La situación de pobreza entre las personas mayores en América Latina es un desafío creciente, exacerbado por el envejecimiento poblacional y las complejidades de los sistemas previsionales. Si bien las cifras oficiales a menudo subestiman la magnitud del problema, diversas estimaciones y análisis metodológicos revelan una realidad mucho más cruda, con millones de jubilados y pensionados viviendo por debajo de la línea de pobreza.
La Pobreza en la Tercera Edad en América Latina: Un Panorama General
América Latina está envejeciendo a un ritmo acelerado, con un significativo porcentaje de adultos mayores viviendo en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Aproximadamente el 16,3% de los mayores de 65 años se encuentra en pobreza y un 30,3% en vulnerabilidad. A pesar de los intentos de reforma, la cobertura de los programas previsionales contributivos se ha mantenido estancada en las últimas décadas, alcanzando solo al 29,2% de los 45 millones de adultos mayores de 65 años en la región.
Los Sistemas Previsionales y la Cobertura
Los sistemas previsionales tienen como objetivo garantizar un nivel adecuado de consumo durante la etapa pasiva del individuo, funcionando como mecanismos de aseguramiento y prevención de la pobreza. La región presenta una amplia gama de arreglos institucionales, que incluyen programas contributivos, financiados con impuestos sobre las nóminas salariales, y no contributivos o asistenciales, que proveen un ingreso mínimo financiado con rentas generales y desvinculado de la historia laboral.
En las décadas de 1980 y 1990, las condiciones macroeconómicas adversas y el avance de la economía informal llevaron a introducir reformas paramétricas y estructurales en los sistemas previsionales. Sin embargo, estas reformas tuvieron poco impacto en la cobertura, e incluso revirtieron tendencias positivas previas en algunos casos. En la última década, una nueva ola de reformas se ha orientado a ampliar la cobertura mediante la creación o expansión de programas de Pensiones No Contributivas (PNC) o la flexibilización de sus condiciones de acceso.
Esta tendencia se vincula con varios factores:
- La baja cobertura de los sistemas contributivos y la necesidad de reducir las brechas en un contexto de alta informalidad laboral.
- El envejecimiento acelerado de la población latinoamericana.
- La mayor disponibilidad de recursos fiscales.
- Presiones sociales para atender a grupos vulnerables.
- Un mayor debate promovido por organismos internacionales a favor de la protección de grupos vulnerables.
El Impacto de las Pensiones No Contributivas
Los programas de PNC, cuyo objetivo primordial es atender a los adultos mayores desprotegidos por la seguridad social contributiva y reducir la pobreza en la vejez, han sido una opción de política importante. Sin embargo, aún persisten brechas. La cobertura agregada de estos programas asciende al 63,9% de los adultos mayores, mientras que la cobertura contributiva es de solo 29,2%, lo que sigue siendo un desafío para la seguridad social en la región.
Existen realidades heterogéneas en cuanto al alcance de la cobertura previsional. Mientras países como Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina tienen alta cobertura, otros como Honduras, Guatemala y República Dominicana aún no alcanzan el 30% de los adultos mayores. Aunque en muchos países la cobertura es mayor para los hombres, los países de alta cobertura muestran una mayor equidad.
Presentación libro "Sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe" (resumen)
La Reconfiguración de la Pobreza en Chile: El Debate sobre el "Alquiler Imputado"
En Chile, las cifras oficiales vigentes mostraban que la pobreza en personas de 60 años o más alcanzaba apenas un 3,1%. Sin embargo, este número es cuestionable en un país donde la mitad de las pensiones totales no superan los $267 mil para quienes reciben su pensión de vejez.
La Metodología Actual y sus Distorsiones
A comienzos de julio, la Comisión Asesora Presidencial para la Medición de la Pobreza entregó un informe de recomendaciones que podrían reconfigurar el panorama social del país. Una de las principales recomendaciones es la eliminación del llamado “alquiler imputado”. Este es un ingreso ficticio que se agrega al ingreso monetario de los hogares que son propietarios de una vivienda, la están pagando o viven en condiciones de cesión o usufructo. La lógica detrás de este ajuste, utilizada en varios países de América Latina y el Caribe, es buscar una comparación más equitativa entre quienes pagan arriendo y quienes no, preguntando a los propietarios cuánto costaría arrendar una vivienda similar en su barrio y sumando ese valor a su ingreso.
No obstante, lo que en principio podría parecer un tecnicismo metodológico, hoy opera como una distorsión que subestima sistemáticamente la pobreza. La propia Comisión reveló un dato alarmante: 24 mil hogares con ingresos monetarios reales iguales a cero no son clasificados como pobres debido al "alquiler imputado". Para el sistema, estas familias no tienen dinero para cubrir sus necesidades básicas, pero no califican como pobres porque, teóricamente, "viven en algo que vale", asignándoles un valor ficticio a la vivienda que habitan, aunque no genere ingreso alguno.
El Impacto en la Población Mayor y las Nuevas Recomendaciones
Una de las consecuencias más llamativas de esta práctica es su efecto en la población mayor. La baja tasa de pobreza en este grupo se debe, muy probablemente, al efecto del alquiler imputado, ya que las personas mayores tienen una probabilidad más alta de haber accedido a una vivienda propia, lo que eleva ficticiamente su ingreso medido.
De ser acogidas las propuestas de la Comisión, la estimación oficial de pobreza para el año 2022 no sería del 6,5%, sino al menos del 22,3%, lo que implicaría un cambio del orden de 3,5 veces. En la población de 60 años o más, la pobreza subiría a un 18,1%, es decir, se sextuplicaría. Esta nueva estimación ya considera el efecto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que ha funcionado como un "respirador artificial" para el sistema de pensiones chileno.
Si se consideran únicamente las pensiones autofinanciadas, la mitad de quienes acceden a su jubilación de vejez reciben menos de $190 mil mensuales. Si nos centramos exclusivamente en las nuevas personas que se pensionan, la mitad percibe menos de $91 mil mensuales. Excluyendo las ayudas estatales y calculando la pobreza solo a partir de ingresos laborales y pensiones contributivas, la tasa de pobreza entre las personas mayores de 60 años se acercaría al 40%, revelando la magnitud del fracaso del sistema previsional y la invisibilización del deterioro social por la metodología anterior.
La Crítica Situación de los Jubilados en Argentina: Más de 5 Millones Bajo la Línea de Pobreza
La situación de los jubilados en Argentina es crítica, con estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad indicando que más de 5 millones de jubilados y pensionados se encuentran bajo la línea de pobreza. Este grupo ha sido uno de los sectores más afectados por la fuerte inflación, especialmente en el primer semestre del año.
Cifras Alarmantes y la Canasta Básica del Jubilado
Según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de un jubilado rondaría los $800.000 mensuales. En contraste, la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de $225.497,54. Incluso con el bono de $70.000, que eleva el ingreso a $295.000, esta cifra está muy por debajo de lo necesario para cubrir los gastos básicos.
A esta cifra se suman:
- 500.000 personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima.
- Un millón de personas con pensiones no contributivas que perciben solo $220.000 mensuales.
Los sondeos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) indican que la pobreza en Argentina se instaló en el 52% de la población y la indigencia en el 17,9% durante el primer semestre del año. Entre los mayores de 65 años, la pobreza prácticamente se duplicó en el primer semestre de gobierno de Javier Milei, pasando del 17,6% al 29,7%, según el INDEC. El haber mínimo jubilatorio en febrero alcanzó los $343.000, apenas por encima de la canasta básica de $334.500 que determina la línea de pobreza.
El Impacto de la Inflación y la Malnutrición
La situación económica se refleja en la malnutrición que sufren muchos jubilados. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, señaló que entre el 80% y el 90% de los adultos mayores son hipertensos o tienen problemas de colesterol, pero la insuficiencia de sus jubilaciones les impide acceder a alimentos adecuados para mantener su salud. Además, enfrentan dificultades para comprar medicamentos -con incrementos promedio del 240% en 2024- y pagar servicios básicos como la calefacción, lo que contribuye a un deterioro general de su calidad de vida. El Programa de Asistencia Médica Integral del Estado (Pami) también redujo el acceso de muchos jubilados a los medicamentos gratuitos.
El Debate Político y las Moratorias Previsionales
El Gobierno ha vetado el proyecto de ley que aumentaba las jubilaciones en un 8,1%, argumentando que "tiene como único objetivo destruir el programa económico" y que el presidente está comprometido con el "superávit fiscal a toda costa". Considera que el proyecto de ley es "irresponsable, ilegal e inconstitucional" por establecer gastos exorbitantes sin partida presupuestaria, lo que implicaría caer en prácticas de emisión monetaria o endeudamiento.
El sistema previsional argentino es considerado "insostenible" en su formato actual por el gobierno, siendo el mayor gasto del Estado. El principal motivo son las "moratorias" aprobadas durante las últimas dos décadas, que permitieron que millones de personas, incluyendo amas de casa, se jubilaran sin haber realizado los 30 años de aportes. Más del 60% de quienes reciben una jubilación hoy no realizaron los aportes correspondientes, lo que ha contribuido a que el sistema sea "una de las principales fuentes de déficit fiscal". El gobierno anunció que no prorrogará la última moratoria previsional que vence el 21 de marzo, la cual permite acceder a una jubilación mediante un plan de pagos en cuotas.
Las Protestas de los Jubilados y la Represión
La crítica situación ha provocado un resurgimiento de las protestas de los jubilados frente al Congreso, que se realizan todos los miércoles en reclamo de mejores remuneraciones. Estas manifestaciones, lideradas históricamente por activistas como Norma Plá en la década de 1990, han cobrado nueva fuerza con la llegada del gobierno de Javier Milei y su drástico recorte del gasto público, en el que "el principal aporte a esta reducción fueron las jubilaciones".
En septiembre, el mandatario vetó una ley sancionada por el Congreso que disponía elevar el haber mínimo jubilatorio y fijaba una nueva fórmula de cálculo, al considerar que ponía en jaque su objetivo de "déficit cero". A medida que las protestas se tornaron más masivas, también aumentaron los incidentes de violencia, con la policía utilizando métodos represivos como gas lacrimógeno, carros de agua, bastones y balas de goma para dispersar a los manifestantes, alegando que violan el "protocolo antipiquetes". Incidentes como la agresión a una jubilada con balas de goma, que resultó en cuatro heridas en las piernas de Gabriela Navarra de 66 años, o la fractura de cráneo del fotógrafo Pablo Grillo por un cartucho de gas lacrimógeno, son ejemplos de la escalada de violencia.
La participación de hinchas de clubes de fútbol en las marchas, autoconvocados para "proteger a los jubilados" después de un incidente entre la policía y un jubilado con una camiseta de Chacarita, ha generado una mayor visibilidad y asistencia a estas protestas.
Presentación libro "Sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe" (resumen)
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