La protección de la niñez y adolescencia en Chile enfrenta desafíos significativos, evidenciados por casos de explotación sexual y profundas vulneraciones dentro del sistema de acogida. La investigación de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), junto con los informes sobre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y su sucesor, el Servicio Mejor Niñez, revelan una compleja problemática que requiere atención urgente.
Investigación en Rancagua: Desmantelamiento de una Red de Explotación Sexual de Menores
La primera pista sobre una posible red de explotación sexual de menores de edad llegó al O.S.9 de Carabineros en junio de este año. Una denuncia por explotación sexual de menores de edad señalaba la presunta existencia de tres víctimas adolescentes del Servicio Mejor Niñez de Rancagua y un número considerable de imputados. Esta sospecha se convirtió en la hebra que la Fiscalía Regional de O’Higgins, bajo la dirección del fiscal Claudio Meneses, comenzó a seguir.
La indagatoria reveló una posible red que involucraba a sujetos, entre los que había profesionales como un médico y un agrónomo, quienes realizaban fiestas en parcelas con menores de edad. Dada la especialidad del equipo en casos similares, el fiscal Meneses solicitó la cooperación del O.S.9 de Santiago. Los investigadores iniciaron una indagatoria que, según fuentes de la causa, no tiene precedentes en esa región.
Los uniformados realizaron entrevistas con las víctimas, lo que permitió identificar inicialmente a la persona que realizaba el nexo entre los sujetos y las menores. No fue sorpresa para los policías detectar que dicha persona era una mujer de 22 años, Yessenia Román, quien realizaba diversas acciones para ganarse la confianza de las menores de edad y tenía conocimiento de los recintos de acogida. Román, quien también habría pasado por este tipo de recintos, ofrecía a las adolescentes teléfonos celulares, hospedaje en otros lugares y drogas a cambio de asistir a fiestas con adultos. A cambio, la mujer recibía dinero pagado por los imputados, quienes buscaban encuentros sexuales. La imputada ejercía estas labores de proxeneta en conjunto con su pareja, quien también acudía a los encuentros.
Detalles de la Investigación y los Imputados
Siete son los imputados que actualmente se encuentran en prisión preventiva tras ser formalizados el viernes. Además de Yessenia Román, se trata de Cristián Osorio (54), Felipe Rodríguez (34), Eduardo Parraguez (43), Miguel Jiménez (56), César Rivas (43) y Hugo Márquez (66). Entre ellos había dos primos. Varios de ellos cuentan con antecedentes: Márquez tiene una condena por violación de menor de edad; Parraguez cuenta con anotaciones por robo con violencia y delitos bancarios; Osorio mantiene registros por violencia intrafamiliar; Rodríguez por lesiones leves, al igual que Román; Jiménez y Rivas (médico cirujano) tuvieron detenciones por manejo en estado de ebriedad. Dos de ellos registran su estado civil como casados.
Al momento de las detenciones, los imputados no prestaron resistencia. Desde el O.S.9 afirman que la investigación está en desarrollo, por lo que tanto el número de imputados como el de víctimas podría crecer. También es materia de investigación el número de fiestas que se realizaron en las parcelas, contabilizándose hasta el momento tres, y se indaga la utilización de inmuebles en la Región Metropolitana. El capitán del O.S.9, Nicolás Valenzuela, afirma que “en casos como este generalmente se establece que las conversaciones se realizan bajo ciertos patrones para ocultar los hechos”. No obstante, aún está pendiente la revisión de los teléfonos celulares, donde podrían aparecer nuevos hechos. Otro punto pendiente es cuánto dinero ganó la mujer por organizar estos encuentros. El jefe policial destaca el valor de las entrevistas con las víctimas para detectar nuevas pistas, señalando que “las entrevistas videograbadas permitieron ubicar los lugares donde existía la explotación sexual y lograron establecer la individualización de los sujetos que accedían”.
La parcela más utilizada pertenece a uno de los imputados. La justicia deberá establecer quiénes de ellos tuvieron encuentros sexuales y quiénes facilitaron los hechos. El fiscal Meneses afirmó que la mujer imputada “reclutaba a las menores de edad con fines de prostitución y explotación sexual, suministrándoles droga en estos encuentros”. Según el persecutor, “la mujer se ganaba la confianza de las niñas” con sus ofrecimientos materiales.
En los allanamientos se incautaron distintos elementos que deberán ser periciados por los policías, como seis teléfonos, dos notebooks, una CPU, cuatro discos duros, tres pendrives y un DVR. También fueron halladas armas: una pistola a fogueo, un revólver, una pistola Famae calibre 9 mm con dos cargadores, 62 cartuchos balísticos y una cámara deportiva.
Los siete imputados fueron formalizados por el delito de asociación criminal para cometer explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y quedaron en prisión preventiva. El Juzgado de Garantía de Rancagua decretó 100 días de investigación. Desde Mejor Niñez declinaron pronunciarse sobre el caso para evitar afectar a las demás residentes, pero destacaron que la mayoría de las veces los casos son destapados por denuncias desde el interior del organismo.
Antecedentes y Casos Similares de Explotación Sexual Infantil
Parte del equipo del O.S.9 que investiga el caso de Rancagua tiene experiencia en este tipo de delitos. Recuerdan un caso similar ocurrido en 2014, originado en Puerto Montt, donde fue condenado el empresario hotelero Manuel Liberona por explotación sexual infantil con víctimas del Sename. Liberona se fugó a Paraguay tras ser condenado a tres años de cárcel, pero fue capturado en ese país cuando realizaba un chequeo médico usando su nombre real. Tras varios meses de trámites, fue extraditado a Chile en 2018, ingresando a la cárcel Alto Bonito en Puerto Montt. En 2021, accedió a un beneficio que le permitió una rebaja de condena y su liberación.
En el marco de presuntos maltratos contra niños y adolescentes en un centro del Sename de Pudahuel, surgió una nueva línea investigativa, conducida por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente. Se trata de la existencia de, al menos, cuatro redes de explotación sexual comercial de menores. La PDI identificó que, al menos, 25 internas y exresidentes de hogares del Sename serían víctimas de este delito. La red con mayor número de menores reclutados (al menos 20) es liderada por una familia que vive en una casa al sur de la capital. Según relatos entregados a la brigada policial de la PDI por testigos, los menores no estaban en conocimiento de las actividades delictuales que se realizaban en el hogar. Otra red fue identificada en una casa del norponiente de Santiago.
En 2015, cuando se descubrió el funcionamiento de una red en Atacama, Sename se querelló contra quienes resultaran responsables y coordinó la reubicación inmediata de las adolescentes en otras residencias de la región y del país, por disposición del Tribunal de Familia, con el propósito de cortar cualquier contacto con la red de explotadores. En este contexto, se dictaron condenas contra Yerko Robles Cepeda (4 años de presidio menor en su grado máximo) y Jorge Vega Madariaga (5 años de presidio menor en su grado máximo) como autores de violación impropia y almacenamiento de pornografía infantil. Además, Erick Gallardo Gallardo fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio por su responsabilidad en el ilícito de favorecimiento de la explotación sexual infantil. Este procedimiento comenzó gracias a una denuncia hecha por el Sename en julio de 2015.
La explotación sexual infantil es el abuso sexual por parte de uno o varios adultos, lo que constituye un tipo de coerción y violencia en contra del niño, niña o adolescente, equiparable a los trabajos forzados y a una forma de esclavitud contemporánea.
La Crisis del Sename y Mejor Niñez: Un Sistema en Entredicho
Informe Lapidario de la PDI sobre Vulneraciones Sistemáticas
Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. La gravedad de este informe policial radica en que fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename), pero esto no ocurrió. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. CIPER accedió a este informe de 257 páginas, un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette.
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, expresó a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. Lo grave del informe es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, ya que el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, mientras que el de la policía consideró 240 de un total de 241 en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre, no solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho, dado que los jueces de familia deben visitar los centros dos veces al año.
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef encabezada por la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dio pie a media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, a los que se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas.
La muerte de Lissette Villa provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del Sename. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI, al cual se le mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años.
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias de las 241 existentes (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas); solo una se negó a recibirlos. Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (como se denomina el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo, por lo que los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
Fallas en los Protocolos y Fiscalización
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, contabilizándose un total de 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. Sin embargo, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados son aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es alarmante, considerando que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. La policía determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses; sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Problemáticas de Salud y Atención
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. El desglose de esa afirmación es sorprendente: 42 centros no tienen un encargado de salud, y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Reacciones y Controversias
Tras la denuncia del diputado Saffirio, que reveló la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación.”
Desafíos Actuales y Marco Legislativo para la Protección de la Niñez
La instancia especializada del Senado analiza el proyecto que armoniza tres leyes de protección y resguardo a menores, recopilando antecedentes que apuntan a abordar este tema de manera integral y en el marco del Presupuesto 2025. Los integrantes de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia manifestaron su preocupación por las cifras entregadas por expertos en materia de niñez y adolescencia, en el marco del estudio del proyecto en primer trámite que armoniza tres cuerpos legales sobre la materia.
Se trata de la iniciativa, con urgencia calificada de “suma”, que armoniza la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez, la que regula el Régimen de Aportes Financieros del Estado a los Colaboradores Acreditados y la ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la cual está siendo analizada en particular en dicha comisión. En ese contexto, la comisión recibió en sesiones consecutivas al director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo; al gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez Ahumada; y a la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva Villalobos.
La presidenta de la Comisión, senadora Carmen Gloria Aravena, puso el foco en la lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (NNA), declarando que, de acuerdo con la información proporcionada, “se estima que 6.000 niños están involucrados en el comercio sexual en Chile. Una cifra horrorosa y que de alguna manera nos indica que no hemos hecho las cosas bien”. Este dramático dato estadístico fue complementado con la declaración de Marcelo Sánchez Ahumada, quien mencionó que “aumentó en un 100% las estadísticas de explotación sexual comercial de NNA en 3 regiones del país”.
Durante las sesiones se indicó a los senadores que faltan cifras actualizadas sobre NNA que sufren explotación sexual comercial; que el Consejo de Acreditación de Organismos Colaboradores no ha podido operar; y que ha habido un aumento de niños que ingresan al sistema, lo que generó inquietud entre los integrantes de la comisión. Por tanto, la senadora Aravena sostuvo que “cada vez que realizamos estas comisiones sabemos que estamos haciendo lo correcto avanzando en la armonización, pero también queda la frustración (…) siempre tengo la sensación de que no llegamos a tiempo”.
El proyecto en cuestión busca modificar las leyes que regulan el sistema de protección a la niñez y adolescencia, así como también enmendar el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Por ende, pretende resolver los problemas que se han detectado durante su primer año de funcionamiento y, además, tal como comentó el senador Matías Walker, integrante de la instancia: “buscar la protección real de los derechos de los niños que han sido vulnerados, por ejemplo, a través de la revinculación familiar. Hoy hay 4 mil niños que están en una residencia y unos 9 mil en familias de acogida”.
“Queremos que existan menos niños en residencias y esto tiene mucho que ver con la nueva ley de adopción que ya aprobamos en la comisión y también con la ley de presupuestos 2025, porque en muchas regiones, como Coquimbo, toda la labor se realiza con organismos colaboradores y por eso se requiere que tengan todas las certificaciones y el apoyo del estado”, señaló el senador Walker. En esa misma línea, coincidió la senadora Loreto Carvajal, integrante de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, quien aseguró que “yo sé que el presupuesto siempre es un tema, pero ahí está la decisión política. (…) hoy día la carrera contra el tiempo es de tal magnitud que nos impone tomar decisiones políticas también más rápido”.
Puntos Relevantes de la Discusión Legislativa
- En relación con las leyes vigentes, que igualmente fueron objeto de debate, el panorama se anticipa complejo al tomar en consideración la declaración de Claudio Castillo en el sentido que “en el 2007 uno de cada diez niños estaba en residencias. Hoy son cuatro de cada diez”.
- Este problema desencadena otra gran consecuencia: las largas listas de espera. Eran alrededor de 30 mil niños y adolescentes que, para inicios del año 2023, esperaban ser atendidos en alguna de las distintas líneas de acción del Servicio Mejor Niñez, según informó la Contraloría General de la República.
- Por lo que se refiere al Consejo de Acreditación de Organismos Colaboradores, el cual se encarga de coordinar el proceso de los organismos solicitantes de acreditación, Verónica Silva Villalobos dio a conocer que no ha podido operar desde el mes de junio, debido a tres renuncias del comité de expertos. “Se hicieron dos procesos de concurso para el cargo de psiquiatra o especialista infantojuvenil, (…) no hubo postulantes que pudieran estar, lo que se constituye en un desastre”, dijo la Subsecretaria de la Niñez.
- Como acción remedial, la Subsecretaría de la Niñez le pidió a la Alta Dirección Pública (Servicio Civil) que concursara nuevamente los tres cargos restantes, al mismo tiempo.