La profunda crisis que ha afectado al Servicio Nacional de Menores (Sename) ha puesto en el centro del debate público la situación de la infancia en Chile y la constante vulneración de sus derechos. Esta institución, creada en 1979 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, fue concebida bajo la visión de la infancia como un "estado irregular", lo que se reflejaba en su dependencia administrativa del Ministerio de Justicia y un enfoque tutelar hacia los niños, niñas y adolescentes.
La crisis alcanzó un punto crítico con el fallecimiento de Lissette Villa, de 11 años, en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino en Santiago en abril de 2017. Este caso, ampliamente cubierto por la prensa, reveló una serie de irregularidades al interior del organismo.
Adicionalmente, el propio Servicio Nacional de Menores publicó cifras impactantes: entre 2005 y 2006, 210 niños(as) fallecieron en centros dependientes del organismo, una cifra que ascendía a 865 decesos en un periodo de 11 años.
Críticas al Modelo de Intervención del Sename
Viviana Soto, académica del Departamento de Educación, subraya que, como institución, el Sename "presta servicios entre cuyos objetivos destacan 'reinsertar y rehabilitar y reparar los derechos de los(as) niños(as) que han sido vulnerados'". Sin embargo, la creación y desarrollo del Sename ha replicado una visión del niño-objeto que recibe ayuda y asistencia del Estado, al cual hay que controlar y "reparar" como si fueran "utensilios", siendo que a los sujetos no se les repara.
Pese a los avances desde los años 90, como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, persisten formas de maltrato infantil que la sociedad chilena aún no ha podido reconocer plenamente. Una psicóloga jurídica y académica del Departamento, critica que "todavía tenemos un resabio de que los(as) niños(as) son personas inacabadas e insuficientes, como si fueran minusválidos(as)". En ocasiones, los(as) niños(as) se ven afectados(as) y triangulados(as) por los conflictos no resueltos de sus padres, como los divorcios con la consecuente disputa por la tutela y crianza de sus hijos(as), lo que constituye "otra forma de maltrato poco visible".
Propuestas de Reforma y el Nuevo Paradigma
Ante la magnitud de la crisis, el gobierno de Michelle Bachelet anunció diversas medidas para reformular la institución, incluyendo el aumento del presupuesto y la propuesta de separar el Sename en dos entidades distintas para entregarle mayores recursos. El 5 de octubre de 2017, la presidenta Michelle Bachelet anunció una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para resolver la profunda crisis que vivía el Sename.
Viviana Soto señala que el Estado, a través de sus políticas públicas, ha actuado de manera lenta y tardía, por lo que es perentorio anunciar y llevar a la práctica un nuevo trato con la infancia, con un paradigma totalmente distinto al que se ha desarrollado. Dimas Santibáñez, del Departamento de Antropología, opina que, si la iniciativa se concreta, traería consigo un cambio importante en términos institucionales, dejando atrás el concepto tan instalado hoy en día de la subvención. Este modelo "genera una serie de prácticas perversas, porque finalmente la asignación que el Estado realiza por cada niño(a) que Sename atiende es diferencial en función del tipo de problema que éste(a) posee".
Más allá de la separación del organismo, que "me parece una decisión correcta y en ese sentido adecuada", Santibáñez cree que es necesario repensar el conjunto de recursos estructurales para los distintos problemas que van a enfrentar las dos instituciones. Otro elemento a considerar en esta división institucional es si se continuará bajo una estructura centralizada o con políticas que se implementen a nivel local, en los territorios y en las comunas. "Tengo la impresión que esa discusión, es decir de cómo el Estado provee condiciones para que se desarrollen dispositivos de carácter local y que hagan el trabajo real, todavía falta por dar y avanzar".
Por otro lado, las personas que trabajan con niños(as) requieren de una formación en educación social. "No se ha discutido en Chile qué tipo de pedagogía se debiera ejercer para trabajar con estos niños y niñas vulnerados(as). Esto no implica que tengamos una pedagogía especial para ellos(as), porque eso también es sesgar, estamos hablando de una pedagogía que mire al sujeto, que sea consciente de él(ella) y lo(a) invite a construir desde sus necesidades", aclara Soto.
Hoy, pese a los avances vividos por la sociedad chilena en relación a la infancia, persiste una serie de situaciones que reflejan el maltrato hacia la niñez, cayendo en una "lógica de patrón de fundo, de un Estado tutelar o de ‘padre omnipotente’ que todo lo sabe, discriminando a los(as) niños(as)". Se ha tendido a separar las infancias, la infractora de ley de aquella que ha sufrido maltrato. No obstante, ambas "son parte de la infancia y son responsabilidad nuestra como sociedad".
El Proceso Legislativo y la Creación de Nuevos Servicios
La sala del Senado aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Mixta, que resolvió las discrepancias surgidas en la tramitación de dos importantes proyectos de ley. Uno de ellos es la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que está más cerca de convertirse en ley. Este nuevo servicio estará a cargo del proceso de reinserción de los adolescentes que infringieron la ley.
El otro proyecto clave es el que crea el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que remplazará al actual Sename en sus funciones de protección. El objetivo de esta entidad es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes amenazados o vulnerados en sus derechos, a través de un diagnóstico especializado. Plantea que se deben restituir sus derechos y reparar el daño producido.
Para lograr una efectiva intervención se vuelve necesario desarrollar un buen diagnóstico e intervención personalizada, cuyos antecedentes e información sean de acceso integrado en todos los niveles: salud, educación, comunidad, redes, entre otros. Al respecto, la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N°20.084) señala que "La sanción no es la intervención" y "los(as) niños(as) son responsables, penalmente, pero no van a ir al sistema penal adulto, sino que tendrán un sistema penal especial".
La aplicación de este último proyecto está sujeta a la aprobación y publicación de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, una iniciativa que fue ingresada en 2015 y que, al momento, "duerme en segundo trámite". Esta condición fue propuesta por la oposición en la comisión mixta, en medio de las críticas de diputados oficialistas. El UDI Juan Antonio Coloma, hizo reserva de constitucionalidad, lo que implica que la iniciativa, una vez despachada por el Senado, tendrá que pasar por el Tribunal Constitucional. Para el parlamentario gremialista, esa indicación es inadmisible, pero fundamental, ya que el Gobierno ha buscado desligarse de esa iniciativa en particular. Sin embargo, este punto no fue tocado ni modificado en la comisión mixta, porque, según los diputados de la instancia, es precisamente necesario que se modifique mediante la ley de garantías.
