El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, organismo del Estado encargado de proteger a niños, niñas y adolescentes vulnerables y en riesgo social, ha estado sumido en una profunda crisis. Las denuncias de muertes, abusos sistemáticos, negligencias y la falta de protocolos adecuados han expuesto un sistema que, según las propias palabras de María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, se encuentra "en estado terminal". Esta entidad fue creada por la entonces presidenta Michelle Bachelet con el fin de revisar y diseñar una nueva política de infancia en el país.
Casos Emblemáticos de Vulneración de Derechos
El Trágico Caso de Guillermina (2012)
La madrugada del 20 de agosto de 2012, Guillermina, una adolescente de 16 años, llegó "a medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada, del Sename. Fue traída por un policía a las 04:19 de la mañana. Según consta en la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso, forcejeando y arrojando objetos al personal. Una vez calmada, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, Guillermina fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue trasladada a un hospital para cerciorarse de la sustancia que la tenía en ese estado y estabilizarla, ni para un chequeo completo tras su llegada en esas condiciones. La única lesión constatada, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla, registrada en un papel suelto de la policía. La querella no prosperó y la muerte de Guillermina quedó registrada como un "egreso" más del sistema.
Lissette Villa: El Catalizador de una Investigación Nacional (2016)
De sus 11 años de vida, Lissette Villa pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la Justicia determinó que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella, tras evaluaciones del Sename que incluían maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. A pesar de su situación, Lissette le escribía cartas a su madre pidiéndole volver a casa, expresando su pena y la falta de un "pedacito de [su] corazón".
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia y "pataletas". El lunes 11 de abril de 2016, pasadas las 20 horas, una crisis que vivía Lissette fue inicialmente interpretada como otra de sus "pataletas". Sin embargo, según el testimonio de una cuidadora, la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose al intentar levantarla. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas en esa casa, tenían conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores o técnicos. Cuando se percataron de la gravedad, Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, comunicó el fallecimiento a la prensa, atribuyéndolo a una "crisis emocional" porque un "familiar muy cercano" no la visitó el domingo. Esta explicación fue considerada insatisfactoria y poco ética, costándole el puesto.
El Caos Estadístico y la Magnitud de las Muertes
Una de las mayores deficiencias del sistema ha sido la falta de claridad en las cifras. "Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe", afirma el informe. Según un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. No obstante, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado oficialmente.
El gobierno chileno aclaró que la cifra oficial solo incluía a menores del área de "protección", sin considerar a los niños infractores de ley. Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, sumado a la lista de Justicia, arrojó un total de 395 fallecimientos. Sin embargo, el número oficial no era confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, explicó a BBC Mundo que es posible que la información estuviera replicada, contabilizando la muerte de un niño como egreso en distintos programas.
El diputado Saffirio, expresidente de la primera comisión investigadora del Congreso chileno sobre las irregularidades del Sename, señaló que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Saffirio presentó un informe con 200 medidas urgentes, pero ninguna se cumplió.
Tras un minucioso trabajo de revisión caso a caso, el Sename entregó la cifra de niños, niñas, adolescentes y adultos fallecidos entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016. En el sistema de protección residencial fallecieron 210 niñas, niños y adolescentes. En los centros de justicia juvenil se registraron 33 fallecimientos. La directora nacional expresó que "la muerte de cada uno de estos niños nos duele, pero también nos duele habernos demorado dos meses en poder entregar esta información. Eso obedece a las deficiencias de nuestro sistema".
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet para entregar cifras precisas motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. El fiscal Marcos Emilfork y un equipo especial de la PDI fueron mandatados para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años, reportadas tras el deceso de Lissette.
Un Diagnóstico Lapidario: Abusos, Negligencias y Fallos Estructurales
Informe PDI: Violación Sistemática de Derechos
Un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017 concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. La PDI investigó 240 hogares de menores, de un total de 241 existentes en el país. El documento de 257 páginas, al que CIPER tuvo acceso, es un resumen de una extensa investigación. Se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares y 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos. En cuanto a abusos sexuales, 123 fueron cometidos por adultos y 187 por otros menores. El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Este informe fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento, afirmando que "el Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename". El diputado Saffirio, quien reveló la existencia del informe, calificó de "muy grave" que ni la Fiscalía ni el gobierno lo dieran a conocer.
Casos de Alta Complejidad y Riesgo Vital
El informe de la PDI también identificó casos urgentes, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
Sobremedicación y Carencia de Atención Sanitaria
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que la niña estaba "sobremedicada". Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que, en las dosis administradas, actuaba como antipsicótico, y estuvo "expuesta a antidepresivos por años" sin que se demostrara su efecto en niños. Otro fármaco, la sertralina, podía tener un efecto adverso, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables".
Francisco Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan medicamentos es "generalizada", y el senador Alejandro Navarro denunció que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado". Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, pero carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil.
El reporte de la PDI reveló cifras alarmantes de salud: el 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica, el 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Además, el 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. Sorprendentemente, 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 159 centros (66,3%), la administración de fármacos la realiza un educador de trato directo sin formación profesional o técnica en salud.
Incumplimiento de Protocolos y Deficiente Fiscalización
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y el 76,7% carece de protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”, a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue por errores en la contención de una crisis. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del Sename, estas supervisiones son "coordinadas de manera previa", lo que resta efectividad. Los tribunales de familia, que deben visitar los centros al menos cada seis meses, en dos hogares solo realizaron visitas anuales, según confirmó la PDI.
Infraestructura Inadecuada y Deserción
El 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”. Adicionalmente, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que asciende a 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
Hacia una Solución: Propuestas y Perspectivas Futuras
Pilares para una Reforma Integral
Francisco Estrada sugiere tres pilares para una solución definitiva: primero, la necesidad de unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje con las familias en lugar de aislarlas. Segundo, que el objetivo final sea el retorno de los niños a sus familias de origen, ya que muchos son internados por pobreza y es crucial romper el círculo de maltrato. Tercero, una defensa jurídica adecuada para los niños vulnerados, contrastando con la mejor defensa que reciben los menores infractores de ley.
Estela Ortiz coincide en que existe una "estigmatización de la pobreza", preguntándose por qué no hay niños de niveles socioeconómicos altos en las instituciones del Sename, a pesar de que el abuso y la violencia son transversales.
La Transición Institucional y la Comisión Verdad y Niñez
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y transitar a un nuevo servicio. A fines de 2024, el gobierno de Boric anunció la creación de la Comisión Verdad y Niñez, con el objetivo de esclarecer violaciones a los Derechos Humanos de niños bajo la custodia del Sename entre 1979 y 2024, período en el que se estima que unos 700 mil menores pasaron por estos centros.
Esta Comisión ha enfrentado desafíos, incluyendo la renuncia de cuatro de sus siete consejeros. El subsecretario de DDHH, Pablo Mira, explicó el compromiso del Ministerio, la necesidad de mejoras para su eficiencia y desarrollo, y la intención de "levantar la mirada, reconocer y aprender del pasado, acompañar a las víctimas y dar garantías de no repetición". Se buscan mecanismos de escucha más óptimos y el fortalecimiento de la coordinación intersectorial.
La Perspectiva Histórica de la Infancia Vulnerable
Los académicos Ximena Illanes y Miguel Morales han resaltado la necesidad de una perspectiva histórica para entender la crisis del Sename. Afirman que los menores institucionalizados son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia". Remontan a fines de la Edad Media, como en la Barcelona del siglo XV, donde existían instituciones que acogían a miles de criaturas abandonadas, documentando maltratos y abusos.
Para Chile, la historia revela la dificultad de crear lazos afectivos e integración a la comunidad en estos contextos. Illanes y Morales sugieren que el concepto de abandono puede invisibilizar la precariedad y desigualdad social. Proponen que las estrategias futuras se relacionen con la conservación de vínculos existentes, ya sea con las familias o con el personal. Se preguntan sobre las estrategias del siglo XXI y cómo la sociedad ha cambiado su relación con la infancia, abogando por un papel que vaya más allá de la protección, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
Impunidad y Responsabilidad Compartida
La gravedad del informe de la PDI, que constata una violencia sistemática en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename, ha puesto en entredicho no solo a la institución, sino también al Poder Judicial. Los jueces de familia, que deben visitar los centros dos veces al año, parecen no haber detectado estas vulneraciones sistemáticas.
El informe de la PDI es el último eslabón de una "cadena siniestra de reportes" de varias instituciones a lo largo de siete años, que incluye el Informe Jeldres (Poder Judicial y Unicef), dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas que, en gran medida, no se han materializado.