación” de ahorros individuales, afirmando que estos se traspasarán al nuevo sistema. Se refuta la idea de que los sistemas de reparto subsidian a quienes nunca han cotizado, explicando que la mayoría de los trabajadores tiene bajos salarios y escasos ahorros en sus cuentas individuales.
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