En Chile, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo tutela estatal ha estado sistemáticamente comprometida, evidenciando una profunda crisis en el Servicio Nacional de Menores (Sename). Diversos informes y estudios han revelado un patrón de abusos y deficiencias operacionales que claman por una reforma urgente y profunda.
Un Sistema en Entredicho: La Violación Sistemática de Derechos
El Estado de Chile ha sido señalado por violar sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. Esta grave conclusión se desprende de un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. El informe policial, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público inicialmente, lo que generó un fuerte cuestionamiento por parte del diputado René Saffirio, quien denunció la gravedad de los hechos.
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Sename. No obstante, las vulneraciones continuaron.
Radiografía de las Vulneraciones: Hallazgos de Investigaciones Clave
Informe de la PDI (2017-2018): Cifras y Detalles
El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. CIPER accedió a este informe de 257 páginas, un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette.
Los detectives visitaron 240 de las 241 residencias existentes en el país (administradas directamente por el Sename o gestionadas por instituciones privadas), negándose solo una a recibirlos. Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, el equipo de la PDI constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido, y la mayoría de los directores de los centros informaron no contar con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos, por lo que los datos levantados corresponden casi exclusivamente a ese año.
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%. La Fiscalía también ordenó atender con urgencia a 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”, situación informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud.
Misión de Observación del INDH (2017): Una Mirada Integral
Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó una misión de observación en 171 centros de todas las regiones del país. Los objetivos fueron evaluar el cumplimiento de los derechos humanos, las condiciones laborales de los funcionarios e indagar sobre eventuales vulneraciones a NNA residentes. Se realizaron entrevistas a directores, encuestas a trabajadores y entrevistas a 401 NNA residentes.
Es importante señalar que, en Chile, de los 250 centros existentes en la actualidad, solo 11 corresponden a Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) por parte del Sename; el resto (95,6%) es administrado por organizaciones colaboradoras acreditadas.
Del estudio se desprenden 10 temáticas relevantes:
- Perfil de NNA: Predominantemente femenino (63,5%), con un 60% entre 8 y 13 años.
- Perfil de los trabajadores: Mayoría mujeres (87,9%), lo que refleja una feminización del personal.
Abuso Sexual: Prevalencia y Características
El estudio del INDH arrojó que, de los NNA entrevistados, en 23 casos se reportó el sufrimiento de abuso sexual durante los últimos 12 meses, lo que corresponde a una prevalencia del 6,4%. Además, se identificaron otros 4 casos ocurridos en el centro actual o anterior y un caso identificado posteriormente. Es tristemente destacable que 8 de cada 10 abusos sexuales son experimentados por niñas (79,7% de los casos), lo que indica una feminización de las víctimas. En el 78% de los casos, el abuso sería cometido por otro menor de edad, mientras que en un 7% fue efectuado por un adulto del centro. Un preocupante 69% de las víctimas sigue en contacto con la persona que habría cometido el abuso.
El 52% de los NNA declaró haber sufrido abusos en reiteradas oportunidades, y el 66% de quienes reportaron abusos los experimentaron cuando tenían menos de 14 años.
Con respecto al tipo de abuso cometido, el más común es el de tocaciones en partes íntimas (55,3%), seguido de un 16,7% de menores que declaró que “alguien se ha aparecido en el baño con la intención explícita de observar sus partes íntimas”. Las insinuaciones de carácter sexual representan un 16%.
En cuanto a la respuesta de los centros, de 150 entrevistados, solo el 6% reportó denuncias contra el personal en los últimos 15 meses. Solo un 2% de los centros (tres de ellos) reportan haber desvinculado a personal por situaciones de abuso, despidiendo solamente a una persona en cada caso.
Violencia Institucionalizada y Maltrato
La mayor parte de los menores declaró haber recibido algún tipo de castigo por parte del personal del centro, con un 84% de las respuestas. Esto afecta por igual a niños y niñas, sin diferencias significativas de edad. Aunque los castigos más comunes son prohibir ver la televisión (45,5%) o salir a jugar (42,3%), llama la atención la existencia de castigos asociados al aislamiento, como que se le quite el habla (23,8%), ser enviado a una pieza o a otro lugar (38,7%), la restricción de visitas de familiares (15%), quitarles la comida (7%) o encerrarlos en un lugar (7%).
La “contención física” (con el cuerpo o las manos de manera que los inmovilizan o les cuesta respirar) alcanza un 12,3% de prevalencia. El maltrato psicológico (gritar, encerrar, insultar, no hablar o amenazar con golpes) es el más común (45,6%), seguido del maltrato físico leve (12,2%) y el grave (patear, morder, quemar, golpear con objetos), con un 5,9%.
La versión de los funcionarios contrasta radicalmente con lo denunciado por los menores: la percepción de los niños duplica o triplica la de los funcionarios. Por ejemplo, sobre el maltrato físico grave, todos los funcionarios declararon que no existía.
Violencia entre Pares
El 48% de los NNA entrevistados indicó haber sido objeto de manera reiterada de maltrato físico y/o psicológico, afectando por igual a niños y niñas y con independencia de su edad. De dicho total, el 46% ha sido violentado psicológicamente y el 13% físicamente de manera reiterada. Resulta crítico que al menos un 19% de los centros no cuenten con protocolos para atender este tipo de situaciones.
Sename y PDI se unen en nueva campaña contra Abuso Infantil (2505 - MR)
Contexto de Informes Previos y Datos de Fallecidos
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI.
El diputado René Saffirio, quien históricamente ha denunciado los abusos en el Sename, señaló la falta de cumplimiento de las 200 medidas urgentes que presentó tras la primera comisión investigadora del Congreso chileno.
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. El caos estadístico es evidente, ya que el número oficial no parece confiable. Según un informe del Ministerio de Justicia, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por ese informe. Análisis de BBC Mundo arrojaron entre 318 y 395 fallecimientos entre 2010 y 2014, lo que demuestra la falta de claridad en las cifras.
Según información del Servicio Médico Legal requerida por el diputado Saffirio, las causas de muerte determinadas por algunas autopsias son variadas pero sorprenden por su grado de violencia: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, un menor muerto por un golpe en la cabeza por caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
Varios ex-residentes del Sename han compartido testimonios desgarradores sobre su experiencia en estos centros. Uno de ellos relató: "Había abuso sexual y castigos corporales. Nunca me imaginé que se pudiera ser golpeado tan fuerte. Pero no había acceso a educación, ni a servicio de salud y usaban el lenguaje militar con nosotros." Otro mencionó: "Me fue imposible establecer vínculos con nadie. Siempre que empezaba a forjar una relación, me mandaban a otro lado. Estaba emocionalmente confundido, quien pensaba que era mi madre no lo era."
Problemáticas Estructurales y Operacionales
Incumplimiento de Protocolos y Deficiencias de Fiscalización
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette Villa.
Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Además, los tribunales de familia, que deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, en algunos casos solo realizaron visitas anuales, según confirmó la PDI.
Salud Integral y Sobremedicación
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, y un 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
La situación es aún más crítica al analizar la atención: 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 55 de los que sí cuentan con uno, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. En 159 centros (el 66,3% del total), “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
El psiquiatra Rodrigo Paz, quien es parte de la querella por la muerte de Lissette, asegura que a la menor se le estaba suministrando un fármaco (benzodiazepina) que, en la cantidad que se le daba, actúa como antipsicótico. Además, estuvo “expuesta a antidepresivos por años”, a pesar de que no está demostrado que hagan efecto en niños y, por el contrario, pueden tener efectos adversos.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que la “poca prolijidad” con la que se manipulan estos medicamentos en los centros es “generalizada”. “El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula. Y hay problemas graves con la dosificación. Los adolescentes ya saben simular, dejar la pastilla debajo de la lengua y si no hay personal especializado que se los suministre, no sabemos si se están tomando efectivamente las dosis”.
Chile enfrenta la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil.
Condiciones de Vida, Educación y Vínculo Familiar
El informe del INDH da cuenta de que, si bien las necesidades básicas (camas, baños, comedor y cocina) están satisfechas en general, en ocasiones la calidad de dichas instalaciones no es la óptima, y no se provee adecuada calefacción, recreación, espacios comunes y condiciones para el resguardo de la identidad y privacidad de los NNA. Resulta preocupante que en un mismo dormitorio convivan adolescentes con niños y niñas de menor edad, o que no se les separe por sexo, lo que tiene una prevalencia cercana al 20% de los casos. Los centros, asimismo, presentan en un 21% sobrecupo.
En materia de alimentación, es crítico destacar que en un 1,6% de los establecimientos a los NNA se les entrega solo entre 1 y 2 comidas diarias, y el 16% de las niñas y niños entrevistados declaran pasar hambre. El 22% de los NNA considera que el personal no siempre le da un trato respetuoso y cariñoso, y el 34% declara trato discriminatorio.
Si bien el 93% de NNA asiste a un establecimiento educacional, solo el 88% de los niños entre 14 y 17 años lo hace, un 8% por debajo del promedio nacional. El 20% presenta retraso escolar y solo el 78% recibe apoyo en sus tareas. Además, solo el 77% de los centros declara “autorizar” a los padres a participar en las reuniones de apoderados.
El 40% de los centros estudiados pone algún tipo de restricción a los horarios de visita de la familia, y el 30% no admite más de dos visitas a la semana. En el 57% de los casos, el centro se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, lo que potencia un eventual desarraigo. Un 16% de los centros utiliza el retraso al ingreso de visitas como sanción, y el 13% reporta suspender las visitas por mal comportamiento del niño o niña.
Casos que Conmovieron al País
Lissette Villa (2016)
Lissette, de 11 años, pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename. Desde los 5 años, la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella, con evaluaciones que incluían maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de esto, la menor seguía escribiendo cartas a su madre pidiéndole volver a casa: "Ya luego quiero salir de este Sename, porfa, porque tengo mucha pena. Aquí me falta un pedacito de mi corazón y eres tú, mamá".
En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia y su fuerza. El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, las cuidadoras pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus "pataletas". Según el testimonio de una cuidadora, Lissette se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. Ni ella ni su compañera a cargo de 20 niñas tenían conocimientos en primeros auxilios. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, Lissette ya estaba muerta. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar, una explicación que le costó el puesto.
Guillermina (2012)
Guillermina, de 16 años, llegó a "medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada del Sename. Se resistió violentamente al reingreso, forcejeando y arrojando objetos al personal. Menos de media hora después de ser acostada, fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para estabilizarla o hacerle un chequeo completo. La querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia no prosperó, y su muerte en agosto de 2012 quedó registrada como un "egreso" más del sistema.
Guillermina tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, y estuvo mucho tiempo en situación de calle. Sin embargo, nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave. El abogado querellante señaló que "es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
Denuncias Recientes y Desafíos Persistentes (2019-2020)
Para contar con un catastro consolidado, desde agosto de 2019 el Servicio Nacional de Menores (Sename) hace un registro con las denuncias por presuntos maltratos a niños y jóvenes dependientes de la red. Así, entre el 1 de febrero y el 15 de agosto de 2020 se contabilizó un total de 4.500 denuncias de este tipo a nivel nacional. Todos estos hechos fueron denunciados a la fiscalía.
Del total de denuncias, 4.083 son por casos de menores de edad a cargo de organismos colaboradores: 772 habrían ocurrido en residencias, 2.854 en centros ambulatorios, 301 en Familias de Acogida Especializada, 106 en oficinas de Protección de Derechos y 50 en centros de Diagnóstico Ambulatorio. Las regiones con más agresiones fueron la Metropolitana (911), Valparaíso (600) y Maule (302).
Además, hay 417 denuncias que se registraron en proyectos administrados directamente por el Sename: 241 casos habrían ocurrido en Residencias Familiares para Adolescentes y 134 en Centros Residenciales de Administración Directa. La mayoría de los presuntos maltratos fueron en la Región Metropolitana (120) y en el Biobío (102).
En los casos de niños y jóvenes dependientes de organismos colaboradores, los presuntos agresores son 2.791 adultos externos, 82 adultos internos, 75 amigos, 102 hermanos, 64 pares externos, 421 pares internos y en 548 casos se desconoce quiénes son. En cambio, en el caso de los menores dependientes directamente de organismos del Estado, la mayoría de las denuncias son en contra de pares internos (188), seguido por adultos externos (85), adultos internos (59) y hay 63 situaciones en que se desconoce.
Las acciones tomadas tras estas denuncias incluyen 3.782 oficios a juzgados de familia, 14 denuncias ante Carabineros, y en un número limitado de casos, información a la familia o atención en servicios de salud.
Hacia una Solución: Reformas y Propuestas
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el informe de la PDI, generando controversia sobre la responsabilidad política. Sin embargo, diversas voces coinciden en la necesidad de soluciones profundas.
Se establece la creación del Organismo de Capacitación y Evaluación del Personal del SENAME (OCEP-SENAME) como entidad encargada de desarrollar programas de capacitación, formación y perfeccionamiento para los trabajadores, financiado con recursos del presupuesto asignado al Sename.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia, propone tres pilares para una solución definitiva:
- Necesidad de unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje también con las familias.
- Que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de pobreza y violencia, sin estigmatizar a las familias.
- Que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo, con abogados especializados para menores vulnerados.
El Consejo Nacional de la Infancia, entidad creada por la presidenta Michelle Bachelet, pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio. La exsecretaria ejecutiva de dicho Consejo, María Estela Ortiz, afirma que “el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales”.
Las conclusiones del estudio del INDH también proponen medidas concretas:
- Toda prohibición de relación entre un familiar y el niño o niña bajo protección del Estado debe estar fundada en una resolución judicial.
- El Estado debe establecer criterios uniformes para la regulación de visitas familiares.
- No se debe establecer como sanción la prohibición de visitas a niños o niñas o su comunicación con familiares.
- Desarrollar medidas para preservar la identidad de los niños y niñas residentes, como un libro de vida.
- Atender la estabilidad emocional de los cuidadores y profesionales.
- Promover el conocimiento y observancia de los protocolos existentes elaborados por Sename y la ley N° 21.013 que sanciona el maltrato.
- Generar las condiciones que garanticen efectivamente el derecho a ser oídos y denunciar hechos de abuso sexual, con trabajadores capacitados para una escucha efectiva.
La protección de los derechos de los niños es una responsabilidad compartida de toda la sociedad, y la situación crítica en el Sename exige respuestas y acciones urgentes y coordinadas.