La obtención de la certificación de discapacidad es un paso fundamental para acceder a diversos beneficios y apoyos. El proceso puede iniciarse a través del sitio web de la COMPIN, donde se puede solicitar la certificación durante todo el año.
Para ello, es necesario contar con un informe biomédico funcional. Este informe puede ser completado por un médico de la red pública o privada de salud, o por profesionales como un psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional o kinesiólogo. Es importante adjuntar todos los certificados, exámenes e informes médicos que acrediten los diagnósticos correspondientes.
Un requisito indispensable para iniciar el trámite es que la persona que solicita la certificación posea la ClaveÚnica. El padre o la madre, actuando en representación, deben ingresar su RUN y ClaveÚnica en el sitio web y hacer clic en “Continuar”. Al finalizar estos pasos, se habrá completado la solicitud para la certificación de discapacidad.
Contexto Nacional e Internacional sobre la Discapacidad
El pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Desde las Naciones Unidas, se subraya que la inclusión de la discapacidad es una condición esencial para el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. Además, es un pilar clave para cumplir con la promesa de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
A nivel nacional, el segundo estudio nacional de la discapacidad, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), arroja datos significativos. Del total de personas con discapacidad, un 11.7% presenta discapacidad leve a moderada (1.523.949 personas), mientras que un 8.3% tiene discapacidad severa (1.082.965 personas).
En cuanto a la participación en el mercado laboral, solo el 42.8% de las personas con discapacidad participa activamente, ya sea buscando empleo o trabajando. Desde la implementación de la Ley de Inclusión Laboral en abril de 2018 hasta febrero de 2021, se registraron solo 26.475 personas con discapacidad contratadas, lo que representa un 1.01% del total de personas en edad de trabajar.
Financiamiento de Pensiones de Invalidez y Seguros Asociados
El monto de la pensión de invalidez se financia a través de los recursos previsionales acumulados por el propio trabajador en su AFP, complementados por el aporte del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), siempre que se cumplan los requisitos para acceder a este seguro.
Dado que todas las personas trabajadoras enfrentan el riesgo de invalidez o fallecimiento, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas a contratar de manera conjunta un seguro que proteja a sus afiliados. Este seguro, denominado Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), tiene como objetivo complementar los fondos acumulados en la cuenta de la AFP para financiar una pensión de invalidez o sobrevivencia.
En el caso de las y los trabajadores dependientes, el SIS es financiado íntegramente por los empleadores durante toda la vida laboral activa, correspondiendo a un porcentaje de la remuneración imponible de cada trabajador. Para las personas trabajadoras independientes obligadas a cotizar, el pago se efectúa con las retenciones aplicadas a las boletas de honorarios.
Es importante destacar que las normas legales y reglamentarias del nuevo sistema de pensiones no contemplan incompatibilidad legal entre una pensión de invalidez, total o parcial, y un trabajo remunerado. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando las mujeres presentan una menor siniestralidad que los hombres y la prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia es uniforme para todas las personas afiliadas.
La Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) es un beneficio dirigido a personas entre 18 y 64 años. Por su parte, el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI) es un complemento monetario financiado por el Estado, destinado a personas entre 18 y 64 años que perciban una pensión de invalidez.
Resultados del Estudio de Discapacidad en la Región de Concepción
En Concepción, el 16 de mayo de 2023, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Hedson Díaz, resaltó la importancia de los resultados del estudio de discapacidad. Señaló que “los resultados que hoy conocemos son muy necesarios, estamos hablando de información relevante para generar políticas públicas en materia de discapacidad, por tanto, es de suma relevancia que tengamos esta información, que hace 7 años no teníamos”.
La Directora Regional de Discapacidad (S), Yennifer Morales, añadió que “la ENDISC III viene a darnos respuestas a 7 años de la última encuesta, la última encuesta de esta característica es del 2015, en esta versión nos entrega la cifra de que del 16.7% de la población presenta algún tipo de discapacidad a nivel país y 21.9% es en nuestra región. Podríamos decir entonces que como región nos encontramos por sobre la media del país en personas con alguna discapacidad, leve, moderada o severa”.
Prevalencia y Características de la Discapacidad en la Región
La distribución del porcentaje de discapacidad en la población adulta según sexo mantiene la tendencia nacional, observándose una mayor prevalencia de discapacidad en las mujeres en comparación con los hombres.
En cuanto a la educación, los indicadores muestran que la población adulta sin discapacidad tiene, en promedio, más años de escolaridad que la población adulta con discapacidad. El estudio también evidenció brechas significativas en la inclusión laboral: el 40% de la población adulta con discapacidad está ocupada, frente al 58.4% de la población sin discapacidad.
Respecto a la dependencia, el estudio identifica como persona en situación de dependencia a aquellas personas con discapacidad que, debido a su salud, requieren de la asistencia de otra persona para realizar algunas tareas o actividades en su vida diaria. Del total de personas adultas con discapacidad, el 45.5% se encuentra en situación de dependencia. Esta cifra se desglosa de la siguiente manera: el 35.1% de los adultos con discapacidad de entre 18 a 59 años está en situación de dependencia, mientras que en los adultos con discapacidad de 60 años y más, este porcentaje aumenta al 64.1%.
El estudio utiliza un marco conceptual, metodológico y estadístico validado internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud, lo que garantiza la fiabilidad de sus resultados.
¿QUE SON LAS POLITICAS PUBLICAS Y PARA QUE SIVEN?
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