Las Comisiones Médicas, establecidas por el D.L. N° 3.500 de 1980, son las entidades encargadas de determinar la condición de invalidez de aquellas personas que, sin cumplir los requisitos de edad para obtener pensión de vejez, y como consecuencia de una enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo. Estas comisiones existen en cada región del país y hay una Comisión Médica Central.
Para efectuar la calificación del grado de invalidez, las Comisiones Médicas se rigen por las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional, las cuales proporcionan un marco objetivo para la ponderación de cada caso y sustentan el dictamen respectivo.
Categorías de Invalidez y Financiamiento del SIS
La invalidez, según la normativa, se califica en dos categorías principales:
- Invalidez Total: Se aplica cuando la pérdida de la capacidad laboral es superior a dos tercios, cubriendo un 70% del ingreso base, calculado sobre el promedio de la renta obtenida por el solicitante durante sus últimos 10 años laborales.
- Invalidez Parcial: Se determina cuando la pérdida es más del 50%, pero no alcanza los dos tercios. Esta categoría otorga un 50% del ingreso base y el beneficio se revisa a los tres años.
El sistema se financia a través del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), el cual es contratado conjuntamente por las seis administradoras de fondos de pensiones (AFP) del país. Este seguro cubre a los trabajadores que sufren un accidente o una enfermedad invalidante y se financia con el 1,53% de la renta imponible del trabajador, con cargo al empleador.
Denuncias y Obstáculos en el Proceso de Calificación
A pesar del marco normativo, el sistema ha enfrentado críticas y denuncias sobre su funcionamiento. La Fundación Valídame, una ONG compuesta por profesionales afectados por la denegación de sus pensiones de invalidez, ha presentado una quincena de casos representativos a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Esta comisión "pesquisa los actos del Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Pensiones (SP) en relación a la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia".
La creación de esta comisión surgió tras una denuncia publicada por The Clinic en septiembre del año pasado, que recogió el testimonio de Alejandra Vidal, una ex funcionaria de AFP Provida. Vidal detalló las presiones e incentivos que recibió de la gerencia entre 2008 y 2009 para obstaculizar la entrega de estas pensiones.
Según los testimonios recopilados por Valídame, las AFP continúan utilizando mecanismos similares a los denunciados por Vidal, tales como:
- Obstaculización administrativa.
- Pérdida de documentación.
- Dilación del proceso.
- Revisión negligente de expedientes médicos.
- Solicitud de exámenes irrelevantes.
- Maltrato hacia el afiliado.
El Caso de Paola González: Un Ejemplo de las Falencias
El caso de Paola González, una matrona de 40 años con artrosis severa en la rodilla, ilustra las dificultades que enfrentan los solicitantes. Tras múltiples operaciones y un diagnóstico de "escaso margen de recuperación", Paola quedó impedida para trabajar. Confiada en su diagnóstico y conocedora de la normativa, solicitó una pensión por invalidez a su AFP, Habitat, pero le fue negada.
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Experiencia ante la Comisión Médica Regional
El 20 de diciembre de 2017, Paola González se presentó ante la Comisión Médica Regional de Talca. En su primer encuentro, los médicos le explicaron que seguirían el protocolo, pero le dieron altas probabilidades de aceptación. Sin embargo, González comenzó a sospechar de Habitat, ya que la AFP no había adjuntado los antecedentes médicos que ella había presentado. A pesar de que no es obligatorio para las AFP presentar estos documentos, la Superintendencia de Pensiones lo sugiere.
González, preparada, llevó dos copias de su historial médico y obtuvo las firmas de la comisión para certificar su traspaso. Posteriormente, fue derivada a un médico asesor y a una interconsulta para evaluar sus problemas de rodilla.
Obstaculización por Médicos Asesores
Lo que Paola esperaba que fuera una asesoría se convirtió en una serie de obstáculos. Con la ayuda de un andador ortopédico, acudió a la cita con su médico asesora. Cuando la doctora se enteró de que Paola era matrona, le preguntó: “¿por qué no tiras currículum en el hospital regional?”. González, indignada, le respondió: “Doctora ¿en serio cree que soy capaz de correr por los pasillos con una emergencia obstétrica? ¿usted se atendería conmigo?”. Para ella, la actitud de la médica era "inaceptable".
En la consulta intermédica con el doctor Fernando Zuleta, sus antecedentes médicos nuevamente no se encontraban en la ficha. A pesar de que ella los había llevado, el médico se negó a revisarlos, insistiendo en solicitar una radiografía. Como experta en salud, Paola sabía que sus problemas radicaban en los tejidos blandos y no se reflejarían en una radiografía. Sus insistencias fueron en vano.
Rechazo de Solicitud y Omisiones en el Expediente
En marzo de 2018, la comisión médica rechazó su solicitud de invalidez, argumentando dos razones: la necesidad de esperar un año para evaluar una posible recuperación tras una cuarta cirugía y que las radiografías no mostraban impedimento laboral.
Al intentar obtener su expediente médico, González enfrentó nuevas dificultades. Después de muchas gestiones, el presidente coordinador de la Comisión Médica Regional de Talca, el doctor Hernán Valdivieso, le gritó y le dijo que estaba perdiendo el tiempo. Finalmente, al conseguir el expediente, Paola descubrió omisiones significativas. Faltaban al menos once códigos del sistema CIE-10 (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud) con patologías que sus exámenes respaldaban.
El informe solo consignaba los códigos CIE-10 S83 (luxación, esguince y torcedura de las articulaciones y ligamentos de la rodilla) y CIE-10 S92 (fractura del pie, exceptuando el tobillo). Paola alegó que esta descripción reducida presentaba los eventos como un "hecho aislado, producto de un efecto adverso, potencialmente recuperable". Según ella, faltaban códigos cruciales como S83.1 (luxación de rodilla), S83.2 (desgarro de meniscos), S83.7 (traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla) y S92.2 (fractura de otros huesos del tarso). Además, no se tipificaron patologías como gonartrosis en la rodilla, inestabilidad crónica, trastorno del menisco debido a rotura, trastorno de la rótula, luxación recidivante y subluxación recidivante, todas ellas indicativas de una invalidez más severa.
Paola González expresó su frustración y la "diferencia de poder muy grande entre los afiliados, las AFP y las aseguradoras", señalando que muchos afiliados humildes desconocen el sistema. Comentó que, aunque a ella la trataron mejor por ser matrona, su solicitud fue igualmente rechazada.
Capacidad del Sistema y Declaraciones de Autoridades
Desde 2004, las solicitudes de pensión por invalidez aumentaron drásticamente, pasando de 19.901 a 57.941 en 2017. Este volumen ha superado la capacidad de los entes encargados de procesarlas. La Comisión investigadora de la Cámara detectó, por ejemplo, una sesión en la Comisión Médica Regional de Biobío donde se revisaron 97 expedientes en 1 hora y media, lo que equivale a menos de un minuto por solicitud.
En Chile, existen 185 médicos evaluadores, 47 médicos asesores, 527 médicos interconsultores inscritos, 74 peritos sociolaborales y 57 psicólogos para atender casi 60 mil casos anuales.
Adriana Montenegro, presidenta coordinadora de la Comisión Médica Central, reconoció esta deficiencia ante los diputados. Comentó que, por lo general, en una sesión de dos horas y media, atienden un promedio de 20 casos. Además, añadió que es común encontrar afiliados que no contaron con un médico asesor, situación que los deja en condiciones desfavorables, ya que las aseguradoras siempre disponen de un profesional observador.
Posición del Ministerio y la Superintendencia de Pensiones
El ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, declararon ante la Comisión investigadora de la Cámara que, posterior a la reforma de 2008, no han detectado prácticas ni incentivos por parte de las AFP para reducir arbitrariamente la tasa de pensionados por invalidez.
Macías explicó que antes de la reforma de 2008, cada administradora contrataba un seguro colectivo financiado con la misma comisión de las AFP, lo que generaba incentivos para "controlar su siniestralidad" y, por ende, reducir pagos y aumentar utilidades. Se sancionó a Cuprum (2006), Provida (2007) y Capital (2010) por situaciones ocurridas antes de 2008.
Posterior a la reforma de 2008, las AFP deben licitar y firmar contratos de forma colectiva con compañías de seguros de vida solventes. El seguro ahora tiene una prima fija y se financia con cargo a los empleadores. Además, las AFP entregan la licitación a más de una compañía con contratos estandarizados. Para el Ministerio y la Superintendencia de Pensiones, estos cambios eliminaron el incentivo para el control de siniestralidad.
Persistencia de Dudas y Tasas de Aprobación
A pesar de las reformas, la tasa anual entre pensiones otorgadas y solicitudes ha disminuido. En 2004, la tasa era de aproximadamente el 60%, mientras que hoy se estabiliza en torno al 50%. Esto indica que actualmente es más difícil obtener una pensión de invalidez que al inicio del sistema.
Existen casos acreditados, posteriores a 2008, que generan dudas sobre la efectividad de las reformas. En 2016, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de protección interpuesto por Eduardo Carrasco Aránguiz, lo que llevó a la justicia a reabrir su caso y concluir que hubo una omisión arbitraria e ilegal de antecedentes médicos por parte de la Comisión Médica Central.
El intendente de Fiscalización de la Superintendencia, Jorge Mastrangelo, informó que se realizaron fiscalizaciones en terreno a todas las AFP y el único conflicto detectado fue que las administradoras solicitaban un certificado médico al iniciar la solicitud, lo cual está fuera de norma. Anunciaron que reforzarán la instrucción de acoger los trámites sin requerir antecedentes adicionales.
Paola González, como muchos otros, desconfía de las autoridades, sintiendo que "viven en un mundo paralelo" donde todo está fiscalizado y funciona bien, lo cual no coincide con la realidad de los afiliados.
En el seno de la Comisión de la Cámara, persisten dudas sobre el sistema, especialmente en cuanto a los vínculos entre las administradoras de fondos y las compañías de seguros que participan en las licitaciones.
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