El sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creado mediante el decreto ley 3.500 el 4 de noviembre de 1980, ha sido objeto de intensos cuestionamientos políticos y sociales. Diversos sectores, liderados por figuras como el senador Alejandro Navarro, han impulsado una reforma estructural para reemplazar este modelo por un sistema de carácter solidario y público.
El proyecto de ley para la creación del Instituto de Seguridad Social
Un grupo de parlamentarios de oposición, entre ellos los senadores Alejandro Navarro, Carlos Bianchi, Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre y Alfonso de Urresti, presentó una iniciativa legal que busca derogar el decreto ley 3.500. El objetivo central es la creación del Instituto de Seguridad Social de Chile, un organismo público y descentralizado con patrimonio propio, que estaría sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Pilares del nuevo sistema propuesto
La propuesta establece un modelo basado en el principio de solidaridad, cuyas prestaciones principales incluirían:
- Pensión Básica Universal: equivalente al Salario Mínimo Garantizado.
- Pensión de Vejez.
- Pensión de Invalidez.
- Pensión de Sobrevivencia.
El financiamiento de este sistema se plantea de forma tripartita, con aportes del trabajador, el empleador y el Estado. Se estipula que los trabajadores (mujeres menores de 60 años y hombres menores de 65 años) contribuirían con el 10% de sus remuneraciones al Fondo Nacional de Pensiones Solidarias y a la Reserva Técnica Legal, con una rebaja gradual del 1% a partir del año 2027.
Argumentos para la reforma
Impacto económico y volatilidad
Los parlamentarios argumentan que la presentación del proyecto responde al grave impacto de la alta volatilidad y el desplome de los mercados financieros, tanto nacionales como internacionales, sobre el valor de los fondos de pensiones. Se considera indispensable proteger los ahorros de los trabajadores frente a pérdidas millonarias, como las experimentadas durante la crisis del Covid-19.
El debate sobre la administración y transparencia
El senador Navarro ha enfatizado que el sistema actual es percibido como abusivo, argumentando que las AFP priorizan la rentabilidad privada sobre la mejora en las pensiones. En este contexto, se han denunciado irregularidades en procesos de fusión entre administradoras, como los casos de Cuprum-Argentum y Provida-Metlife, señalándolos como mecanismos de elusión tributaria que perjudican al Estado.
El debate también ha alcanzado al ámbito de los Ahorros Previsionales Voluntarios (APV), donde se ha cuestionado que diversos parlamentarios críticos del sistema mantengan altos montos en estos instrumentos, lo que ha generado una discusión sobre la coherencia política frente a la demanda de un sistema sin fines de lucro.
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Próximos pasos en el Senado
La estrategia de los impulsores de la reforma consiste en utilizar la vía de la reforma constitucional para garantizar la admisibilidad del debate. Según el senador Navarro, el primer paso debe ser permitir el retiro de parte de los recursos para aliviar la situación de los pensionados actuales, mientras se busca la voluntad política necesaria en el Senado para terminar definitivamente con el sistema de AFP y transitar hacia un modelo que garantice pensiones dignas.