Presentación del Seminario: Diálogo y Propuestas
El seminario sobre Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad tiene como objetivo primordial generar un espacio de diálogo que cruce las fronteras entre la judicatura, la academia y la política social. Este evento busca difundir investigaciones recientes sobre las barreras y soluciones en esta área, centrándose en la propuesta de recomendaciones concretas para políticas públicas que promuevan la igualdad en el acceso a la justicia de esta población.
El evento está dirigido a un público amplio, convocando a académicos e investigadores, junto con estudiantes de pregrado y postgrado, que deseen profundizar en el tema. Se pone un foco especial en los profesionales del derecho -jueces, abogados y otros operadores-, cuya práctica diaria es fundamental.
La organización de este seminario es una colaboración entre el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Proyecto Fondecyt 1240242 (ANID) y el Núcleo Milenio Discapacidad y Ciudadanía (ANID).
Voz Experta: Anna Arstein-Kerslake y la Capacidad Jurídica
Anna Arstein-Kerslake, académica de la Universidad de Melbourne y la Universidad de Galway, es una autoridad mundial en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Es autora de libros clave como Restoring Voice to People with Cognitive Disabilities y Legal Capacity and Gender.
Su trabajo promueve modelos de toma de decisiones con apoyo frente a la tutela tradicional, buscando empoderar a las personas con discapacidad en su autonomía legal. Además, asesoró al Comité de la ONU en la redacción de la Observación General Nº 1 sobre capacidad jurídica, lo que subraya su influencia en la formulación de políticas y estándares internacionales.
Análisis Jurídico: Deficiencias Legislativas y Discapacidad
Un análisis jurídico ha revelado un incumplimiento en la legislación penal y/o procesal en el sentido de prohibir arreglos al margen de la ley de los procedimientos. No se encuentra legislación relativa a ajustes de procedimiento ni garantías procesales explícitas para la intervención de personas con discapacidad en procesos legales.
Por otra parte, el Artículo 10 del Código Penal exime de responsabilidad criminal al "loco o demente", a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y a quien, por cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de razón. Asimismo, el Artículo 458 del Código Procesal Penal establece los requisitos para la procedencia del procedimiento especial para personas imputadas presumiblemente enajenadas mentales. Estas disposiciones resaltan la necesidad de una revisión y adecuación que garantice los derechos y la participación plena de las personas con discapacidad en el sistema judicial.
Programa de Acceso a la Justicia y Ajustes Procesales
El Programa Acceso a la Justicia para personas con Discapacidad se desarrolla en colaboración con las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) de todo el país. Este programa enfatiza que, cuando se solicite, la provisión de ajustes procesales debe darse en “todos los procedimientos judiciales y administrativos” y basarse en la libre elección y preferencia de la persona interesada.
Ejemplos de Ajustes Procesales Clave
Los ajustes procesales son fundamentales para garantizar la participación efectiva. Algunos ejemplos incluyen:
- La interpretación en lenguaje de señas.
- La disponibilidad de información jurídica y judicial en formatos accesibles.
- El uso de múltiples medios de comunicación.
- Las versiones de fácil lectura de los documentos.
- La participación en Braille y a distancia.
- El testimonio por enlace de vídeo.
- La provisión de tecnologías de asistencia y asistencia personal.
- La flexibilidad procesal para dar cabida a requisitos específicos de participación, como el cambio de sede de un tribunal.
- La posibilidad de que los intérpretes de lenguaje de señas participen en debates confidenciales con jurado.
- La ampliación o el ajuste de los plazos procesales y otras formalidades (véase el ACNUDH, A/HRC/37/25, párr. 13.16).
En cuanto al presupuesto asignado y gastado en medidas para promover el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y su participación en el sistema judicial, incluyendo explícitamente la asistencia jurídica y la formación de jueces y fiscales, actualmente no se tiene información disponible para construir este indicador.