Legislación Chilena sobre Inclusión y No Discriminación en el Ámbito Educativo

La legislación chilena ha evolucionado significativamente para abordar la vulnerabilidad y promover la inclusión en el sistema educativo, estableciendo un marco normativo que busca garantizar la equidad y la calidad para todos los estudiantes. Estas reformas se centran en eliminar barreras, asegurar la igualdad de oportunidades y proteger los derechos fundamentales dentro de los distintos niveles de enseñanza.

La Ley de Inclusión Escolar N° 20.845

La Ley de Inclusión Escolar N° 20.845, promulgada en Chile en 2015, marcó un hito en el sistema educativo al establecer principios de equidad y gratuidad. Esta ley fue promulgada el 8 de junio de 2015 y regula el sistema educativo para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Contexto y Propósito

Esta ley responde a la necesidad de enfrentar desigualdades históricas en el sistema educativo, donde sectores de menores recursos tenían acceso limitado a instituciones de calidad. Su objetivo es garantizar que los recursos públicos destinados a la educación beneficien directamente a los estudiantes, estableciendo un marco de justicia social y cohesión democrática.

Objetivos y Medidas Clave

La Ley N° 20.845 busca erradicar prácticas discriminatorias y consolidar un sistema educativo equitativo, donde todos los estudiantes -sin importar su condición socioeconómica- accedan a educación de calidad. Sus principales medidas son:

• Fin al lucro en colegios subvencionados: Se prohíbe el lucro en establecimientos subvencionados, asegurando que los fondos estatales se destinen exclusivamente a infraestructura, materiales pedagógicos y remuneraciones.
• Gratuidad educativa: La eliminación progresiva del financiamiento compartido permite que las familias accedan gratis a colegios subvencionados, complementado con becas, subsidios y apoyos pedagógicos que fomentan la permanencia estudiantil.
• Procesos de admisión inclusivos: La ley promueve procesos de admisión escolar más inclusivos, eliminando el financiamiento compartido y reestructurando la gestión de recursos para promover la equidad en el acceso. No será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres, madres o apoderados.

La Ley General de Educación (LGE)

La Ley General de Educación (LGE) crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y tiene como principio la no discriminación. Establece que el sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de las y los estudiantes. Conocer las normativas vigentes favorece el ejercicio y el resguardo pleno de los derechos de niños, niñas, jóvenes y adultos.

Principios Fundamentales y Deberes del Estado

Los deberes que asume el Estado con la Ley General de Educación son:

• Promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal para el primer y segundo nivel de transición (Pre-kinder y kínder).
• La educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.
• Resguardar los derechos de los padres y alumnos, cualquiera sea la dependencia del establecimiento que elijan.
• Promover políticas educacionales que reconozcan y fortalezcan las culturas originarias.
• Propender a asegurar la calidad de la educación.
• Velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa.

Respecto a la educación pública, es deber del Estado que el sistema integrado por los establecimientos educacionales de su propiedad provea una educación gratuita y de calidad, fundada en un proyecto educativo público, laico -esto es, respetuoso de toda expresión religiosa- y pluralista, que permita el acceso a él a toda la población y que promueva la inclusión social y la equidad (Artículo 4°).

Creación de Organismos de Calidad y Supervisión

La Ley General de Educación contempla la creación del Consejo Nacional de Educación, en reemplazo del actual Consejo Superior de Educación. Además, contempla la creación de la Agencia de Calidad de la Educación y de la Superintendencia de Educación.

Funciones del Consejo Nacional de Educación

El Consejo Nacional de Educación cumple las siguientes funciones:

• Aprobar o formular observaciones a las bases curriculares de los niveles escolares (parvularia, básica, media y superior), así como a las modalidades educativas de adultos, especial y otros a crearse.

En relación a la educación escolar, sus funciones son:

• Aprobar planes y programas de estudio formulados por el MINEDUC.
• Apelar cuando el MINEDUC rechaza u objeta planes y programas de estudio.
• Informar u observar los estándares de calidad propuestos por el MINEDUC.
• Informar u observar normas sobre calificación y promoción escolar.

En relación a la educación superior, sus funciones son:

• Administrar el sistema de licenciamiento para Instituciones de Educación Superior (aprobación de proyectos y avance).
• Verificar el desarrollo de proyectos institucionales (6 años).
• Establecer sistemas de examinación selectiva de carreras para evaluar el cumplimiento de planes y programas y el rendimiento.
• Pedir al MINEDUC que revoque el reconocimiento oficial de Instituciones y velar por la reubicación de alumnos y procesos de titulación pendientes.
• Apoyar al MINEDUC en los procesos de cierre de instituciones autónomas.

Funciones de la Agencia de Calidad de la Educación

Las funciones que cumplirá la Agencia de Calidad son:

• Medir la calidad y equidad de la educación a nivel nacional.
• Evaluar los logros de aprendizaje y el desempeño de colegios en base a estándares indicativos.
• Evaluar el desempeño docente.
• Diseñar e implementar sistemas de evaluación del desempeño de los colegios y sostenedores educacionales (fortalecer la autoevaluación).
• Informar públicamente los resultados (los resultados no pueden ser usados ni publicados de modo que pueda afectar negativamente a los alumnos).
• Realizar la coordinación para las pruebas internacionales de calidad (ver Artículo 37° y 38°).

Resguardo de Derechos Estudiantiles

En cuanto al resguardo de derechos, la LGE establece que:

• Embarazo y maternidad: El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales de cualquier nivel.
• Cambio de estado civil de los padres y apoderados: En los establecimientos que reciben aporte estatal, el cambio de estado civil de los padres y apoderados no puede constituir impedimento para la continuidad del alumno o alumna en el establecimiento.
• Problemas económicos o de rendimiento: Durante la vigencia del año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos.
• Repitencia: En los establecimientos subvencionados, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos una vez en básica y una vez en media, sin que por esa causal no se le renueve la matrícula.
• Discriminación: Ni el Estado, ni los establecimientos educacionales podrán discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres, madres o apoderados.

Otros Aspectos Relevantes de la LGE

• Nueva duración de Básica y Media: La educación básica tendrá una duración de 6 años y la media regular también. Los primeros 4 años de la educación media serán de formación general y los dos finales de formación diferenciada. Este cambio entrará en vigencia en 8 años más.
• Derogación de la LOCE: Con la Ley General de Educación se deroga la LOCE (DFL Nº 1 de 2005). Solo va a seguir vigente el Título III (Instituciones de Educación Superior), excepto el párrafo 2º del Consejo Superior, que se deroga también, ya que se crea el Consejo Nacional de Educación.

Ley N° 21.369: Acoso, Violencia y Discriminación de Género en Educación Superior

La Ley N° 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior, entró en vigencia en 2021 y consagra el derecho de toda persona a desempeñarse en espacios libres de acoso sexual, violencia de género y discriminación de género en dicho ámbito.

Alcance y Propósito

La importancia de esta ley radica, entre otros aspectos, en que consagra el derecho de toda persona a poder desempeñarse en espacios libres de acoso sexual, violencia de género y discriminación de género en la Educación Superior (Artículo 1°, Ley 21.369). Como indica su nombre, esta ley busca abordar tres problemáticas: acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito de la Educación Superior. En este sentido, el consentimiento debe ser explícitamente expresado respecto a cualquier conducta o situación, no siendo deducible frente a la falta de resistencia o silencio de la persona afectada (Subsecretaría ESUP, 2022).

Implementación y Desafíos

La Ley 21.369 fue publicada y entró en vigencia el 15 de septiembre de 2021. En su artículo transitorio se indica que, a partir de esa fecha, las Instituciones de Educación Superior disponían de un plazo máximo de un año, que se cumplió el 15 de septiembre de 2022, para implementar los modelos de prevención y sanción (construidos participativamente). Además, desde la implementación de los modelos de prevención, investigación y sanción, cuentan con un plazo de 90 días (prorrogable por 30 más) para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el artículo 9° de la ley.

A tres años de la publicación de la Ley N° 21.369, el sistema de educación superior chileno ha completado exitosamente su fase de instalación normativa, logrando una cobertura casi total en el cumplimiento de los protocolos exigidos. Si bien el marco legal está presente, la apropiación cultural, la integración curricular y la celeridad en los procesos de sanción emergen como los desafíos determinantes para el período 2026-2027.

Rol de Fiscalización y Acreditación

La Superintendencia de Educación Superior es la encargada de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de la ley por parte de las IES, pudiendo iniciar procesos administrativos sancionadores a las instituciones por incumplimiento de esta. La Ley 21.369 prevé la participación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) solo en el marco de procesos de acreditación institucional.

Por otra parte, el 01 de octubre de 2023 entraron en vigencia los nuevos criterios y estándares de acreditación institucional para los subsistemas universitario y técnico profesional, que incorporan un criterio específico denominado “Gestión de la Convivencia, Equidad de Género, Diversidad e Inclusión”. Respecto de aquel, la CNA promoverá que las instituciones hagan parte de sus definiciones de calidad, la promoción de un ambiente favorable a la convivencia, el establecimiento y gestión de políticas de género, diversidad e inclusión, y el despliegue de acciones y recursos en función de ellas. Lo hará con la lógica propia de los procesos de acreditación, que es promover y evaluar el nivel o logro progresivo de la calidad de la institución, promoviendo una gradiente de mejora continua.

Políticas Integrales Institucionales

La política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género contendrá un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción para dichas conductas, construido con la participación de todos los estamentos existentes en cada institución. Cada modelo debe estar a cargo de una unidad independiente, integrada por personal capacitado en temas de Derechos Humanos y Perspectiva de Género.

Otras Normativas y Principios Relevantes

Además de las leyes mencionadas, el marco normativo chileno se complementa con otros principios y regulaciones que refuerzan la protección de derechos en el ámbito educativo:

• Existe un marco regulatorio orientado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en razón de su género. En su artículo 12, se señalan obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación.
• Se garantiza el derecho a la identidad de género de niñas, niños y estudiantes en el ámbito educacional.
• Chile ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 8 de octubre de 1990, la cual define los derechos humanos que los Estados parte se comprometen a respetar y garantizar que sean respetados, y consagra a los niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años) como sujetos de derecho.
• También es objeto de la legislación prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ya que esta es una violación de sus derechos y libertades fundamentales.
• La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una agenda global de desarrollo universal que también orienta las políticas nacionales hacia la inclusión y equidad.

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