En el contexto español, la expresión "jubilado de oro" se utiliza para referirse a un pensionista privilegiado que percibe una pensión significativamente superior al salario mínimo y a la pensión mínima general. En España, el ejemplo más notorio de esta categoría es Artur Mas, el 'expresident' de Cataluña.
Artur Mas: Un Pensionista Privilegiado
Artur Mas, conocido por ser el iniciador del 'procés' independentista en Cataluña, es considerado un pensionista de lujo en España. Su pensión asciende al 60% del salario de 'president', el sueldo político más alto del país, que supera los 153.000 euros anuales. Esto significa que Mas percibe alrededor de 92.000 euros anuales.
De hecho, Mas se ha quedado solo en la cúspide de las pensiones más ricas de España, ya que solo dos personas podrían haberse equiparado a él en su momento: Jordi Pujol y José Montilla. Jordi Pujol renunció a sus honores tras el escándalo que afectó a su familia, mientras que José Montilla, quien cumplió 65 años en 2020, optó por renunciar a su jubilación como 'expresident' para asumir un cargo retribuido como consejero de Enagás.
El declive político de Artur Mas
Fuentes cercanas a Mas señalan que el otrora líder de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha "tirado la toalla" y ya no tiene futuro político, manifestando un evidente "cansancio". En las últimas elecciones, su decisión de no concurrir con JxCat y abocar al PDeCAT a un resultado incierto fue percibida como un "suicidio político" y un "rotundo fracaso", lo que le llevó a "dar un paso al lado".
A pesar de ello, reconoce que le sigue gustando la política, aunque "renuncie a ser ya protagonista de primera fila". Sus detractores critican su estrategia de aliarse "con los perdedores, pero a su manera", sin complacer a nadie. La esperanza de Mas era que Carles Puigdemont "se estrellase electoralmente" para que él pudiera regresar como "el gran arquitecto para salvar al catalanismo", pero nada salió como había planeado.
La obsesión por la unidad
Otra fuente cercana al 'expresident' subraya que la "obsesión" de Mas durante dos décadas fue la unidad. A principios de siglo, intentó agrupar a todo el nacionalismo bajo la "casa grande" del catalanismo, un proyecto que resultó en un fracaso al no sumar a ERC ni a otros partidos catalanistas. Incluso los círculos de UDC más próximos a CDC no accedieron a formar parte de esa gran casa.
Para sus críticos, este proyecto se materializó en 2015 con la presentación de ERC y CDC unidos en Junts pel Sí (JxSí), lo que también fue un "fracaso absoluto", ya que la coalición obtuvo menos escaños que en la legislatura anterior, cuando se habían presentado por separado. Sus detractores sugieren que Mas siempre buscó camuflar la "continuada bajada de apoyo electoral a Convergència".
Los más malpensados apuntan a que, una vez asegurada una pensión "más que honorable" y habiendo conseguido que la caja de resistencia del soberanismo se hiciera cargo de fianzas anteriores, Mas ha "preferido jubilar también sus inquietudes políticas y mirar los toros desde la barrera". De momento, Mas se limita a ejercer de 'ex' desde su despacho público ubicado en el modernista Palau Robert.
Tribunales y responsabilidades: El retiro no tan plácido de Mas
El retiro de Artur Mas no ha sido tan plácido como se esperaba. El Tribunal de Cuentas le ha solicitado nuevas responsabilidades y lo ha citado a declarar, junto a otras 38 personas, para responder sobre los gastos en materia de política exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. Entre los citados se encuentran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell, Raül Romeva y Neus Munté.
Mas deberá dar explicaciones sobre una parte de la fiscalización, basada en un informe de 758 páginas del Tribunal de Cuentas que detalla todos los gastos pagados por la Generalitat en relaciones exteriores. Estos gastos incluyen algunos relacionados con la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Cabe recordar que por la organización de la pseudoconsulta de 2014, Artur Mas fue juzgado y condenado a inhabilitación, junto a su vicepresidenta, Joana Ortega, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, y la consejera de Educación, Irene Rigau. Los cuatro abonaron casi 5 millones de euros, que se gastaron en organizar el 9-N.
Gastos adicionales y actividades sospechosas
Ahora, han surgido otros gastos asociados a la acción exterior y al fomento de la independencia de los que Artur Mas también deberá responder, ya que algunos fueron realizados personalmente por él y otros ocurrieron durante su mandato. Estos gastos provienen de la labor efectuada desde las "embajadas" a través de organismos como:
- Diplocat
- Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD)
- Agencia para la Competitividad de la Empresa (Acc1ó)
- Instituto Ramon Llull (IRL)
- Instituto Catalán de Empresas Culturales (ICEC)
- Agencia Catalana de Turismo (ACT)
- Casa de la Generalitat de Perpiñán
El Tribunal de Cuentas ha detectado 456 actividades relacionadas con el 'procés' entre 2013 y 2016, la época dorada del independentismo bajo el liderazgo de Artur Mas. El informe señala que estas actividades no pueden considerarse incluidas dentro de las funciones correspondientes a las delegaciones, sino que estaban "encaminadas directamente a promover, dar a conocer, promocionar, fomentar, debatir, publicitar, impulsar y conseguir reconocimiento y apoyos para el proceso de secesión/autodeterminación/independencia/transición nacional".
Ejemplos de dispendios y viajes
Los relatos de la actividad de Mas revelan casos "escandalosos". Por ejemplo, en mayo de 2014, la Generalitat envió una comitiva de 21 personas, con Mas a la cabeza, a la inauguración del museo Soulages en Francia. El documento del Tribunal de Cuentas indica que el "objeto principal de la visita es que el presidente de la Generalitat pueda sentarse en la misma mesa que el presidente de la República francesa en el almuerzo que se realiza a continuación de la inauguración".
El Tribunal también pide explicaciones a Mas por un viaje a Estados Unidos en junio de 2014, en el que se gastaron 75.613 euros. A esta cifra se suman otros 13.040 euros de la comitiva del consejero de Economía, 5.830 euros de la comitiva del consejero de Agricultura y una cantidad indeterminada de la comitiva del consejero de Empresa y Empleo. Además, la "embajada" en Estados Unidos sufragó otros 41.745 euros en gastos diversos del viaje, sumando un total aproximado de 136.000 euros.
Estos gastos son solo algunos ejemplos, y la petición de responsabilidades puede ascender a más de 35 millones de euros, considerando que la "inversión" en diplomacia catalana durante el período mencionado fue de más de 450 millones de euros.
Subvenciones directas y "reconocimiento internacional"
Además de los elevados gastos en viajes, se concedieron numerosas subvenciones de manera directa, omitiendo la concurrencia pública y bajo el pretexto de "interés público". Estas subvenciones tenían como objetivo "el reconocimiento internacional de la nación catalana".
Según el expediente, en noviembre de 2016, la Generalitat llegó a pagar 100.000 euros a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Gran parte de esta cantidad se canalizó como subvención directa a un fondo fiduciario, fuera de todos los canales oficiales. Curiosamente, esta oficina emitió posteriormente informes criticando el encarcelamiento de miembros del Govern y solidarizándose con los fugados, aunque estos informes nunca pasaron por el pleno de la ONU y, por lo tanto, no pueden atribuirse a dicha institución.