Contexto de la Crisis y la Tragedia de Lissette Villa
En Chile, la vulneración de los Derechos del Niño ha sido una preocupación constante, y el Servicio Nacional de Menores (Sename), la institución encargada de su atención, ha estado en el centro de esta problemática. La muerte de la pequeña Lissette Villa Poblete, ocurrida el 11 de abril de 2016 en el CREAD Galvarino en Santiago, conmovió profundamente al país. Este trágico suceso develó la cruda realidad de los niños y jóvenes cuyas vidas están bajo el cuidado del Estado en los centros del Sename, impulsando una serie de investigaciones y denuncias.
Investigaciones Clave y sus Hallazgos
El Lapidario Informe de la Policía de Investigaciones (PDI)
Una investigación solicitada por el fiscal con designación preferente para el caso Sename, Marcos Emilfork Konow, arrojó resultados alarmantes. El documento, basado en una indagación de la PDI en 2017 que abarcó 240 hogares de menores de los 241 existentes en el país (solo uno se negó a recibirlos), constató una violación grave y sistemática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).
Los detectives de la PDI visitaron 240 residencias, tanto las de administración directa del Sename como las gestionadas por instituciones privadas. El informe policial es categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
- En el 100% de los centros que administra el Sename se ha vulnerado gravemente, y de manera sistemática, los derechos de los NNA que han estado bajo la tutela del Estado.
- En el 88% de los centros gestionados por particulares también se constataron vulneraciones.
- Se registraron 2.071 hechos constitutivos de vulneración hacia los residentes, de los cuales:
- 432 corresponden a maltratos por parte de adultos, imputados a los mismos trabajadores encargados del cuidado.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- En el 50% del total de los centros indagados se registraron vulneraciones de índole sexual. Se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual, de ellos:
- 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares de organismos colaboradores, 21 en CREAD administrados por Sename y 10 en otros centros).
- 187 abusos sexuales fueron cometidos entre menores, la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo, por lo que los datos levantados corresponden casi exclusivamente a 2017.
Misión de Observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó una misión de observación en 171 centros de todas las regiones del país. Los objetivos de esta misión fueron:
- Evaluar las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos al interior de los centros.
- Evaluar las condiciones laborales de los funcionarios.
- Indagar sobre eventuales vulneraciones de derechos a NNA residentes.
Para ello, se entrevistó a directores de establecimientos, se encuestó a trabajadores y se entrevistó a 401 NNA residentes (de una población total de 2.688 NNA institucionalizados de 8 a 17 años, con un margen de error del 4,5% sobre esa población). Además, se realizó una descripción del estado de la infraestructura y equipamiento de los centros mediante una ficha de observación.
Es importante señalar que en Chile existen 250 centros, de los cuales solo 11 corresponden a Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) por parte del Sename; el resto (95,6%) es administrado por organizaciones colaboradoras acreditadas.
Otros Informes y Antecedentes
El informe de la PDI es el último eslabón de una cadena de reportes elaborados por diversas instituciones en los últimos siete años. Entre ellos, destaca el Informe Jeldres (investigación del Poder Judicial y UNICEF liderada por la jueza Mónica Jeldres), un reporte de la ONU, y otro de UNICEF que en su momento reveló que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces el reportado por el Ministerio de Justicia. Tras cada informe, las autoridades han anunciado medidas, sanciones y reformas.
Deficiencias Estructurales y Operacionales en los Centros
Control, confianza y educación: el día a día en los centros de menores
Condiciones de Vida y Cuidado
A pesar de que el informe del INDH señala que las necesidades básicas (disponibilidad de camas, acceso a baños, comedor y cocina) están generalmente satisfechas, la calidad de las instalaciones no es óptima. Se destaca la falta de adecuada calefacción, recreación, espacios comunes y condiciones para el resguardo de la identidad y privacidad de los NNA. Es preocupante que en un mismo dormitorio convivan adolescentes con niños y niñas de menor edad, o que no se les separe por sexo, con una prevalencia cercana al 20% de los casos.
Los centros presentan un 21% de sobrecupo, que puede llegar al 50% en un 12,5% de los casos y superar el 75% en el 3%. En materia de alimentación, es crítico que en un 1,6% de los establecimientos los NNA reciban solo entre 1 y 2 comidas diarias, lo que ocurre en el 3% de los centros que acogen a lactantes y preescolares. Un 16% de los niños y niñas entrevistados declaró pasar hambre en el establecimiento.
Respecto al trato, el 22% de los NNA considera que el personal a cargo de su cuidado no siempre les da un trato respetuoso y cariñoso. Además, el 34% declara haber sufrido trato discriminatorio (por género, apariencia física u otras características) por parte de los funcionarios.
Salud Física y Mental
El informe de la PDI establece que 1.358 residentes presentan algún grado de discapacidad y 659 corresponden a residentes que habitan en centros de protección para lactantes. La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: el 37,3% de los residentes. Un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, y el 13,9% sufre una enfermedad crónica. El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El 69% de los NNA de 14 o más años presenta sintomatología de cuadro depresivo. Es preocupante que el 45% de quienes presentan al menos uno de estos síntomas señala no haber podido acceder a un psicólogo o psiquiatra dentro o fuera del centro, y el 70% de los NNA con al menos un síntoma de depresión indica no encontrarse en tratamiento.
El psiquiatra Rodrigo Paz, que forma parte de la querella por la muerte de Lissette, asegura que a ella se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) en una cantidad que actúa como antipsicótico, además de haber estado "expuesta a antidepresivos por años". La "poca prolijidad" en la manipulación de estos medicamentos es "generalizada", con problemas graves de dosificación y falta de personal especializado.
La situación es crítica: 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 55 centros donde sí existe, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. En 159 centros (66,3%), la persona encargada de la administración de fármacos es un educador de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud. El 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Violencia Institucionalizada y Entre Pares
Ocho de cada diez NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo por parte de algún miembro del personal en los últimos 12 meses. Formas de castigo incluyen la privación de contacto con la familia (15% de los casos), ser dejado sin comida (7%), ser encerrado (7%), y ser "contenido físicamente" (12%). El 46% de los NNA reportó haber sido victimizado por maltrato psicológico por parte del personal, el 12% agredido físicamente de manera leve, y el 6% de manera grave (patadas o quemaduras de cigarro).
Respecto a la violencia entre pares, el 48% de los NNA entrevistados indicó haber sido objeto de maltrato físico y/o psicológico de manera reiterada. El 46% ha sido violentado psicológicamente y el 13% físicamente de forma reiterada. Es crítico que al menos un 19% de los centros no cuenten con protocolos para atender este tipo de situaciones.
Vínculo Familiar y Educación
El 40% de los centros estudiados impone algún tipo de restricción a los horarios de visita familiar, y el 30% no permite más de dos visitas a la semana. En el 57% de los casos, el centro se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, lo que potencia el desarraigo y la pérdida de identidad. El 16% de los centros utiliza el retraso al ingreso de visitas como sanción, y el 13% reporta suspender las visitas por mal comportamiento del NNA.
En cuanto a la educación, aunque el 93% de los niños y niñas entrevistados asiste a un establecimiento educacional, solo el 88% de los jóvenes entre 14 y 17 años lo hace, un 8% por debajo del promedio nacional. El 20% presenta retraso escolar y solo el 78% recibe apoyo en sus tareas. Además, solo el 77% de los centros declara "autorizar" a los padres a participar en las reuniones de apoderados.
La Problemática de la Fiscalización, Protocolos y Capacitación
Ausencia y Deficiencia de Protocolos
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Resultados alarmantes indican que el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". Esto es especialmente grave considerando que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Falta de Capacitación y Perfeccionamiento del Personal
Según el informe de la segunda comisión del Sename de la Cámara de Diputados, el presupuesto destinado a la capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios ha disminuido en un 399%. Testimonios recogidos por CIPER indican que las capacitaciones son muy escasas y poco aportan al trabajo real. Un educador de trato directo (ETD) en el Sename, con casi cinco años de servicio, ha recibido solo una capacitación insuficiente el año anterior. La falta de capacitación atenta contra la formación y desarrollo profesional y afecta directamente las competencias de los educadores, especialmente en temas relevantes como la inclusión de menores trans.
Los sueldos bajos y los sistemas de turnos "irracionales" terminan "reventando" a las educadoras. A septiembre del año pasado, había 1.275 educadores de trato directo contratados en todo el país.
Fiscalización Insuficiente y Cuestionamientos
Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, aunque los tribunales de familia deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales. La fiscalización técnica y financiera de las instituciones privadas colaboradoras del Sename (OCAS) es "insuficiente".
El diputado Ramón Farías explicó que al no existir presupuesto suficiente para el Sename, las fiscalizaciones disminuyen. Además, la forma de fiscalizar es superficial, limitándose a un "checklist" cuantitativo ("¿cuántos niños hay?, ¿cuántos extintores?, ¿cuántos camarotes?"). La eliminación del Programa de Fiscalización a Centros de Menores en el presupuesto agrava aún más la situación. Se denuncia que la supervisión financiera ayuda más a "ocultar las falencias que a encontrarlas", pues se licita por un monto máximo y no se especifica el uso detallado de los fondos.
Un funcionario del área de licitaciones del Sename explicó que los OCAS "guardan" los fondos por si se cierra el programa, desaprovechando recursos. Además, si un programa licitado para cien niños atiende solo a veinte, igual se paga por los cien. Esto es crítico, ya que el 70% de los fondos va para los colaboradores y el 30% a los centros administrados directamente por el Sename.
El Caos Estadístico y las Muertes bajo Tutela del Estado
Lo único claro respecto al número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe con exactitud. Un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, indicó 185 menores muertos entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de UNICEF reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado. El gobierno chileno aclaró que su cifra solo incluía a los menores del área "protección".
El sistema chileno se divide en "protección" (para menores vulnerados) e "infractores de ley". Un análisis de BBC Mundo a los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, sumado a la lista de Justicia, arroja un total de 395 fallecimientos, pero la cifra oficial no parece confiable. El diputado René Saffirio señaló que el Estado de Chile "ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Según el Servicio Médico Legal, las causas de muerte son variadas y sorprenden por su grado de violencia: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, un menor muerto por golpe en la cabeza por caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
La directora del Sename, Solange Huerta, cifró en 243 el número de menores fallecidos en los centros bajo la administración del organismo entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016 (210 en el sistema residencial y 33 en centros de Justicia Juvenil). De los 210 NNA en el sistema de protección residencial, 131 decesos estaban asociados a alguna enfermedad. Adicionalmente, 406 niños fallecieron mientras vivían con sus familias y eran atendidos en programas ambulatorios. También fallecieron 215 adultos con graves discapacidades en centros de protección al no existir otros organismos para ellos.
Casos Emblema: Lissette Villa y Guillermina
El Caso Lissette Villa Poblete
De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename, desde los 5 años, debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de ello, Lissette le escribía cartas a su madre pidiéndole volver a casa. Era conocida por sus episodios de rabia. El 11 de abril de 2016, pasadas las 20 horas, las cuidadoras pensaron que la crisis que vivía era otra de sus "pataletas".
Según el testimonio de una cuidadora, Lissette se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores o técnicos. Cuando se dieron cuenta de la gravedad, Lissette ya estaba muerta. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional", una explicación que le costó el puesto.
El Caso de Guillermina
En agosto de 2012, Guillermina, de 16 años, llegó "medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada. La joven, con historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, se resistió violentamente a su reingreso. Menos de media hora después de ser calmada, fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional, no fue llevada a un hospital para estabilizarla o realizar un chequeo completo. La querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia no prosperó, y su muerte quedó registrada como un "egreso" más del sistema. El abogado querellante, Oliver Pérez, asegura que Guillermina nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave a pesar de su historial.
Conclusiones y Recomendaciones de los Informes
Las conclusiones de los estudios son numerosas y de variado orden. Entre ellas, se destacan las siguientes recomendaciones:
- Toda prohibición de relación entre un familiar y el NNA bajo protección del Estado debe estar fundada en una resolución judicial, basada en el interés superior del menor.
- El Estado debe establecer criterios uniformes para las residencias en la regulación de visitas de familiares u otros adultos significativos, así como de las actividades y su supervisión.
- No se debe establecer como sanción la prohibición de visitas o comunicación con familiares, ya sea por mala conducta del residente o por atrasos de los familiares.
- Desarrollar medidas para preservar la identidad de los NNA residentes, como la existencia de un libro de vida para reconstruir su pasado y registrar su experiencia.
- Atender la estabilidad emocional de los cuidadores y profesionales para que puedan cumplir su función de sostén y contención.
- Promover el conocimiento y observancia de los protocolos existentes elaborados por Sename en materia de maltrato, y de la Ley N° 21.013 que sanciona el maltrato a NNA, adultos mayores y personas con discapacidad por quienes tienen un deber de cuidado.
- Generar condiciones que garanticen el derecho de los NNA a ser oídos y denunciar hechos de abuso sexual, y capacitar a los trabajadores para una escucha efectiva que identifique situaciones de riesgo o abusos consumados.
- Crear unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje también con las familias.
- El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias de origen, brindando herramientas y acompañamiento a los padres.
- Asegurar que los NNA cuenten con una defensa jurídica adecuada que vele por sus derechos.
En 2018, el Comité de los Derechos del Niño afirmó que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de NNA bajo su cuidado, recomendando mecanismos de reparación. En 2020, la Defensoría de la Niñez recomendó la creación de una "Comisión de Verdad, Justicia y Reparación" para establecer la claridad de los hechos, petición que no recibió respuesta del Poder Ejecutivo.
Reacciones Políticas y Perspectivas Futuras
El diputado René Saffirio acusó al ministro de Justicia Hernán Larraín y al Fiscal Nacional Jorge Abbott de ocultar la información del informe PDI, pidiendo la renuncia del ministro. A su juicio, es grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado.
La senadora Jacqueline Van Rysselberghe calificó la exposición de la directora del Sename como "decepcionante", lamentando la falta de un plan de acción concreto financiado. El senador Manuel José Ossandón argumentó que el Sename violentó los derechos humanos de los NNA al actuar como agente del Estado.
El senador Patricio Walker reiteró la necesidad de una "cirugía mayor" al Sename e instó al Ministerio de Salud a comprometerse con la atención urgente de los niños con enfermedades mentales o basales. Destacó que "las cifras entregadas por el Sename dan cuenta de una realidad dramática, dolorosa e inaceptable de muertes de niños", y que "no basta contar niños muertos, tenemos que buscar soluciones". Resaltó que la subvención basal para los niños en instituciones colaboradoras es de 215 mil pesos, mientras que por cada preso se invierten 600 mil pesos, evidenciando que "los niños no son prioridad".
Se ha planteado la necesidad de crear una nueva institucionalidad para restituir los derechos de los niños vulnerados. El Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, con la esperanza de dejarlo instalado antes de 2019. Sin embargo, "los niños no pueden esperar".
