El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley para reformar la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Esta reforma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca transformar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para adaptarlo a los desafíos actuales y futuros, ampliando prestaciones y servicios, reconociendo nuevos derechos y reduciendo la burocracia.
El ministro Pablo Bustinduy ha calificado esta reforma como "un paso decisivo para construir un sistema de cuidados público y de calidad", que promoverá el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y la autonomía personal. La reforma revierte importantes recortes de la década anterior y se alinea con el reto demográfico que enfrenta el país, con un aumento proyectado de personas en situación de dependencia en los próximos años.
Principales Novedades y Reformas
1. Eliminación de Restricciones y Recortes
Una de las medidas fundamentales de la reforma es la **eliminación de las incompatibilidades entre prestaciones**, lo que permitirá a una misma persona acceder a más de un servicio. Anteriormente, en algunas comunidades autónomas, los usuarios debían elegir entre, por ejemplo, un centro de día y la ayuda a domicilio. Con la reforma, ambos servicios serán compatibles.
Se suprime también el **régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia** que se introdujo en 2012, buscando una mayor personalización en la atención a cada persona. Asimismo, se elimina el **plazo suspensivo de dos años** en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Hasta ahora, las personas que solicitaban esta ayuda podían esperar años sin recibir compensación retroactiva. Con la nueva ley, el derecho se generará desde la resolución del reconocimiento de la prestación o, como máximo, seis meses después de la solicitud. Se ha ampliado la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, reconociendo el trabajo de las personas allegadas.
El proyecto eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. "Estamos transformando el Sistema de la Dependencia acometiendo las reformas necesarias para adaptarlo a los desafíos del presente y del futuro, con más prestaciones y servicios, nuevos derechos reconocidos, menos burocracia y más tecnología al servicio del bienestar de las personas", ha declarado Bustinduy.
Otra novedad es el reconocimiento de la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, evitando situaciones de deber reintegrar prestaciones económicas. Esta medida aporta seguridad jurídica y evita situaciones de incertidumbre o penalización económica a las familias o personas cuidadoras.
2. Expansión de los Servicios y Prestaciones
La reforma amplía significativamente el catálogo de servicios y prestaciones para personas dependientes:
- Ayuda a domicilio fuera del hogar: además de los cuidados personales y domésticos, cubrirá desplazamientos para actividades esenciales como visitas médicas o compras.
- Prestación para cuidadores del entorno relacional: amigos o vecinos podrán ser considerados cuidadores, equiparándose a los familiares.
- Asistencia personal más accesible: este servicio, actualmente limitado a quienes estudian o trabajan, se extenderá a todas las personas dependientes, ayudando a desplegar y desarrollar este servicio con el que las personas dependientes reciben el apoyo de un profesional que los ayuda a desenvolverse en su día a día para mantener su proyecto vital y participar activamente en su comunidad.
- Préstamo de productos de apoyo: se creará un banco público de productos esenciales como sillas de ruedas, camas articuladas o grúas, que se servirán mediante préstamo o cesión temporal.
- Cuidados y apoyos en viviendas compartidas y nuevos modelos de convivencia colaborativa.
- Prestaciones transitorias para personas en grado II y III: Se introduce la posibilidad de que una persona en situación de dependencia en grado II o III reciba una prestación transitoria o un servicio transitorio que se adapte a su voluntad cuando no pueda acceder de inmediato al recurso solicitado. Por ejemplo, si una persona pide acceder a un centro residencial y no hay plazas, durante el tiempo de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa acorde con su grado, como la ayuda en el domicilio, hasta que obtenga plaza en su centro de referencia.
3. Agilización de los Procedimientos
Uno de los problemas crónicos del sistema de dependencia es la demora en la valoración y concesión de prestaciones, con una espera media actual de 334 días. La reforma busca reducir estos tiempos mediante:
- Reconocimiento automático de discapacidad del 33% a quienes se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia. En la segunda vuelta, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Las personas que lo deseen podrán solicitar una valoración individualizada.
- Procedimiento urgente para situaciones de especial vulnerabilidad (demencias, aislamiento social, violencia de género, etc.).
- Revisión más rápida del Programa de Atención Individual (PAI) para ajustar los servicios a la evolución del usuario, sustituyendo la burocracia por procedimientos de comunicación más directos y reforzando el derecho de las personas a participar en la elección de servicios y prestaciones.
Se establece que el tiempo de espera será el segundo criterio de prioridad en el acceso a servicios del SAAD tras el criterio de capacidad económica.
4. Nuevos Derechos Reconocidos
La ley eleva a la categoría de derecho fundamental la accesibilidad universal, lo que obligará a las comunidades de vecinos a instalar ascensores o rampas en edificios donde haya personas con movilidad reducida.
Se establece el derecho a la teleasistencia universal para todas las personas en situación de dependencia, garantizando su acceso independientemente del territorio de residencia. Se eleva a rango de ley el carácter complementario de la teleasistencia, que no puede ser considerada como única prestación, sino que debe combinarse con otros apoyos. Su ámbito de aplicación se amplía, permitiendo a personas que viven en residencias recibir este servicio.
Se prohíbe la sujeción mecánica de usuarios salvo en casos de peligro inminente y bajo estrictos criterios médicos. La reforma consolida la accesibilidad como derecho para personas con discapacidad, garantiza que puedan trabajar recibiendo una prestación de dependencia y desarrolla el nuevo Artículo 49 de la Constitución.
Otro derecho importante es garantizar una atención sanitaria a personas en situación de dependencia sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias. Se establecerán bases para la coordinación entre servicios sanitarios y sociales para ofrecer una atención integral.
Se contempla que la persona usuaria tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y que tenga garantizado su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.
5. Calidad del Empleo en el SAAD
El proyecto de ley incorpora un artículo específico sobre la calidad en los empleos de los cuidados. Para ofrecer una atención de calidad, continuada y segura, las trabajadoras deben tener condiciones laborales dignas, estables y profesionalizadas. Se establecerán criterios de acreditación de calidad y estándares del empleo a través del diálogo con los gobiernos autonómicos.
Derechos Sociales subraya la necesidad de valorizar el trabajo de las profesionales de la Dependencia, estimando que para 2030 el Sistema de la Dependencia necesitará, al menos, 260.000 trabajadoras más para asegurar su sostenibilidad.
6. Apertura de los Centros de Día
Los centros de día se consideran un servicio de proximidad fundamental para la permanencia de las personas en su domicilio. Estos centros se abrirán para prestar apoyos también fuera de sus instalaciones, atendiendo en domicilios o en espacios del entorno a personas usuarias que vivan cerca y lo requieran. Servirán también de referencia para personas que no son sus usuarias. El objetivo es que se integren en su comunidad y se adapten a las necesidades, preferencias y ritmos de vida de las personas que los utilizan, convirtiéndose en referentes comunitarios de apoyo y relación con el entorno.
7. Compatibilidad entre Empleo y Prestaciones
La reforma incorpora una novedad clave para avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad y fomentar su inserción laboral: a partir de ahora será posible **compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema**. Hasta la fecha, muchas personas beneficiarias del SAAD se veían obligadas a renunciar a estos apoyos al iniciar una actividad laboral. Con la modificación introducida, cuando una persona reciba una oferta de empleo o unas prácticas formativas, podrá mantener su plaza durante el tiempo necesario para valorar la continuidad del puesto de trabajo, garantizando una transición segura hacia el empleo.
8. Desarrollo del Artículo 49 de la Constitución
En materia de discapacidad, el proyecto de ley es un desarrollo normativo del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española. La reforma modificará la Ley de Discapacidad para el reconocimiento de derechos fundamentales como la accesibilidad universal. Se hace mención específica a las mujeres con discapacidad, incidiendo en la importancia de garantizar su salud sexual y reproductiva, y a los niños y niñas con discapacidad, con foco en el fomento del desarrollo infantil a través de los servicios de atención temprana.
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Financiación del Sistema
El Consejo de Ministros ha autorizado el reparto de 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del SAAD. Esta cantidad, que representa la más alta en la historia de este nivel de protección, se transferirá a través de convenios. La vocación es continuar la senda de crecimiento de la financiación, que se ha triplicado desde 2014, con el objetivo de llegar al 50% de la financiación en cada autonomía.