Se han removido cuatro directores anteriores porque no eran de confianza política. Aquí hay mucha carencia, con muy pocos funcionarios que tienen horarios extra de trabajo, que se encuentran reventados, dijo el parlamentario. El Senador Manuel José Ossandón manifestó que “El Sename debería ser una institución técnica y no política”, al término de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, la cual integra, que sesionó de manera extraordinaria en el centro del Sename donde murió una niña de 11 años el pasado Lunes 11 de Abril. En la oportunidad, el Senador Ossandón señaló que “aquí existen acusaciones muy graves, que el Sename está lleno de asesores y que en los centros no hay personal. Si esto se comprueba, debe cambiar lo antes posible”. “Aquí se está dando algo muy serio, donde se han removido cuatro directores anteriores porque no eran de confianza política. Aquí hay mucha carencia, con muy pocos funcionarios que tienen horarios extra de trabajo, que se encuentran reventados”, añadió el legislador. “Esta debe ser una repartición técnica, no política. Los problemas de los niños en Chile no tienen ni color político ni credo religioso. Vamos a realizar una serie de reuniones en el Senado para hacerle un planteamiento al ejecutivo en esta materia. Esto no puede seguir pasando”, finalizó Ossandón.
Una nueva auditoría detectó fallas en el resguardo de la información personal de todos los chilenos: ex funcionarios que mantienen claves de acceso a los datos, riesgo de fuga de información e ingresos a los servidores que no quedan registrados. Hace un mes, la Contraloría ya había cuestionado la falta de vigilancia en los registros de condena. El recién nombrado director del Registro Civil e Identificación, Christian Behm, tendrá una dura tarea cuando asuma el próximo 1 de marzo. Liderará un servicio sacudido por el escándalo de irregularidades en la anulada licitación de plataforma tecnológica que había ganado la empresa TATA, la que deberá relanzar, además de culminar la licitación del sistema de identificación (cédulas y pasaportes). Pudo encontrarse con un panorama aún más oscuro.
El informe inicial de la Contraloría detallaba graves falencias en las políticas y procedimientos de control relacionados con las tecnologías de la información y comunicaciones, vinculadas a los contratos que actualmente manejan las empresas Sonda y Adexus. Quizás la falla más grave esté en la forma caótica en que el servicio administra las cuentas de quienes tienen acceso a la información almacenada digitalmente. Al momento de realizarse la auditoría, se registraban 24.725 cuentas de usuarios, de las cuales 5.000 no tenían ninguna restricción de horario. En su respuesta, el Registro Civil disminuyó el número a 4.382 usuarios que pueden acceder al sistema durante las 24 horas, además de limitar a 15.591 el total de las cuentas activas. El problema puede deberse a otro de los cuestionamientos de la Contraloría, que al intentar conciliar a los usuarios registrados con el personal listado por Recursos Humanos, obtuvo una concordancia de sólo 24%.
En otro acápite, se agrega que la expiración de las cuentas de los funcionarios desvinculados del servicio se realiza de forma extemporánea, detectándose que sólo el 10% de estos usuarios se encuentran en estado “cerrado”. Además, el ente contralor cuestiona que haya usuarios externos al Registro Civil con privilegios de administrador, pese a que sólo deberían poder hacer consultas. En este caso están el Ministerio de Relaciones Exteriores y Gendarmería, entre otros. En su respuesta, el Registro Civil asume el problema y culpa a la antigüedad de plataforma informática, que no ha podido ser modernizada. Aunque no lo dice, dicha plataforma es la que Adexus administra desde 1993 y cuya licitación ha fracasado ya tres veces, la última de las cuales fue en marzo de 2008, luego de que CIPER denunciara que el asesor Andrés Contardo, trabajaba paralelamente en la empresa ganadora, TATA Consultancy Services y en el Registro Civil.
El servicio reconoce que ha tenido dificultades en mantener actualizado el número de cuentas debido a la alta rotación de personal entre oficinas y funciones. Si bien se han adoptado medidas al respecto, se explica que los resultados han sido lentos. Para solucionarlo, anuncia un informe mensual de usuarios activos que deberá ser chequeado por cada jefe, lo que funcionará a partir del segundo semestre de 2009. Respecto al acceso externo, un sistema llamado “monito web” permite que 136 instituciones como el Sename o las municipalidades consulten información como defunciones o fecha de nacimiento, entre otros datos personales, se detectó que hay un registro parcial de los accesos mediante correos electrónicos y sin antecedentes de cierre de los mismos.
Otro de los riesgos que preocupan a la Contraloría es que los controles asociados a las tecnologías de la información no tienen mecanismos que impidan la fuga de información por parte de funcionarios. El Registro Civil asume que efectivamente no se puede garantizar que la información sea entregada al dueño de ésta. Como solución, en la nueva licitación de integración de plataforma tecnológica, se exigirá que la identidad de las personas se certifique a través de reconocimiento dactilar. El servicio concuerda con el riesgo, pero aclara que en su momento “realizó los reparos pertinentes por la cantidad de información que se entregaría a través de esta aplicación, sin embargo, los fines que pretendía cumplir ameritó su puesta en producción”. Como resguardo, hay información detallada de las acciones de cada usuario, las que de hecho han sido solicitadas por la Policía de Investigaciones.
Uno de los contratos auditados es el que la empresa tecnológica SONDA se adjudicó en 2001 para la fabricación de cédulas de identidad y pasaportes y que actualmente está siendo licitado nuevamente. Aunque los separa un cristal, para la Contraloría se trata de una división insuficiente, pues puede quebrarse y afectar el funcionamiento. La Contraloría dedica un largo acápite al registro de vehículos motorizados, indicando numerosas falencias y errores en el sistema computacional. Particularmente llamativo resulta el caso de los autos robados, pues se detectó que es posible transferir su propiedad.
La primera auditoría de la Contraloría, entregada el 30 de diciembre pasado, había sido particularmente dura con la gestión del ex director Guillermo Arenas. Se cuestionaron desde los gastos de representación utilizados en restaurantes hasta contratos con asesores cuya labor no pudo confirmarse. Este último punto alimentó la arista judicial, pues el 21 de enero la fiscal Alejandra Godoy pidió la formalización de Arenas en base a 14 de estos asesores, divididos en 155 contratos en los que se imputó fraude al fisco. Si bien en esa oportunidad el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago no aceptó la solicitud de detención de Arenas, esta decisión fue revocada el sábado pasado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La resolución judicial es dura con el rol de Arenas en el caso: “A juicio de estos sentenciadores se está frente a una situación particularmente grave por cuanto quien aparece como responsable del mismo es el más alto funcionario del Servicio del Registro Civil, personero depositario de la confianza no sólo de las máximas autoridades del país -que lo designaron- como de toda la ciudadanía. Al formalizar a Guillermo Arenas, la fiscalía lo acusó de fraude al fisco por $636 millones, de los cuales $400 millones dicen relación con dos contratos firmados con la Universidad de Santiago (Usach). Según la fiscalía, el único informe entregado fue el relativo al rediseño institucional y fue copiado íntegramente de un estudio realizado por los propios funcionarios del Registro Civil. La segunda asesoría nunca se habría concretado. La segunda arista de formalización se centró en los 14 contratos de asesores a honorarios que prestaron servicios durante la gestión de Arenas y quienes no habrían realizado labor alguna para el organismo.
Contexto institucional y medidas propuestas
La discusión revela la necesidad de convertir al Sename en una institución técnica, no política, para garantizar la protección de los derechos de los niños. Se anticipan reuniones en el Senado para plantear al Ejecutivo cambios urgentes y evitar que estas situaciones se repitan. Se destacan riesgos técnicos y de gobernanza que requieren una revisión profunda de contrataciones, control de accesos y auditorías continuas.
- Fortalecer la independencia técnica del Sename y reducir la influencia política en su gestión.
- Revisar y depurar el personal y los contratos, con foco en transparencias y trazabilidad de horas extra.
- Implementar controles de tecnología de la información más robustos, con certificación de identidad y cierre oportuno de cuentas.
- Relanzar licitaciones tecnológicas con salvaguardias para evitar conflictos de interés y asegurar continuidad operativa.
- Fortalecer la relación entre el Registro Civil y las entidades que manejan datos sensibles para evitar fugas de información.
El informe mensual de usuarios activos y la certificación de identidad mediante reconocimiento dactilar son parte de las medidas anunciadas para reducir riesgos. También se menciona que las políticas de acceso externo deben ser revisadas para garantizar que sólo puedan consultar quienes tengan permisos específicos y necesarios.
¿Qué es la Auditoría?
Datos clave y tensiones judiciales
La formalización de Guillermo Arenas y las 14 asesorías a honorarios han sido puntos centrales en la crisis, con acusaciones de fraude al fisco y cuestionamientos sobre la contratación de asesores sin labor comprobada. La Corte de Apelaciones de Santiago ha intervenido en la revisión de estas medidas, subrayando la gravedad de la situación dada la jerarquía institucional del funcionario implicado.
Implicaciones para el futuro
La situación plantea la necesidad de una revisión estructural de la tecnología y la gobernanza de las instituciones públicas responsables de protección de derechos, especialmente en contextos sensibles como SENAME y Registro Civil. El énfasis en convertir las entidades en organismos técnicos, con controles de transparencia y responsabilidad, busca evitar repetirse de grandes fallos de gestión y de seguridad de la información.