La vulnerabilidad se erige como una categoría fundamental en la psicología social comunitaria, especialmente al abordar los procesos psicosociales de opresión y exclusión. Si bien la vulnerabilidad es una condición intrínseca del ser humano, que impulsa la necesidad de organización política para mitigar la indefensión inherente al estar en el mundo, esta se agudiza bajo determinadas circunstancias sociales y políticas. La exposición a la violencia y al sufrimiento no es equitativa, sino que se distribuye de manera diferencial según los condicionamientos de clase, género, etnia y generación.
Estos procesos implican considerar la interacción de un componente individual, relacionado con la capacidad emocional y simbólica; un componente social, referente a las relaciones con otros; y un componente programático, que abarca la disponibilidad y acceso a la protección de las políticas sociales. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la progresiva constitución como sujetos autónomos revela una condición de vulnerabilidad originaria. Las limitaciones en su capacidad de autorrepresentación y participación plena como ciudadanos en la vida política subrayan su dependencia del mundo adulto para ejercer dichos derechos. Por ello, el papel de las instituciones sociales en la producción, protección y tutela de la infancia y adolescencia es crucial para generar o no espacios sociales y comunitarios que posibiliten la autonomía, la participación social y el desarrollo de prácticas de cuidado propio y hacia los demás.
La exigibilidad de derechos y la toma de la palabra
En este contexto, la exigibilidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes implica cuestionar las situaciones de exclusión psicosocial a través del desarrollo de dispositivos de subjetivación sustentados por el mundo adulto. La exigibilidad de derechos es un proceso social que involucra a diversos actores comunitarios. En la infancia, esta exigibilidad impulsa la promoción de la agencia de niños, niñas y adolescentes, protegiéndolos de la hostilidad del mundo y valorando sus voces. Al habilitar su expresión, se generan sentidos y significados sobre su propia vida y el mundo, evidenciando identidades adoptadas y atribuidas, discursos sociales y relaciones de poder, y abriendo posibilidades para la resignificación de sus historias y la interpelación a marcos culturales y sociales restrictivos.
En el ámbito de la infancia, la exigibilidad de sus derechos frente a la vulnerabilidad constitutiva y los procesos de vulneración remite a la "toma de la palabra". Este es el primer paso de la acción política, que consiste en habilitar el espacio social para que los niños y niñas puedan afirmar su individualidad y reclamar su inscripción en los dispositivos subjetivantes de la comunidad o las políticas sociales.
Marco normativo y contexto argentino
Instrumentos fundacionales en este campo incluyen la Declaración Internacional de los Derechos del Niño (1959), las Reglas de Beijing (1985) y la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN; 1989), siendo esta última el instrumento de derechos humanos más rápidamente ratificado a nivel mundial. Sin embargo, las políticas neoliberales de las últimas décadas han generado un proceso mundial de infantilización de la pobreza, poniendo en tela de juicio la adhesión de los Estados a estos tratados y el rol de las instituciones adultas en la garantía de los derechos de la infancia.
En Argentina, esta tendencia se manifiesta en diversas formas de vulneración de derechos. En 2013, la tasa de pobreza infantil alcanzaba el 46,26%, significativamente superior al 31,46% de la población general. El deterioro de las condiciones de vida se evidencia en el aumento de la explotación laboral infantil, niños y niñas en situación de calle, la maternidad adolescente temprana, y el secuestro y trata para la explotación sexual comercial infantil.
Para abordar esta problemática, en 2005 se creó en Argentina el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (SPIDNNyA), a partir de la ley 26.061. Este sistema establece principios normativos para el desarrollo de políticas sociales que garanticen los derechos de la infancia, con ejes centrales en el interés superior del niño y el enfoque de integralidad de derechos. Los programas sociales dentro del SPIDNNyA son evaluados en cuanto a su alcance y eficacia en la restitución de derechos vulnerados.
Investigación y voz de los jóvenes
Desde la psicología social comunitaria, investigaciones previas han abordado las situaciones de vulneración de derechos y desventaja social de niños, niñas y adolescentes en contextos de pobreza y exclusión. Sin embargo, muchas de estas investigaciones han priorizado la perspectiva de los adultos referentes, ya sean familiares o institucionales, dejando en segundo plano la voz de los propios jóvenes. Otras investigaciones que sí recuperan la voz infantil y adolescente, han circunscrito los estudios sobre vulnerabilidad psicosocial a temáticas como el bienestar comunitario, la prevención de delincuencia juvenil, las trayectorias educativas vulnerables o las situaciones de institucionalización.
El objetivo del presente artículo es reflexionar sobre la mirada hacia los jóvenes, desde dónde y cómo los acompañamos. La adolescencia es una de las etapas evolutivas más difíciles, se deben afrontar cambios en todos los niveles, físicos, emocionales, morales, de relaciones y de compromisos, en una sociedad excluyente y llena de prejuicios. Los y las jóvenes en situación vulnerable se enfrentan a la adolescencia desde una perspectiva complicada: a la condición de adolescentes se suman sus situaciones personales difíciles y conflictivas. Cuando hablamos de jóvenes en situación vulnerable, esta necesidad de huida, de confrontación, pero de búsqueda constante del adulto referente se acentúa aún más debido a la carencia de tener un referente claro. Los y las adolescentes se oponen a los adultos para reafirmarse, para demostrar que ya no son niños, que no dependen ni necesitan los adultos referentes. Los adultos que acompañan a los adolescentes deben ser cercanos, deben estar disponibles, alguien a quien puedan pedir ayuda en cualquier momento, positivos con actitud abierta y accesible, convertirse en un referente para ellos y ellas.
Contexto regional y educación
La inclusión de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad es una prioridad en la agenda educativa de la UNESCO en Ecuador. Un nuevo financiamiento de 7.410.000 dólares del Fondo ECW permitirá implementar un Programa Multianual de Resiliencia para la inclusión educativa de más de 100 mil niños, niñas y adolescentes vulnerables durante tres años. Este programa, desarrollado en colaboración con las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, busca mejorar el acceso a una educación de calidad, equitativa e inclusiva, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Incluso antes de la pandemia, aproximadamente 268.000 niñas, niños y adolescentes en Ecuador estaban fuera del sistema educativo. La educación es un derecho humano fundamental, y el compromiso de garantizarla para todas las personas sin discriminación se ha renovado constantemente.
Desafíos y respuestas a la vulnerabilidad juvenil en la región destacan la escasez de recursos, la falta de oportunidades educativas y laborales, y la exposición a la discriminación, violencia y abuso. En 2021, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto a Education Above All y Silatech, lanzó una asociación centrada en los derechos humanos de los jóvenes en situaciones vulnerables, con el objetivo de empoderar y movilizar a los jóvenes para defender sus derechos humanos, desarrollando y difundiendo recursos de aprendizaje. Los resultados iniciales incluyen un Consejo Consultivo de la Juventud, consultas regionales y nacionales a jóvenes, y una herramienta sobre juventud y derechos humanos.
Análisis psico-social de la vulnerabilidad juvenil
La vulnerabilidad es un concepto central en las Ciencias Sociales, abarcando educación, sociología y psicología. Se define como una condición de inseguridad y incertidumbre frente a la existencia, la historia cotidiana y el mundo circundante. Algo o alguien es vulnerable cuando es incapaz de resistir y absorber los efectos de un cambio ambiental. La vulnerabilidad presenta dos caras: una externa, referente a los riesgos y presiones a los que se está expuesto; y una interna, relacionada con la falta de estructura o recursos para afrontar la situación. Hablar de vulnerabilidad implica considerar riesgos de tres tipos: el riesgo de exposición a una situación amenazante, el riesgo de no tener capacidad para afrontarla, y el riesgo de sufrir consecuencias graves o no recuperarse.
La dinámica de la vulnerabilidad involucra la interrelación de factores de riesgo y vulnerabilidad; cuanto mayores sean, más grave será el desastre. Una situación solo se considera un riesgo si afecta a una persona o grupo vulnerable a ella. La vulnerabilidad de las personas y grupos humanos no es estática, sino dinámica, fluctuando según las circunstancias e interactuando con factores internos y externos. Puede ser producto de múltiples factores que se refuerzan mutuamente, desde lo estructural a lo personal. Características como la edad, género, etnia, religión, clase social, lugar de residencia y estatus jurídico influyen en la vulnerabilidad individual. El medio social también puede generar situaciones de peligro y desprotección.
Existen diferentes tipos de vulnerabilidad, estrechamente interconectados. No hay dos vulnerabilidades iguales; cada persona o colectivo es susceptible a determinadas situaciones con un grado propio. Para la prevención, es esencial elaborar perfiles de vulnerabilidad, analizando los diversos factores y puntos fuertes y débiles de la persona o grupo.
Prevención y mitigación de la vulnerabilidad
La pregunta fundamental es si se puede evitar el daño. La respuesta radica en la ecuación de riesgo y vulnerabilidad: si uno de los factores tiende a cero, el desastre también lo hará. Se busca evitar la exposición a situaciones de riesgo o reducir la impotencia de las personas y grupos, ayudándoles a desarrollar estrategias de evitación o afrontamiento. Ante la posibilidad de que el desastre ocurra, se prepara a las personas y grupos para afrontarlo de la mejor manera posible, reduciendo el sufrimiento y acelerando la recuperación.
La actuación más eficaz articula medidas de prevención, mitigación y preparación. En la mayoría de los casos, es conveniente incidir de forma coordinada en el aspecto estructural (macro) y en el particular (micro).
Tipos de vulnerabilidad y factores asociados
Se distingue entre vulnerabilidad social y vulnerabilidad personal. Vulnerabilidad Social: Situación de fragilidad derivada de factores sociales y condicionantes estructurales. Afecta a personas, hogares, colectivos e incluso países, exponiéndolos a alteraciones bruscas en sus niveles de vida e integración social. Vulnerabilidad Personal: Consecuencia de características personales. Se pueden identificar diferentes niveles: Nivel Externo (Primer y Segundo): Derivado de no considerar a la persona como tal (trato infrahumano) o de cuestionar su capacidad de raciocinio y libertad (primeros o últimos estadios de la vida, discapacidades). El entorno decide sobre estas personas, con raíces ideológicas en la situación. Nivel Biológico (Tercer): Riesgo de enfermar corporal y mentalmente. Niveles Internos (Cuarto y Quinto): Vulnerabilidad Existencial, Incertidumbre y fragilidad frente al proyecto vital. Vulnerabilidad Psicológica o Incompetencia: Dificultad para afrontar las dificultades y estresores de la vida, con pensamiento negativo, sentimientos de indefensión y desesperanza. Además, existe la vulnerabilidad generada por la pobreza infantil y las desigualdades regionales que impactan salud, desarrollo y educación.
La pobreza en la infancia es una realidad en muchos países. América Latina y el Caribe siguen siendo una de las regiones más desiguales del mundo. El UNICEF estima que para finales de 2024, 16,4 millones de niños en estas localidades necesitarán apoyo humanitario debido a las crisis actuales. La pobreza y la desigualdad se relacionan con mayores riesgos de mortalidad infantil, retraso en el desarrollo y embarazos precoces. La desnutrición y la falta de acceso a servicios de salud mental agravan la vulnerabilidad, y es necesario hacer accesibles la orientación, la información y el cuidado para todas las familias, especialmente las más vulnerables. Sin embargo, el abuso puede ocurrir en cualquier clase social, aunque la desigualdad agrava las condiciones de acceso a educación y servicios.
La intervención temprana y la promoción de la salud deben ser prioritarias; las iniciativas impulsadas por jóvenes muestran que pueden ser miembros productivos y participativos de la sociedad. Las campañas de prevención, como la campaña de articulación entre educación y protección, deben incluir a padres, educadores y comunidades para romper el silencio y buscar apoyo.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos.
En Brasil, la lucha contra la explotación sexual de niños y adolescentes se apoya en la Constitución Federal de 1988, el ECA y el Código Penal, destacando la necesidad de concienciar a la población y prevenir a través de la educación y la participación comunitaria. La campaña de sensibilización enfatiza la importancia de denunciar y buscar apoyo, distribuyéndose material de forma gratuita en escuelas y guarderías públicas.
Conclusiones operativas
Los programas e intervenciones deben responder eficazmente a las necesidades y deseos de cada grupo destinatario, involucrando a adolescentes en el diseño y ejecución de las acciones. La intervención debe considerar las dimensiones de familia, pares, escuela, trabajo y ocio, y garantizar la participación de los propios adolescentes, junto con el apoyo de profesionales de la salud y actores comunitarios. La adolescencia es tanto una etapa de vulnerabilidad como de oportunidad; el tiempo para promover conductas saludables, reforzar la agencia juvenil y desarrollar resiliencia está en la primera línea de las políticas sociales y educativas.
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