Contexto actual y gestión institucional
En la visita del director regional del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Magallanes, Mario Miranda, junto con dar la bienvenida al nuevo director, se dio cuenta del trabajo que se ha realizado desde la pandemia. Cabe señalar que el Sename ha seguido funcionando sin pausa desde el inicio de la emergencia sanitaria, logrando mantener un alto estándar en el cumplimiento de las disposiciones entregadas por la autoridad sanitaria. “Es muy importante continuar el buen trabajo que han realizado los funcionarios, en especial en materia de salud mental, manteniendo el espíritu en alto considerando que los centros del Sename desde marzo se han mantenido en cuarentena, sin visitas ni beneficios”, señaló Miranda.
Por su parte, el nuevo director del centro, Daniel Cerna, afirmó que “en términos profesionales este es un gran desafío; la pandemia sin duda es un tema que nos ha afectado a todos, y el adaptarnos a esta situación junto a todas las instituciones que intervienen en el proceso de reinserción es clave”. En tanto, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Fabián Mella, destacó que “en este tiempo de crisis sanitaria, el trabajo de los funcionarios y funcionarias ha sido a toda prueba. A pesar de las graves circunstancias que hemos vivido en nuestra región y el país, los trabajadores han estado al pie del cañón y constatando importantes avances, por ejemplo, en materia de reinserción social y también de equipamiento”.
Problemáticas de infraestructura y personal
La presidenta local de Antrase, Yenni Millacura, expuso que presentaron un petitorio con puntos específicos, entre ellos la ampliación del centro privado de libertad en Río de los Ciervos, la cual ha sido postergada reiteradamente. “La ampliación del centro es una necesidad que tienen desde 2007 y que de todos los proyectos de crecimiento que se han presentado, ninguno se ha concretado”, afirmó. Asimismo, denunció la falta de personal, específicamente educadores de trato directo, y criticó la infraestructura actual: “El único trabajo de remodelación fue una improvisación para tener otros espacios, que no tienen las características básicas de habitabilidad. Hoy en día, los educadores hacen actividades deportivas para los jóvenes y no tienen ducha”.
Realidad de los jóvenes infractores y vulneración de derechos
Existen graves denuncias sobre el tratamiento de adolescentes en centros como el de Antofagasta, especialmente aquellos vinculados a las protestas del estallido social. Muchos de estos jóvenes han enfrentado situaciones de violencia, sobremedicación psiquiátrica e intentos autolíticos. Un caso representativo es el de “J”, quien desde los 11 años ha vivido en un entorno de vulnerabilidad extrema sin recibir una respuesta integral del Estado. Durante su internación, los informes internos advirtieron sobre riesgos suicidas que no fueron abordados a tiempo, además de reportarse agresiones sexuales y físicas por parte de otros internos.
| Situación | Descripción |
|---|---|
| Salud Mental | Uso recurrente de psicofármacos sin supervisión especializada constante. |
| Seguridad | Denuncias de golpizas, abusos sexuales y hostigamiento entre pares. |
| Infraestructura | Dormitorios reducidos, falta de higiene y espacios de rehabilitación precarios. |
Marco normativo y justicia juvenil
El sistema de justicia juvenil debe regirse por instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing. Estos principios establecen que la privación de libertad debe ser el último recurso y por el plazo más breve posible. Sin embargo, la brecha entre la normativa y la realidad operativa persiste. La Comisión de Expertos ha señalado históricamente la falta de una política integral de infancia, advirtiendo que, en muchos casos, los niños se desplazan de ser víctimas de vulneración en el Ministerio de Desarrollo Social a ser tratados como victimarios en el Ministerio de Justicia.
¿Qué entendemos hoy por “Responsabilidad Penal Adolescente”? | Adipados E#65
Análisis de la carga del sistema
No existe una información consensuada ni homogénea acerca de la carga de trabajo potencial del sistema. Esto implica discrepancias relevantes respecto a los ingresos y causales. En el caso de las sanciones que se ejecutan en el sistema cerrado y semicerrado, la ley impone su asociación a programas socioeducativos, cuyo éxito se ve fuertemente condicionado por la situación estructural existente. La falta de capacitación especializada en adolescencia para los operadores del sistema sigue siendo una preocupación central para las instituciones colaboradoras y organismos de derechos humanos.