En Chile, el Estado viola sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que están bajo su tutela. Esta es una conclusión recurrente de diversas investigaciones que han puesto en entredicho al Servicio Nacional de Menores (Sename), institución pública encargada de la atención y protección de la infancia vulnerable en el país. La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a distintas entidades para indagar los abusos y deficiencias en los hogares del Sename.
El Lapidario Informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017
Un lapidario informe de la PDI, que en 2017 investigó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros que administra directamente el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Este informe policial, de 257 páginas y que resume una extensa investigación contenida en 28 tomos, fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. La investigación fue realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette Villa. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, que visitó solo cuatro residencias, ya que el de la policía consideró 240 de un total de 241 hogares en todo el país, dando cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Hallazgos Específicos del Informe Policial
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, del área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total). El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Reacciones Políticas a la Revelación
El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio de 2019, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encontrara el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. Sin embargo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio”. El ministro aclaró que tuvo conocimiento de que se estaba realizando este estudio, pero para un proceso judicial del que el Ejecutivo no era parte.
Deficiencias Estructurales y Operacionales del Sistema
Falta de Protocolos Esenciales y Fiscalización Ineficiente
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename, nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”.
Esto último es especialmente relevante, ya que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. A pesar de que el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Salud Mental, Física y Personal No Calificado
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
Esta dramática situación se acrecienta por la falta de personal idóneo y condiciones adecuadas:
- 42 centros no tienen un encargado de salud.
- De entre los 198 centros que sí cuentan con uno, en 55 la función es ejercida por un técnico de un área distinta a la salud.
- En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”, siendo un educador un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado.
Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los NNA del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sugirió que ella estaba sobremedicada, recibiendo un fármaco (benzodiazepina) que en las dosis administradas actuaba como antipsicótico. Además, la menor estuvo “expuesta a antidepresivos por años”, a pesar de que algunos pueden tener un efecto adverso en niños, volviéndolos “más agresivos, impulsivos e irritables”. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que la “poca prolijidad” con la que se manipulan estos medicamentos en los centros es “generalizada”.
La situación es más grave si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”. Esto, sumado a la alta tasa de suicidio adolescente en Chile y la escasez de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil, crea un panorama desolador. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que crece hasta un 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
Un Problema Histórico y la Crisis Estadística
La Cadena de Informes y la Negligencia Sistemática
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. Destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres, cuyos brutales hallazgos dieron pie a dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, además del reporte de la ONU. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas que, según el diputado Saffirio, no se han cumplido.
El Caso de Guillermina y el Caos Estadístico
La muerte de Guillermina, de 16 años, en agosto de 2012, en el Centro de Protección Alborada del Sename, es un ejemplo de las fallas del sistema. Con historial de consumo de alcohol, drogas, depresión y un embarazo adolescente, Guillermina no fue llevada a un hospital ni recibió un chequeo completo al reingresar al centro, contrario a todo protocolo internacional. Menos de media hora después, la encontraron colgada. Su muerte quedó registrada como un "egreso" del sistema, un término que equipara el fin de la vida de un niño con su escape o reinserción familiar, evidenciando el “caos estadístico” y la falta de claridad respecto al número de menores vulnerables muertos bajo la tutela del Estado.
Según un informe del Ministerio de Justicia, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado. Un análisis de BBC Mundo a los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 de la lista de Justicia, darían un total de 395. Solange Huerta, exdirectora del Sename, señaló que “es posible que esté replicada la información”, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte sería contabilizada como egreso en todos ellos. El diputado Saffirio critica que el Estado “ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales”.
Una Perspectiva Histórica sobre la Infancia Vulnerable
La académica Ximena Illanes y el doctorante Miguel Morales han aportado una perspectiva histórica a la crisis del Sename, señalando que los menores vulnerados e institucionalizados son “verdaderos espejos de una sociedad y su historia”. Abordan el abandono de la infancia en diferentes épocas, como en la Barcelona del siglo XV, donde “las pequeñas cartas, ropas y abrigos, medallas partidas por la mitad y señales de identificación, reflejaron un doloroso proceso de separación”. En Chile, esta historia de dificultades para crear lazos afectivos, integración comunitaria y “registros [...] de maltratos y abusos” resuena con la realidad actual del Sename. Illanes y Morales recalcan que el concepto de abandono puede promover “la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema”.
Responsabilidad del Estado y Propuestas de Solución
La Responsabilidad Ineludible del Estado y Peticiones de Reparación
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU afirmó, en 2018, que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de NNA bajo su cuidado. Recomendó establecer mecanismos de reparación para las víctimas, priorizando su derecho a ser oídas, y desarrollar un plan de acción. La Defensoría de la Niñez, en su análisis, determinó que de las 878 muertes de NNA registradas al interior de la red Sename entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos investigados. En 2020, la Defensoría recomendó la “creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación”, petición que no recibió respuesta del Poder Ejecutivo de la época.
La prevalencia de muerte entre NNA que recibieron atención en la Red del Sename (0,94 por cada mil anualmente entre 2006 y 2014) es con creces más alta que entre los NNA en general en Chile (0,68 por cada mil). Aunque el Estado se hace cargo de muchos NNA con mayor riesgo de morir de una muerte no natural, la falta de interés de la sociedad y la posible negligencia, descuido y falta de debida diligencia son inaceptables. Las investigaciones en las causas de las muertes de los NNA fallecidos en la red del Sename deben abarcar las preguntas estructurales sobre por qué el Estado cumplió o no cumplió su deber de cuidado. La responsabilidad del Estado es la misma en todos los casos, incluso cuando delega funciones a proveedores privados, manteniendo el nivel de responsabilidad y exigiendo una fiscalización estricta.
Estrategias para un Nuevo Paradigma
Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Necesidad de unidades polivalentes con NNA adecuadamente medicados, personal dedicado y trabajo con las familias, no su aislamiento.
- Reunificación familiar como objetivo final: Los niños son internados por pobreza, y la solución es romper el círculo, entregando herramientas y acompañando a las familias. Existe una posible estigmatización de la pobreza, ya que no hay NNA del 50% de nivel económico más alto del país en el sistema, pese a que el abuso sexual y la violencia son transversales.
- Defensa jurídica adecuada: Que vele por el trabajo de todos los actores del proceso, a diferencia de la situación actual donde los NNA vulnerados a menudo son “un trámite burocrático”.
El Consejo para la Infancia planteó el objetivo a mediano plazo de cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio. Illanes y Morales sugieren que las estrategias futuras deben relacionarse con “la conservación de los vínculos existentes”, haciendo partícipes a sus familias o al personal que convive diariamente con los NNA. Concluyen que las instituciones deben ir más allá de la protección de derechos, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
Estudios Adicionales y Enfoques Específicos
La crisis del Sename ha sido abordada desde diversas disciplinas. Psicólogos y trabajadores sociales se han referido a la calidad de los programas, psiquiatras han analizado la carencia de lugares capacitados para tratar NNA con trastornos de personalidad, y economistas se han referido a la falta de recursos y poca eficiencia administrativa. Otras investigaciones relevantes incluyen:
- Estudios sobre el funcionamiento de los Centros de Internación en Régimen Cerrado y Semi Cerrado del Sename desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (2007), comparando las condiciones observadas con la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
- Informes y resúmenes ejecutivos del Diagnóstico Institucional de Género para el Servicio Nacional de Menores (2023).
- Estudios para favorecer la intervención con enfoque intercultural con adolescentes y jóvenes migrantes, extranjeros y refugiados ingresados al circuito LRPA del Sename.
- Estudios sobre la reincidencia de jóvenes que infringieron la ley RPA (2015, Cohortes 2009-2010).
- Discusiones y propuestas para un nuevo Chile: La participación de personas privadas de libertad en cabildos penitenciarios.
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