Una investigación penal que comenzó como un gran escándalo al interior de Gendarmería en 2016, por el pago de millonarias pensiones, ha generado diversas acciones legales y cuestionamientos. Inicialmente, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia para comunicar su decisión de no perseverar contra una veintena de pensionados de la institución, tras concluir que no existían delitos en el proceso de jubilación. Incluso, según conocedores del caso, la Contraloría tomó razón de estas pensiones.
Origen y Desarrollo de la Investigación Penal
Algunos de los hechos apuntaban contra exdirectores del organismo que subieron los sueldos de los funcionarios públicos por medio de distintos mecanismos. Por ejemplo, uno de los hechos indagados era la asignación de funciones críticas a los funcionarios próximos a jubilar, con el fin de abultar sus sueldos. Esto se hacía pese a que dichas funciones están establecidas por la ley para ser aplicadas a personas que tenían directa relación con unidades penitenciarias y en constante riesgo. Otra maniobra consistía en la asignación de "cargos privilegiados de alto mando" como el de subdirector operativo.
La Querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE)
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una querella criminal "en contra de las personas que resulten responsables por la comisión del delito de fraude al fisco" en medio del caso de las pensiones en Gendarmería. De acuerdo con el CDE, "al interior de Gendarmería, y tal como consta en la carpeta investigativa, se han realizado una serie de maniobras orientadas a la obtención fraudulenta de pensiones abultadas que exceden el tope legal". Estas acciones se habrían verificado sin cumplir los requisitos legales para su otorgamiento, generando un perjuicio cuya determinación deberá ser establecida en la presente investigación.
El Caso Myriam Olate
En la querella aparece individualizado el nombre de Myriam Olate Berríos, ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade. Mediante la Resolución N° 347 de 2015 de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), se le otorgó pensión de retiro a la ex servidora. Sin embargo, conforme se advirtió en el informe final número 56 de 7 de septiembre de 2012 sobre auditoría efectuada en la Dipreca por la Contraloría General de la República, la señora Olate Berríos, entre otros funcionarios, no cumplía con los requisitos para ser imponente de esa caja previsional.
La Contraloría instruyó que Olate debía remitir las erogaciones recibidas de Gendarmería de Chile a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que la Superintendencia de Pensiones señalase. Luego, en el correspondiente informe de seguimiento del 7 de octubre de 2014, se dejó constancia de que la objeción antes referida no había sido corregida, en la medida que Gendarmería de Chile no dio respuesta a las solicitudes de la Dipreca respecto de la AFP a la cual estaba adscrita la funcionaria y en lo tocante a abstenerse de remitir las erogaciones de esta última.
De este modo, no obstante haber sido advertida por el ente contralor, y pese a que la propia Dipreca ordenó la desvinculación de la funcionaria del sistema previsional en cuestión, esa repartición procedió, con infracción a la normativa vigente y en un evidente actuar doloso, a emitir la Resolución N° 347 de 2015, otorgándole la pertinente pensión de retiro. Dicha resolución señala, luego de citar las disposiciones legales que la sustentan, "que se concede a la funcionaria de Gendarmería de Chile, Ema Myriam Olate Berríos, subdirector técnico, por la causal de renuncia voluntaria, fecha de retiro 1 de octubre de 2015 pensión de retiro ascendente a $5.241.799". Esta resolución se aparta, más aún, desconoce y desacata lo ordenado en el informe final 56-2012 y de seguimiento 56-2014, emanado de la Contraloría General de la República.
Por otro lado, en lo tocante a las remuneraciones percibidas por la señora Olate Berríos durante el año 2015, y que sirvieron de cálculo a la pensión de retiro, se advierte el pago indebido de la bonificación compensatoria de la asignación de modernización, ya que percibía remuneraciones por sobre el tope imponible.
Repercusiones Institucionales y Políticas
El Ministerio de Justicia decidió intervenir a Gendarmería, lo que implicó que las decisiones de su director debían gozar del visto bueno del Ministerio. Además, se cursarían sumarios y una auditoría interna para revisar responsabilidades administrativas por los casos de aumentos de sueldo y pensiones millonarias que tienen cuestionada a Gendarmería. Esto también abrió duras críticas al sistema de AFP y generó cuestionamientos al Ministerio de Justicia por su demora en responder, encabezado en ese momento por Javiera Blanco, dado que este organismo es el encargado de los nombramientos de los altos funcionarios, siendo la misma Olate ascendida por la propia ministra Blanco.
Los profundos cuestionamientos a la millonaria pensión privilegiada de Myriam Olate, quien milita en el Partido Socialista desde 1992, implicaron que la mesa del PS ordenara la intervención del Tribunal Supremo para revisar el caso y cualquier irregularidad que se constatase y esclarecer si se incumplían los estatutos y el código de ética partidario. Molestia y confusión existen al interior de Gendarmería al conocer que varios coroneles retirados de la institución y profesionales civiles jubilados reciben pensiones superiores a los cinco millones de pesos, entre las que destaca la de la periodista Ema Myriam Olate Berríos, quien percibe una pensión de $5.214.799 mensuales.
En un momento de la investigación, de los 16 parlamentarios pertenecientes a la comisión que abordaba el tema, solo asistieron 6: las diputadas Denise Pascal y Karla Rubilar junto a los diputados Jorge Ulloa, José Pérez, Juan Coloma y el presidente de la misma, Leonardo Soto. Además, se hicieron presentes el Director de Previsión de Carabineros, Jaime Gatica, Pamela Sanchez, fiscal institucional de la institución y algunas de las personas sindicadas como receptoras de pensiones irregulares, todos ex funcionarios de gendarmería: Hernán Ayala Rivera, Juan Carlos Estay Vergara, Oscar Ernesto Garcés Cid, Hernán Molina Torres, Víctor Alfonso Pereira Acevedo, Nelson Villarroel Román. Según la opinión de algunos asistentes, no habría daño al fisco ya que el procedimiento de descuento se realizaría con los reajustes ad hoc.
La Demanda Colectiva de la ANOP contra el Estado
El escándalo se desató tras una publicación que evidenció que la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS) tenía una pensión, desde 2015, de más de cinco millones de pesos como ex funcionaria de Gendarmería. Luego de eso, una serie de ex oficiales y ex altos funcionarios de Gendarmería salieron a la palestra por millonarias pensiones que habían obtenido, en muchos casos, a través de "maniobras fraudulentas", según denunció el Consejo de Defensa del Estado en una ampliación de la querella por fraude al Fisco en marzo de este año.
Tras este escándalo, Contraloría se refirió al tema a través del dictamen n° 42.701 de 2016 y luego en posteriores dictámenes que lo complementaron. Este dictamen definió un monto máximo de las pensiones de ex funcionarios de Gendarmería de 60 UF como máximo, argumentando que anteriormente Gendarmería, que también funciona en este beneficio con Dipreca, había calculado mal las pensiones al usar el criterio de jubilar con una pensión que promediaba los últimos salarios de los funcionarios.
Diversas asociaciones de funcionarios alegaron al respecto y hasta llegaron a la Corte Suprema, reclamando un perjuicio en su contra, lo que finalmente la corte rechazó. Sin embargo, en mayo del año pasado, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile (ANOP) decidió insistir, esta vez por la vía civil. La demanda es contra el Estado de Chile, en específico, contra Contraloría, representada también por el Consejo de Defensa del Estado, y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).
Detalles de la Demanda de la ANOP
El 29 de mayo, la página oficial de ANOP dio cuenta de la demanda que interpuso la asociación y sus asociados, la que fue acogida a tramitación en el 22° Juzgado Civil de Santiago. El abogado en representación del sindicato es Ciro Colombara, quien señaló que "una demanda de nulidad de derecho público contra un Dictamen de la Contraloría es un camino complejo, pero es la única vía judicial para lograr que un Tribunal de Justicia se pronuncie -a través de un juicio de lato conocimiento- sobre una decisión del Órgano Contralor tomada en el año 2016, que ha perjudicado -y seguirá perjudicando- gravemente a centenares de oficiales de Gendarmería".
Colombara añadió que el dictamen impugnado, al imponer un límite en la remuneración imponible de los funcionarios de Gendarmería, ha puesto a dichos funcionarios públicos en una situación de desmedro en comparación con el resto de los cotizantes de Dipreca. La demanda detalla lo que los oficiales describen como un perjuicio que han sufrido al tener un límite de monto en sus pensiones de 60 UF, que hoy es más de 1.800.000 pesos. Entre las compensaciones que solicitan, está el monto de 100 millones de pesos para cada asociado a la demanda, entre los que se encuentran varios integrantes del alto mando de Gendarmería, incluyendo al propio Christian Alveal.
Christian Alveal y su Rol en la Demanda
Christian Alveal, actual director nacional de Gendarmería, no ha pasado inadvertido. En diciembre de 2018 el presidente Sebastián Piñera lo ratificó como director nacional de Gendarmería, aunque meses antes ya estaba ejerciendo como director subrogante. Nuevos antecedentes a los que accedió INTERFERENCIA, dan cuenta de que Alveal participó en la demanda colectiva realizada por la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile (ANOP) en 2020. Es decir, ya como Director Nacional de Gendarmería, se mantiene como asociado a este sindicato, y además, participó en esta demanda, donde aparece su nombre y su firma.
Lo más sorprendente es que la demanda es en contra del Estado de Chile, en específico, en contra de Contraloría, representada también por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), debido a lo que los oficiales de Gendarmería consideran un detrimento en su contra la resolución de Contraloría que le puso límite a las pensiones de los ex funcionarios, después de diversos escándalos que salpicaron incluso a Myriam Olate. En la demanda, no solo aparece el nombre de Christian Alveal como asociado a la ANOP, quien eventualmente podría recibir los 100 millones de pesos solicitados, sino que también se adjunta un mandato judicial para el abogado Colombara y su equipo, donde aparece el nombre y la firma de Alveal. El mandato, de 2019, Alveal lo firmó ya siendo Director Nacional de Gendarmería. Asimismo, ocurrió con la demanda presentada en mayo del año pasado.
Alveal, entre 2013 y 2014, fue jefe de gabinete del coronel Marcos Fuentes, quien fue director de Gendarmería y uno de los beneficiados con una pensión millonaria. Por lo tanto, Alveal conoce el mecanismo de jubilación que utilizaron los ex gendarmes denunciados por el fisco, mecanismo que Contraloría dictó corregir. Alveal también fue dirigente de ANOP antes de ser director nacional de Gendarmería, asociación en la que se mantiene como socio sindicalizado. Consultado sobre esta demanda contra el Estado, a la que él se sumó, el director de Gendarmería no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Las Explicaciones de la ANOP
INTERFERENCIA se contactó con la ANOP para conocer los motivos que los llevaron a demandar al Estado. La asociación, que agrupa al alto mando y oficiales de Gendarmería, declaró: "Esta no fue una demanda que interpusimos al azar, no es una señal de molestia y disconformidad, es el resultado de mucho trabajo de recopilación apoyado por distintos profesionales, abogados, peritos y hasta economistas".
Un informe de auditoría señala que 8 ex funcionarios se jubilaron con una pensión por sobre las 60 UF entre 2014 y 2015. Un total de 120 páginas conforman el informe de auditoría y examen de cuentas a los gastos de personal efectuados por Gendarmería entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2015. Al respecto, la Contraloría instruyó a Gendarmería "comunicar a Dipreca acerca de la situación que afecta a los 52 funcionarios restantes, que no cumplen con uno de los requisitos para estar adscritos al referido régimen previsional, esto es, estar en la planta de la institución.
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