Explotación de adolescentes en España: Un problema sistémico y tabú

El sistema de tutelas de menores en España enfrenta serios problemas, evidenciados por casos recientes de explotación de adolescentes procedentes de centros de acogida. Estos incidentes han encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de estos menores y las deficiencias estructurales del sistema de protección.

La problemática de la explotación sexual de menores tutelados

Casos recientes y la recurrencia del problema

El reciente arresto de una red de 37 personas en Madrid, que utilizaba a una decena de menores de centros de acogida para la venta de drogas y explotación sexual, no es un caso aislado. Expertos señalan que situaciones similares que involucran a un alto número de niñas se han registrado en Mallorca, Canarias y Valencia en los últimos años.

Mapa de España con los puntos donde se han detectado casos de explotación de menores tutelados (Madrid, Mallorca, Canarias, Valencia)

Falta de recursos y voluntad política

Diversos expertos denuncian la falta de recursos y de voluntad política para proteger a estas menores, a la vez que critican que el sistema de acogida presenta problemas largamente desoídos.

Un informe de UNICEF de 2017 ya alertaba sobre casos de explotación sexual en centros de acogida de siete de las nueve comunidades autónomas analizadas, indicando que "en algunos casos podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos, que además les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro".

Desinversión y el modelo de "macrocentros"

Cristina Junqueras, responsable de políticas de Infancia de UNICEF, explica que, aunque ha habido avances legislativos como la Ley Orgánica de protección jurídica del menor de 2015, esta no fue acompañada de una dotación presupuestaria, lo que ha llevado al sistema a funcionar por inercia. La falta de financiación y recursos evidencia que la protección a la infancia no ha sido una prioridad política.

En algunas comunidades autónomas, como Madrid, se habla de una desinversión de recursos. Miguel Ángel Martín, exdirector de centros de atención a la infancia en la capital, denuncia la destrucción de servicios clave como los educadores de calle o los programas de vida independiente, que ofrecían alternativas a jóvenes que rechazaban la institucionalización.

Martín señala que en las últimas dos décadas se han potenciado los "macrocentros tardo-franquistas", con un alto número de niños tutelados (algunos hasta 70 o 90 plazas), donde la intervención individualizada es "prácticamente imposible". Esta situación ha provocado un "retroceso brutal" y una "situación de abandono" en la última década.

El sistema de acogida en España: Cifras y vulnerabilidades

Descentralización y opacidad de datos

La situación no es homogénea debido a la descentralización de competencias en las comunidades autónomas, lo que genera modelos y recursos variados. Esta descentralización dificulta la recopilación y análisis de datos globales, haciendo "titánica" la tarea de conocer la realidad y las carencias de los menores tutelados en las diferentes regiones.

Menores tutelados y el modelo institucional

En España, se estima que hay unos 50.000 menores tutelados, de los cuales el 55% están institucionalizados en centros, frente al 45% que vive en acogimientos familiares. La acogida familiar debería ser prioritaria según las leyes y recomendaciones internacionales, pero España está lejos de alcanzar este objetivo y es uno de los países europeos con más niños y adolescentes en centros de acogida.

La gran cantidad de menores en estos centros, muchos de ellos superando las plazas recomendadas, dificulta el seguimiento individualizado y la prevención de riesgos de violencia. Además, estos centros suelen ser de régimen abierto, permitiendo a adolescentes mayores de 12 o 13 años entrar y salir sin supervisión, lo que los convierte en un "polvorín" y "cantera para mafias relacionadas con la droga y la prostitución".

Infografía comparativa de acogimiento familiar vs. acogimiento en centros en España y otros países europeos

Vulnerabilidad de las menores y métodos de captación de las mafias

Noemí Pereda, directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, afirma que la explotación sexual de menores tuteladas es una realidad. Explica que estos niños y niñas en centros residenciales de protección suelen haber experimentado malos tratos y violencias graves en sus familias, incluyendo abusos sexuales previos. Esto los convierte en niños "altamente vulnerables" que necesitan un vínculo seguro con un adulto, algo que el sistema de protección en centros no puede ofrecer.

Las menores que ingresan en los centros, ya dañadas emocionalmente, son conocidas por las mafias que explotan sus necesidades de pertenencia. Aunque a veces ofrecen recompensas materiales como móviles, lo más importante para las mafias es el vínculo emocional.

En Mallorca, por ejemplo, los explotadores sexuales se hacían llamar "papis", los clientes "tíos" y las niñas explotadas "hermanas", simulando un modelo familiar que estas niñas anhelan. Pereda subraya la perversidad y el conocimiento de estas mafias para captar a las menores.

Cuando una niña de un centro es captada, suele arrastrar a otras, creando una red. Por ello, Pereda insiste en que las niñas víctimas de abusos o explotación sexual deben estar en centros especializados, los cuales son escasos.

Soluciones y desafíos

Necesidad de centros especializados y compromiso estatal

Rocío Mora, directora de APRAM (asociación con uno de los pocos centros especializados en abusos sexuales a menores en Madrid), defiende la necesidad de centros especializados con profesionales formados que conozcan los indicadores de violencia sexual y realicen un seguimiento individualizado de las menores, controlando sus salidas. Mora enfatiza que no se podrá avanzar sin un compromiso estatal de lucha contra la trata y la explotación sexual, exigiendo una ley al respecto. Anualmente, APRAM rescata a unas 1.600 mujeres de redes de prostitución, casi el 60% de las cuales fueron explotadas desde niñas.

Opacidad política y encubrimiento

La noticia de las niñas explotadas en Mallorca generó una tormenta política, desviando el foco del interés superior de las menores. Pereda asegura que Mallorca fue la primera región en afrontar el tema de frente, creando una comisión de investigación que está transformando el sistema de acogida de la isla. Sin embargo, advierte sobre la opacidad y falta de información casi total en otras comunidades.

Según Pereda, este es un "tema tabú" que las comunidades intentan "tapar a toda costa", lo que impide la asignación de recursos necesarios para la prevención. Un ejemplo de este oscurantismo ocurrió en la Comunidad de Madrid, que inicialmente desmintió que las menores explotadas estuvieran tuteladas, para luego reconocer que varias sí residían en centros.

La devolución de estas menores a los mismos centros que las desprotegieron, los cuales, según expertos, carecen de medios y conocimientos para tratar las secuelas de la violencia, agrava la situación.

El modelo de acogimiento familiar como prioridad

Los expertos coinciden en que los niños deben crecer en familia, no en instituciones. España tiene un bajo índice de acogimiento familiar, en parte por un problema cultural de "familias cerradas". Pereda sugiere mirar a países nórdicos, donde existen familias profesionales remuneradas para el acogimiento, que reciben apoyo y orientación.

Es "imprescindible" exigir recursos específicos y abrir el debate. "No es una vergüenza que surjan casos en una región. La vergüenza es taparlo y no poner soluciones", concluye Pereda.

Sugar dating: Nueva modalidad de explotación

La "dulce" fachada del sugar dating

El "sugar dating" emerge como una nueva forma de relación que a menudo enmascara la explotación. España es el quinto país en número de personas registradas en plataformas de sugar dating, con más de 400.000, de las cuales el 63% son mujeres jóvenes universitarias.

Aunque inicialmente dirigido a mayores de 18 años, su accesibilidad a través de redes sociales, webs y apps facilita el acceso a menores. Las agencias lo promueven como una oportunidad para obtener lujos a cambio de "compañía, afecto, conversación, intimidad... y en muchos casos también sexo", presentándolo como un "intercambio" que minimiza la percepción de explotación por parte de las adolescentes.

Desequilibrio de poder y riesgos

No obstante, el sugar dating no es un intercambio equitativo. Existe un gran desequilibrio de poder entre el adulto (mayor edad, experiencia, recursos económicos, redes de contacto) y la joven (inexperiencia, precariedad económica).

Los riesgos asociados incluyen explotación sexual, ciberacoso, sextorsión, manipulación, coacción, exposición pública de imágenes íntimas, estafas económicas y violencia física, psíquica o sexual. Si involucra a menores, puede constituir un delito, al igual que ciertas situaciones de explotación sexual, acoso, chantaje o divulgación de datos íntimos, incluso con mayores de 18 años.

Detección y prevención en el ámbito familiar

El secretismo y el uso de códigos en la conversación son indicios de que un adolescente podría estar involucrado en sugar dating. Es fundamental que las familias mantengan una buena comunicación y proporcionen información sobre los riesgos de estas prácticas, sin normalizar actividades de riesgo ni reaccionar con castigos severos, para fomentar la confianza y la búsqueda de ayuda en caso de necesidad.

Victimización sexual por adolescentes: Un aspecto menos visible

Prevalencia y características de los agresores adolescentes

Aunque se asume que los actos de violencia sexual son cometidos por adultos, un porcentaje considerable es perpetrado por adolescentes. Las estimaciones varían entre el 9% y el 66% de los casos. Los adolescentes agresores son mayoritariamente varones, en el inicio de la pubertad (13-14 años), que dirigen su comportamiento abusivo a otros niños y niñas, la mayoría prepúberes.

En el caso de víctimas masculinas, estas suelen ser mucho más jóvenes que los agresores. Para las víctimas femeninas, las diferencias de edad no son tan significativas. Se observa un predominio de víctimas conocidas y de sexo femenino.

Los métodos de acceso a las víctimas varían, siendo familiares en el 62.9% de los casos analizados en una muestra canadiense. En víctimas extrafamiliares, el acceso se producía en el barrio, en situaciones donde el adolescente ejercía funciones de cuidador, en casas de amigos o en parques.

Comportamientos sexuales abusivos y el marco legal

Es un reto diferenciar las conductas sexuales interactivas exploratorias, abusivas y consentidas, especialmente en adolescentes. El Código Penal español protege la indemnidad sexual de los menores de 16 años, criminalizando cualquier interacción sexual si uno de los involucrados tiene 14 años o más y el otro menos de 16.

Sin embargo, el artículo 183 bis prevé la exclusión de responsabilidad penal por delitos de agresión sexual a menores de 16 años si hay consentimiento libre de la víctima y el autor es una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo. Esta exclusión no aplica si hay violencia, intimidación, abuso de superioridad, vulnerabilidad, privación de sentido o anulación de la voluntad de la víctima.

Factores de riesgo en adolescentes agresores

Los estudios criminológicos resaltan la importancia de los intereses sexuales atípicos (fantasías con niños prepúberes o prácticas sexuales coercitivas) como factor de riesgo clave en los adolescentes que abusan sexualmente de niños y niñas prepúberes. Este factor es más relevante que otros relacionados con la delincuencia general, que predominan en adolescentes con víctimas de su misma edad o adultas.

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